Introducción

La publicación del Informe de la llamada “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre”, anunciada para el presente año, había sido dilatada desde el pasado 20 de mayo, fecha en que originalmente se previó su entrega a Bush.

Finalmente, el 10 de julio, se dio a conocer de forma oficial el Informe mediante una breve declaración escrita del presidente Bush y su presentación ante la prensa por los co-presidentes de la Comisión, la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el Secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, así como el llamado “coordinador para la transición en Cuba” del Departamento de Estado, Caleb McCarry. Dos días más tarde, el 12 de julio, McCarry fue a rendir cuenta a los representantes de la mafia cubana de Miami, antes quienes presentó formalmente este informe.

El Informe del 2006 no sustituye ni modifica el Plan del 2004. Por el contrario lo toma como base y lo enriquece, adicionando medidas que refuerzan la política de guerra económica contra Cuba, incorporan nuevas fuerzas para lograr el derrocamiento de la Revolución e incrementan de manera significativa el financiamiento directo e indirecto a la subversión interna. Todas las medidas incluidas en el 2004 mantienen plena vigencia.

La existencia de recomendaciones en un anexo secreto alegando razones de Seguridad Nacional y para “lograr su efectiva realización” es una nueva particularidad de este Informe. Su mayor importancia radica en el hecho de que tales recomendaciones están referidas específicamente al Capítulo 1 dirigido a precipitar el derrocamiento del Gobierno revolucionario.

El Plan está basado en el estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley Helms-Burton, la que señala que el bloqueo se mantendría después del hipotético triunfo de la contrarrevolución, hasta tanto se cumplan un grupo de requisitos, cuyo principal reclamo es que “se registren progresos palpables en el proceso de devolución de las propiedades” a los antiguos explotadores (Sección 206) llegando incluso a señalar que la liquidación de este asunto es “condición indispensable para el pleno restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas” (Sección 207) entre ambos países.

El segundo Informe fue elaborado sobre la base de las recomendaciones del Plan del 2004 y consta solamente de 93 páginas, organizadas en los siguientes siete capítulos:

•Capítulo 1: “Acelerar el fin de la dictadura de Castro: Transición, no sucesión”.
•Capítulo 2: “Ayudar a los cubanos a responder a necesidades humanitarias y sociales críticas”.
•Capítulo 3: “Ayudar a los cubanos a lograr elecciones libres y justas”.
•Capítulo 4: “Ayudar a los cubanos a crear oportunidades económicas basadas en el mercado”.
•Capítulo 5: “El papel de la comunidad internacional”.
•Capítulo 6: “El papel vital de los cubanos en el exterior”.
•Capítulo 7: “Prepararse ahora para apoyar la transición”.

En la confección del Plan Bush participaron más de 100 funcionarios de 17 departamentos y agencias federales.

Al igual que en 2004, el primer capítulo del Informe enuncia la estrategia y las medidas específicas que la Comisión recomienda aplicar de inmediato para precipitar el derrocamiento de nuestro Gobierno.

Capítulo 1: “Acelerar el fin de la dictadura de Castro: Transición, no sucesión”.

Se argumenta la necesidad de elaborar este Informe debido a los cambios ocurridos dentro y fuera de Cuba. A lo interno, se mencionan el supuesto mayor activismo de la contrarrevolución, así como el desaliento y el desencanto de nuestro pueblo respecto a la Revolución.

A lo externo, se acusa a Cuba de utilizar el apoyo económico de Venezuela para promover la “subversión” de los “gobiernos democráticos” en el Hemisferio para lograr la continuidad de la Revolución y que resulta imperativo evitar el éxito de la estrategia de sucesión cubana “mediante el apoyo de gobiernos similares en particular Venezuela” que permitan contrarrestar las acciones norteamericanas.
 
El objetivo del gobierno de EE.UU. es evitar la continuidad del gobierno revolucionario por lo que las medidas de este capítulo ratifican el Plan en su totalidad, es decir:

•Fortalecer la contrarrevolución interna e intensificar la propaganda contra nuestro pueblo.

