Cuando el 9 de agosto de 2005, el Panel de 3
jueces de la Corte de Apelaciones de Atlanta,
determinó unánimemente revocar las condenas y
ordenar un nuevo juicio para los Cinco
Antiterroristas cubanos presos en cárceles de
Estados Unidos, al considerar que Miami no era
una sede aceptable para juzgarlos, parecía que
al fin el sistema judicial norteamericano haría
justicia en este largo proceso lleno de
arbitrariedades y manipulación.
Un
año después el Pleno de la Corte, en inédito
veredicto en la historia judicial norteamericana,
falló en contra del dictamen de sus tres jueces,
validó el juicio celebrado en Miami y remitió de
nuevo el caso al Panel para considerar el resto
de los asuntos impugnados por la defensa.
Luego de 22 meses de espera, el pasado 4 de
junio, el Panel de tres jueces, rechazó casi
todos los argumentos de apelación alegando que
los mismos "carecían de mérito" y ratificó los
veredictos de culpabilidad de los Cinco
antiterroristas cubanos y dos sentencias, las de
René González (15 años) y Gerardo Hernández (dos
cadenas perpetuas, más 15 años).
Asimismo, anuló tres de las sentencias: Ramón
Labañino (cadena perpetua más 18 años), Antonio
Guerrero (cadena perpetua más 10 años) y
Fernando González (19 años) enviándolas a la
Corte de Miami para que sean revisadas por la
misma jueza, Joan Lenard, que impuso las
desmesuradas penas que ahora la Corte superior
declara contrarias a la ley. Al indicar errores
en las sentencias del cargo de "conspiración
para cometer espionaje" los jueces reconocieron,
después de 10 años, lo que el propio Gobierno al
inicio del proceso había reconocido a través de
su Secretaría de Defensa: que no había nada en
la información obtenida por los Cinco que
tuviera carácter secreto ni afectara la
seguridad nacional de Estados Unidos.
La
decisión 2-1 de ratificar la condena a Gerardo
Hernández por el cargo de "conspiración para
cometer asesinato" ignora lo confesado por la
Fiscalía durante el juicio y ante la Corte de
Apelaciones al admitir que no había podido
demostrar ese cargo y que "a la luz de las
pruebas presentadas" ello constituía un "obstáculo
insuperable" que debería conducir al fracaso de
la acusación. La jueza Kravitch en opinión
discrepante se opuso en el Panel a la
ratificación de este cargo considerando que el
Gobierno no había presentado evidencia alguna
para fundar su acusación.
La
decisión de 99 páginas fue redactada, por el
juez, William Pryor, designado por la Corte para
formar parte del Panel en el 2007, quien con un
lenguaje plagado de prejuicios anti-cubanos
favorece explícitamente la posición del Gobierno
e incluso cambia hechos mencionados por ese
mismo Panel en su decisión anterior a favor de
los acusados y manipula otros que forman parte
del expediente del caso.
El
nombramiento de Pryor como Juez Federal por el
Presidente Bush fue altamente controversial por
sus posiciones de ultraderecha y generó
denuncias en importantes círculos políticos y de
la opinión pública norteamericana, que afirmaron
que sus criterios legales extremos y equivocados
harían que el nivel federal de justicia tuviera
menos habilidad para proteger los derechos
constitucionales. Este juez, fue confirmado en
el cargo por el Senado con el voto en contra de
45 legisladores, mediante un arreglo negociado
por el hoy candidato presidencial republicano,
John McCain.
Llama la atención que esta decisión se da a
conocer en el contexto del actual proceso
eleccionario norteamericano, y en momentos en
que el gobierno de Estados Unidos intensifica
sus maniobras para dar permanente protección,
negándose a extraditarlo a Venezuela, al
connotado y confeso terrorista Luis Posada
Carriles, fugado de una cárcel venezolana,
cuando era juzgado por la destrucción en pleno
vuelo de un avión civil cubano con 73 personas a
bordo, violando así convenios internacionales
contra el terrorismo.
Nuestros Cinco patriotas próximos a cumplir 10
largos años de injusto y cruel encarcelamiento,
sometidos a inhumanos castigos, privados de las
visitas regulares de sus familiares, y dos de
ellos sin ninguna visita de sus esposas, sólo
guardan prisión por ser cubanos que luchaban
contra los grupos terroristas asentados en el
sur de la Florida con la protección de las
autoridades norteamericanas.
La
Asamblea Nacional del Poder Popular, haciendo
suya la justa indignación de todo el pueblo
cubano y de los familiares de nuestros Cinco
compañeros, condena esta absurda decisión y la
continua manipulación de que es objeto este
arbitrario proceso. En ese sentido saluda y
respalda la Declaración y los acuerdos adoptados
en el Encuentro Parlamentario
Latinoamericano-caribeño realizado en Panamá el
7 y 8 de julio de 2008 y llama a los parlamentos
de todo el mundo a sumarse a esta iniciativa y a
emprender otras acciones hasta alcanzar la
liberación de nuestros Cinco compatriotas.
Asamblea Nacional del Poder Popular de la
República de Cuba
La Habana, julio 11 de 2008 "AÑO 50 DE LA
REVOLUCIóN