•Diseñar una estrategia para lograr el apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos del gobierno de EE.UU. por evitar la continuidad de la Revolución.

•Intensificar el bloqueo y las medidas de asfixia económica contra Cuba.

Precisamente en este capítulo se plantea que muchas de las medidas concebidas contra Cuba permanecerán clasificadas, alegándose “razones de seguridad nacional” y la necesidad de garantizar “su efectiva aplicación”.

Las medidas anunciadas en el Capítulo 1 pueden ser agrupadas en ocho categorías, a saber:

1) Aumento del financiamiento a la subversión interna y las campañas propagandísticas contra Cuba. Se crea el “Fondo Cuba para un Futuro Democrático”, al cual se asignan 80 millones de USD, a ser provistos en dos años, que se desglosan como sigue: 31 millones de USD para apoyar a la contrarrevolución interna y crear una “sociedad civil” al estilo norteamericano; 10 millones de USD para becas y cursos de entrenamiento en universidades de los EE.UU. y terceros países a individuos seleccionados por la contrarrevolución interna; 24 millones de USD para la propaganda contra nuestro pueblo, incluida a través de Internet; y 15 millones de USD en apoyo a los esfuerzos internacionales para la subversión contra Cuba y la “planificación de la transición” al capitalismo neocolonial en nuestro país. Además, recomienda otorgar cada año no menos de 20 millones de USD para financiar la subversión contra nuestro gobierno revolucionario, mientras este exista. 

2) Incremento de la guerra radio electrónica contra Cuba. Propone financiar las transmisiones de TV “Martí” hacia Cuba por vía satélite, suministrar equipamiento a la contrarrevolución interna para recepcionar transmisiones internacionales, expandir las transmisiones contrarrevolucionarias hacia Cuba desde terceros países, diseñar programas especiales hacia la juventud cubana y celebrar reuniones trimestrales entre agencias del gobierno de los EE.UU. para coordinar la estrategia sobre estas transmisiones. Aunque el Informe no menciona a Radio “Martí”, estas trasmisiones continuarán de acuerdo con la guerra radio electrónica que mantiene el gobierno de los EE.UU. contra Cuba.

3) Ofensiva para que gobiernos y ONG de terceros países, así como determinados organismos internacionales se sumen a la política de los Estados Unidos contra Cuba. El segundo Informe hace énfasis en la necesidad que tiene el gobierno de los EE.UU. de ampliar el consenso internacional en torno a su política contra Cuba, por medio del desarrollo de una “campaña de propaganda y desinformación”.

Para ello se proponen crear una coalición de países para apoyar el “cambio de régimen” en nuestro país y establecer compromisos bilaterales con países de Europa y América Latina para sumarlos a esa política.

Establecen una distinción entre países amigos de Cuba que apoyen la continuidad de la Revolución, como Venezuela e Irán, y los aliados de EE.UU. que respalden el regreso al capitalismo. Estimulan la presentación de casos contra nuestro gobierno en la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 
4) Recrudecimiento del bloqueo a través de medidas dirigidas a ejercer una mayor presión económica y financiera sobre Cuba. Entre las medidas se destacan:

-Establecimiento de nuevos mecanismos entre las agencias del gobierno de los Estados Unidos para perfeccionar la implementación de las regulaciones del bloqueo y la adopción de sanciones contra los violadores, incluyendo el enjuiciamiento penal.

-Prohibición del envío directo de remesas a través de instituciones establecidas en terceros países.

-Prohibición de las ventas de equipos médicos que sean destinados a programas para extranjeros, con el objetivo de entorpecer los programas de la Revolución para ofrecer servicios médicos a otros pueblos del Mundo, tanto en Cuba como en el exterior, como por ejemplo la labor de la Brigada Henry Reeve y la Operación Milagro.

-Establecimiento de un órgano conformado por distintas agencias norteamericanas, la Fuerza de Tarea Interagencia del Níquel Cubano, para incrementar el control sobre las importaciones de productos que puedan contener níquel cubano y desalentar el comercio internacional de níquel y cobalto cubanos, con lo cual reconocen el potencial y la importancia alcanzados por esta actividad económica en nuestro país.

-Prohibición de la exportación de artículos humanitarios por  “organizaciones controladas” como el Consejo de Iglesias de Cuba.

-Mayor persecución contra las operaciones comerciales cubanas a través de otras compañías y contra las transacciones financieras de Cuba, sumando a otros países y entidades internacionales en este esfuerzo.

5) Aplicación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton. Aplicar el Título III de la Ley Helms Burton, que permite entablar demandas en tribunales norteamericanos, contra los inversionistas extranjeros de aquellos países que apoyen la continuidad de la Revolución en Cuba. Respecto al Título IV, que niega visas para viajar a EE.UU. a ejecutivos de compañías y sus familiares, establecen su aplicación más rigurosa a empresarios que invierten en sectores estratégicos para nuestro país como son la perforación y extracción de petróleo, el turismo, el níquel, el ron y el tabaco.

6) Medidas contra funcionarios del Gobierno cubano, entre ellas:

-Elaborar una Lista de Esbirros, que facilite el “ajuste de cuentas” que anhelan tras el derrocamiento de la Revolución, y en la cual incluirían a quienes consideren que han participado en acciones para neutralizar a la contrarrevolución interna, establecen así, la represión masiva y generalizada de los revolucionarios. Los incluidos en esta Lista la que aclaran que podía ser larga, estarían descalificados para recibir visas de entrada a los EE.UU., y se les negarían los “beneficios” de residencia permanente en los EE.UU. que garantiza la Ley de Ajuste Cubano.

-También se proponen enviar a INTERPOL los nombres de los funcionarios cubanos que ellos vinculan al derribo en 1996 de las avionetas de la organización contrarrevolucionaria “Hermanos al Rescate”.

7) Acciones para evitar la continuidad del gobierno revolucionario en nuestro país, a través de campañas de opinión pública y desinformación proyectar la imagen de que ha llegado el momento del “cambio” en Cuba y por tanto es necesario acelerar los esfuerzos para el derrocamiento de nuestra Revolución.

8) Temas migratorios. El informe manipula a la emigración cubana como una fuerza a ser priorizada por el gobierno de los EE.UU. para lograr el regreso al capitalismo. Acusa cínicamente a Cuba de violar sus compromisos con los Acuerdos Migratorios y recomienda hacer esfuerzos diplomáticos para “notificar” al Gobierno cubano sobre sus supuestos “incumplimientos” de estos acuerdos y su “interferencia” en la política migratoria norteamericana.

En sus capítulos 2, 3 y 4 el Informe retoma muchos de los elementos expuestos en el “Plan de 2004”, que se refieren a los pasos que el gobierno de los EE.UU. daría para intervenir directamente en el proceso revolucionario cubano, con el objetivo de desmantelar el sistema económico, político y social de Cuba y crear las condiciones necesarias para facilitar el sometimiento y la anexión de nuestro país.

Capítulo 2: “Ayudar a los cubanos a responder a las necesidades humanitarias y sociales críticas”.

Se centra en seis temas esenciales de los cuales teóricamente se ocuparía el gobierno contrarrevolucionario para el desmantelamiento de la Revolución y el regreso al capitalismo: el abastecimiento de agua y los servicios de sanidad; la salud y nutrición; la seguridad alimentaría; la vivienda; la protección de sectores poblacionales vulnerables; y la educación.

Este capítulo niega los logros sociales alcanzados por la Revolución en beneficio del pueblo y acusa a nuestro gobierno de no dar respuesta a las necesidades humanitarias más importantes de la población, afirmando que esta situación no cambiará mientras exista el gobierno revolucionario.

Reconocen que la “transición” al capitalismo generaría pobreza, desplazamientos poblacionales y, por consiguiente, problemas de alimentación, sanidad y salud, y traspasa a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e iglesias gran parte de las responsabilidades que actualmente tiene el Estado socialista en el aseguramiento de los servicios básicos.

Además, consciente de la “crisis humanitaria” que la “ocupación” provocaría, este capítulo declara la supuesta “disposición” del gobierno de los EE.UU. a brindar su “ayuda” en estas esferas, algo que no es capaz de garantizar a una parte significativa de su propia población, como demuestra el abandono a su propia suerte de los miles de víctimas del huracán Katrina.

Como muestra de su desprecio total hacia los avances de Cuba en materia de salud, el Informe reitera que los EE.UU. ayudarán al “gobierno títere” a “desarrollar campañas de vacunación, controlar la inmunización permanente de todos los niños y la de los menores de cinco años que no hayan sido vacunados”.

En la esfera de la seguridad alimentaría, previendo el caos que sobrevendrá durante la “ocupación”, el Capítulo 2 asegura que los EE.UU. brindarían ayuda para “suministrar al sistema escolar suplementos nutritivos para los niños, a fin de mantener una dieta adecuada mientras el gobierno contrarrevolucionario estabiliza el sistema de salud pública”.

En lo que respecta a la educación, otra vez, en previsión de la situación anárquica que reinaría en el país, el Informe repite que los EE.UU. ayudarán al gobierno instaurado por ellos a mantener las escuelas abiertas y a que los estudiantes permanezcan en el sistema escolar”, así como a “asegurar que las instalaciones y los servicios educacionales estén disponibles para la mayor cantidad posible de personas”.

Por último, como muestra del dominio que los EE.UU. pretenden ejercer, el Informe plantea que el gobierno norteamericano se compromete a “organizar grupos de maestros voluntarios del exterior”, así como sustituir los libros de texto existentes con el apoyo de donantes y editores extranjeros, en particular de países miembros de la OEA. Con esto evidencian la intención de eliminar el actual sistema estatal de educación y todos los impresionantes avances alcanzados por nuestro país en esta esfera.

Capítulo 3: “Ayudar a los cubanos a obtener elecciones libres y justas”.

Este acápite no oculta que el primer objetivo que los EE.UU. tratarán de alcanzar durante la ocupación es el desmantelamiento del sistema político socialista y, en primer lugar, del PCC, lo que se considera un requisito indispensable para asegurar la posterior dominación del país en todos los órdenes.

En este sentido, se afirma abiertamente que el nuevo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos, como máxima prioridad, en la organización de “elecciones multipartidistas” y “no sobrecargarse con otras tareas relacionadas con el desarrollo y crecimiento de la sociedad cubana”.

Se establecen una serie de precondiciones para que los EE.UU. den cualquier tipo de ayuda en este proceso, entre las cuales sobresalen la liberación de los contrarrevolucionarios sancionados y la eliminación del papel que la Constitución le confiere al PCC, como fuerza dirigente de la sociedad y el Estado.

El Informe reitera que los EE.UU. ayudarán al nuevo gobierno a modificar las leyes, regulaciones y políticas e identificar aquellas que deben ser revocadas o enmendadas.

Por último, este capítulo menciona también la asistencia técnica y material que los EE.UU. brindarían para el regreso de la prensa capitalista, que represente y defienda sus intereses.

Capítulo 4: “Ayudar a los cubanos a crear oportunidades económicas basadas en el mercado”.

Se refiere esencialmente a las medidas que adoptaría el gobierno neocolonial con el apoyo de los EE.UU. para lograr la “estabilidad macroeconómica” capitalista, la “integración en el sistema comercial y financiero internacional” subordinada a los dictados económicos de los EE.UU., la restauración del capitalismo en Cuba, y el supuesto papel de este gobierno en apoyo a los “derechos laborales, de propiedad, a la agricultura e infraestructura”.

Desacredita en su totalidad a la economía socialista cubana y crea ilusas expectativas sobre los supuestos “beneficios” que conllevaría la sumisión a los postulados de dominación económica y financiera de Washington.

Reconoce que los “cambios” económicos causarían “ansiedad” y serían “duros”, al mismo tiempo que pretende fundamentar una supuesta aptitud del pueblo cubano para la economía capitalista, prometiendo que las transformaciones propuestas garantizarán empleo y crecimiento económico, y generarán mayor inversión extranjera e ingresos turísticos.

Por otro lado, el Informe recuerda que tiene reservadas para Cuba recetas de ajuste neoliberal, al condicionar la normalización de las relaciones crediticias con el exterior a la aceptación de un programa del FMI, y anunciar que cualquier tratamiento serio de la deuda externa cubana requeriría una aprobación del Congreso de los EE.UU. Asimismo, promete trabajarían con los aliados en la consecución de acuerdos de libre comercio con Cuba.

En resumen, se proponen destruir las bases y la organización de nuestra economía, que garantizan el sustento y desarrollo de nuestro pueblo, dando lugar a la privatización, el caos y el control de la economía por el gobierno de los EE.UU., mediante la Comisión que presidirán para la Reconstrucción Económica.

En cuanto a los derechos de propiedad, el Informe pretende tranquilizar al plantear que no habrá “expulsiones arbitrarias”, aunque recordando que el gobierno neocolonial adoptará “decisiones sobre las propiedades confiscadas”, en las cuales tendrá en cuenta los intereses de los expropiados y de la contrarrevolución en el exterior. De igual forma devolverían a sus antiguos dueños todas las propiedades con los consiguientes desalojos bajo la supervisión y control del gobierno de EE.UU. mediante la Comisión presidida por ellos para la devolución de las propiedades.

En la esfera de la agricultura, también se proponen proceder a la devolución de las tierras y eliminar la “interferencia del Estado” para dar lugar al regreso de los latifundios.

En lo que respecta a la infraestructura, niegan los enormes resultados alcanzados por nuestro país en su mejoría y plantean cínicamente que el gobierno de los EE.UU. trabajaría por “estabilizar la situación eléctrica lo antes posible” para demostrar al pueblo cubano “que les espera una vida mejor”.

Las supuestas “mejoras” en la infraestructura que proponen, estarían subordinadas a los intereses del gobierno de los EE.UU. y de sus aliados contrarrevolucionarios, y entre las “soluciones” que ofrecen, mencionan la creación de un grupo de donantes “Amigos de Cuba Libre” y la creación de un “ferry” Florida-La Habana para “aliviar” los problemas en esta esfera.

Entre los problemas que deberán ser resueltos a más largo plazo por el gobierno contrarrevolucionario, el Informe numera:

-El “papel de los militares en la economía”.

-La reconciliación de los cubanos “de adentro y de afuera” en materia de “derechos de propiedad”.

-La conveniencia de que los cubanos en el exterior regresen e inviertan en la “nueva” Cuba.

El Informe reconoce la complejidad que representaría para el gobierno contrarrevolucionario la solución de estos obstáculos a los planes de dominación yanqui.

Capítulo 5: “El papel de la comunidad internacional”.

El Informe dedica un capítulo específico a este tema, asignando un mayor papel a la comunidad internacional en los planes de los EE.UU. para asistir al gobierno contrarrevolucionario en el desmantelamiento del socialismo en Cuba.

El contenido de este acápite confirma que intentan arreciar las presiones para que gobiernos de terceros países y organizaciones no gubernamentales e internacionales se sumen a la política de “cambio de régimen” en Cuba, y trabajen con el gobierno de los EE.UU.

Para dar respuesta a las “necesidades humanitarias y sociales” que reconocen se crearían ante la añorada imposición en Cuba de un gobierno contrarrevolucionario, incluyen en su mandato las siguientes organizaciones e instituciones internacionales:  

-Abastecimiento de agua y la sanidad pública (Organización Panamericana de la Salud-OPS y UNICEF).

-Salud y nutrición (Oficina de NN.UU. para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, OPS, Cruz Roja Internacional y organizaciones cubanas independientes).

-Seguridad alimentaria (anteriores más FAO).

-Refugio (Alto Comisionado de NN.UU. para Refugiados, Organización Internacional para la Migración, Oficina de NN.UU. para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Comité Internacional de la Cruz Roja, Hábitat ONU, PNUD, OPS y Banco Caribeño de Desarrollo).

-Educación (PNUD, UNESCO, Unión Europea, OEA).

Para lograr las “elecciones” manipuladas por el gobierno de los EE.UU. y que permitan “legitimar” al gobierno contrarrevolucionario ante la comunidad internacional, proponen la “asistencia técnica internacional” organizada por ellos

También se refieren a los planes de “reforma de los servicios militar y de seguridad” y de “lucha contra los narcóticos y el terrorismo”, para lo cual promoverían el regreso de Cuba como miembro del ministerio de colonias, o sea la OEA.

El paso de la economía de mercado sería impuesta por el gobierno de los EE.UU. mediante la injerencia abierta de las instituciones financieras internacionales controladas por ellos (FMI, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA).

Para “garantizar” los derechos de propiedad y el “restablecimiento de los títulos de propiedad”, acudirían también a la asistencia internacional.

Se establecería una “conferencia de donantes internacionales” para la “asistencia a corto plazo en materia de renovación y desarrollo de la infraestructura”.

Capítulo 6: “El papel vital de los cubanos en el exterior”.

Este capítulo es nuevo, aunque en el Informe de 2004 se mencionaron algunos de los temas aquí abordados.

El Plan Bush diseña un grupo de medidas que deberán ser tomadas para que, en el momento de la restauración neocolonial, la contrarrevolución cubana radicada en el exterior pueda “ayudar” al gobierno impuesto en Cuba, en áreas como:

-Informática, infraestructura, investigación y know-how, préstamos e inversiones capitales.

-Salud y nutrición, a través de los servicios de médicos y enfermeras calificados, y especialistas en desastres.

-Seguridad alimentaria, agua y sanidad.

-Servicios de educación, como parte de los cuales se prevé invitar a maestros en el exterior de origen cubano y administradores para que trabajen de manera voluntaria “en apoyo” a los maestros cubanos y administren los sistemas de educación primaria y secundaria durante la transición, como prueba del total desprecio por los impresionantes resultados obtenidos por nuestro sistema de educación.

-Organización de las “elecciones” impuestas por el gobierno de los EE.UU.

-Apoyar la campaña contrarrevolucionaria sobre las “violaciones de los derechos humanos” supuestamente cometidas en Cuba.

-Mantener e incrementar las remesas familiares como fuente importante de ingresos para el gobierno contrarrevolucionario.

-Establecer nuevas instituciones financieras o dar asistencia a instituciones radicadas en los EE.UU. para que creen nuevas dependencias en Cuba, que canalicen fondos en apoyo al gobierno contrarrevolucionario.

Igualmente, se sugiere que durante este período debido a la complejidad del asunto de la devolución de propiedades es necesario esperar a que se afiance primero el gobierno impuesto para proceder según establece la Helms-Burton y dar lugar entonces a la “devolución” de las propiedades a batistianos y burgueses expropiados por la Revolución.

Capítulo 7: “Prepararse ahora para apoyar la transición”.

Este capítulo se refiere a las acciones que desarrolla actualmente el gobierno de los EE.UU. para destruir la Revolución, abiertas o encubiertas.

Confirma que este Informe da continuidad al anterior  y que con él no concluyen los esfuerzos del gobierno de los EE.UU. para forzar el derrocamiento de la Revolución en Cuba, sino que los mismos proseguirán en el futuro. El “Plan Bush” propone involucrar más a la comunidad internacional, de inmediato, en la fase de “planificación” de las acciones para alcanzar ese objetivo.

En el Informe se califican de decisivos los primeros 6 meses del nuevo gobierno que instalen y las medidas que adopte en ese período, lo que evidencia la intención del gobierno de EE.UU. de acometer acciones de emergencia que garanticen el cumplimiento posterior de sus planes de dominio sobre Cuba.

Las recomendaciones propuestas en este capítulo incluyen fortalecer el papel del Gobernador para Cuba (“Coordinador para la Transición”), Caleb McCarry, quien promovería el financiamiento y el apoyo al plan entre la contrarrevolución cubanoamericana y los donantes internacionales, en su calidad de burócrata interventor designado por el gobierno de los EE.UU., figura similar a la que impusieron en el Irak ocupado.

La ofensiva de la Administración Bush para promover la “contrarrevolución desde ahora incluiría el testimonio ante el Congreso de figuras de alto rango del gobierno de EE.UU., quienes explicarían los esfuerzos que desarrollan ante el órgano legislativo.

También recomienda coordinar entre las agencias gubernamentales norteamericanas y las organizaciones internacionales la supuesta “ayuda humanitaria” que ofrecerían durante la transición.

Por último, establece pasos inmediatos que adoptaría el gobierno contrarrevolucionario durante la etapa de restauración del gobierno neocolonial, para “revisar” la situación de los prisioneros, la ley electoral, el sistema judicial penal, la policía y el entrenamiento de los jueces y fiscales con un marcado propósito de desmantelar de inmediato el sistema de justicia revolucionario y liberar a los elementos contrarrevolucionarios durante la primera etapa que reconocen que sería “potencialmente caótica”.

Consideraciones

La publicación del Plan Bush se da en el contexto de la frustración de la Administración Bush ante el fracaso de las medidas anteriores que no lograron sus propósitos: de destruir la Revolución, acabar con todos los avances socio-económicos alcanzados, privarnos de la independencia y soberanía, restaurar el capitalismo y perpetuar la dominación yanqui sobre la nación cubana.

El texto publicado ahora no se aparta ni un milímetro del Plan Bush. Todo lo contrario. Comienza por precisar que lo ratifica, saluda los supuestos éxitos que ha tenido su aplicación y sobre esa “sólida base” anuncia “medidas adicionales” para “precipitar” el fin de la Revolución cubana.

Las medidas contenidas en el anexo secreto son sumamente peligrosas y constituyen un mensaje nada disimulado de anunciarnos más ataques terroristas, nuevos intentos de asesinatos contra dirigentes de la Revolución e incluso la agresión militar.

Las medidas propuestas para acelerar la destrucción de la Revolución, contenidas en el Plan Bush implican un mayor recrudecimiento del bloqueo, un aumento significativo del financiamiento a la subversión, más guerra propagandística, de desinformación, y mayores intentos para internacionalizar la política contra Cuba, todo ello con el claro objetivo de provocar la desestabilización interna y lograr el respaldo internacional a su intervención militar directa.

Las medidas que este nuevo Informe propone para recrudecer el bloqueo están dirigidas a golpear a Cuba en esferas económicas en las que ha experimentado avances y a neutralizar básicamente su influencia en América Latina derivada de los programas de asistencia médica que desarrolla en dicha región.

Los fondos aprobados en este Informe para financiar la subversión, implicarían un incremento sustancial con respecto al Informe del 2004. Recuérdese que no se incluye en esta cifra lo que se canaliza por vía encubierta tal como lo posibilita la Ley Helms-Burton en su Sección 115, las cuales probablemente puedan encontrarse en el anexo secreto.
En lo que se refiere a los capítulos del 2 al 4, aparentemente se utiliza un lenguaje más cuidadoso, sofisticado y edulcorado, con la intención de confundir, ante el rechazo causado por la forma burda en que el primer Informe manipuló e ignoró la realidad cubana, por lo cual recibió críticas provenientes de todas partes, incluyendo aquellos que no simpatizan con la Revolución.

El Plan Bush, haciéndose eco de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2006 de los EE.UU., incorpora el criterio de la supuesta amenaza regional que Cuba representa al socavar los intereses de los EE.UU. en el Hemisferio.

Las reiteradas menciones que aparecen en este Informe al factor desestabilizador que constituye para la región la alianza política entre Cuba y Venezuela y a que el Gobierno cubano constituye una amenaza a la seguridad de los ciudadanos norteamericanos son argumentos que una vez avalados por el presidente Bush pasarían a formar parte de la sustentación política para emprender cualquier agresión contra Cuba y Venezuela.

El Plan Bush para la anexión de Cuba establece la proyección de la política que seguirá esta Administración en lo que le resta de mandato, o sea hasta enero de 2009, ratificando su determinación a forzar un “cambio de régimen”, que se disfraza bajo el engañoso concepto de promover la transición a la democracia, que no es más que un eufemismo para ocultar su objetivo histórico de destruir la Revolución y restablecer su dominio sobre Cuba.