Capítulo 1: A pesar del rechazo de los pueblos y muchos gobiernos en el mundo, Estados Unidos insiste en la manipulación de los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos como parte de su política anticubana.

Capítulo 2: Los procesos intergubernamentales de la maquinaria de las Naciones Unidas para los derechos humanos han sido secuestrados por Estados Unidos y sus aliados cercanos como instrumentos de presión para sus políticas de dominación global.

Capítulo 3: A pesar de la injusta maniobra anticubana que impone Estados Unidos a la CDH, Cuba continúa honrando su compromiso de cooperación con todos los mecanismos no discriminatorios en materia de derechos humanos.

CUBA Y LOS DERECHOS HUMANOS (Parte II)

El Ejercicio Anticubano En Materia De Derechos Humanos: La fabricación De Un Espurio Pretexto A La Continuidad De La Política De hostilidad, Bloqueo Y Agresiones De Estados Unidos Contra El Pueblo cubano


TABLA DE CONTENIDO DE TODAS LAS PARTES DEL LIBRO

Capítulo 1: A Pesar Del Rechazo De Los Pueblos Y Muchos Gobiernos En El Mundo, Estados unidos Insiste En La Manipulación De Los Trabajos De La Comisión De Derechos humanos Como Parte De Su Política Anticubana.

Capítulo 2: Los Procesos Intergubernamentales De La Maquinaria De Las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Han Sido Secuestrados Por Estados Unidos Y Sus Aliados cercanos Como Instrumentos De Presión Para Sus Políticas De Dominación global.

La incapacidad de la maquinaria de derechos humanos de la ONU para atender violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos, cuando sus perpetradores son ciudadanos de la superpotencia o de sus principales aliados. La impunidad de los poderosos.

Anexo: Tablas con las resoluciones por países adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos en el período 1995-2004, con relación a los temas de su programa titulados: “Situaciones persistentes de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo” (tema 9) y “Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos” (tema 19).

Capítulo 3: A Pesar De La Injusta Maniobra Anticubana Que Impone Estados Unidos A La Cdh, cuba Continúa Honrando Su Compromiso De Cooperación Con Todos Los Mecanismos No discriminatorios En Materia De Derechos Humanos.

Capítulo 1: A Pesar Del Rechazo De Los Pueblos Y muchos Gobiernos En El Mundo, Estados Unidos Insiste En La Manipulación De Los trabajos De La Comisión De Derechos Humanos Como Parte De Su Política anticubana.

En los años 80 del pasado siglo, se produjo en Estados Unidos el ascenso de las fuerzas de la ultraderecha conservadora al poder. El Documento de Santa Fé, que sirvió de plataforma electoral y política a las fuerzas que acompañaron al entonces presidente Ronald Reagan, anunciaba con relación a Cuba: “Un programa de derechos humanos vigoroso y equitativamente aplicado, es el arma milagrosa de los Estados Unidos contra la Unión Soviética y sus satélites y sustitutos. Curiosamente, la Administración actual (...), no ha intentado seriamente aplicar su doctrina de derechos humanos contra la Cuba de Castro (...)"

En el marco de la nueva estrategia anticubana, la administración Reagan instruyó a connotados terroristas cubanoamericanos, dirigidos y financiados por la CIA, cambiar su fachada y “convertirse” en supuestos grupos de oposición política pacífica y de defensa de los derechos humanos. En el interior de Cuba, con fondos oficiales estadounidenses, se crearon varios pequeños grupos subversivos de este tipo, reclutando a personas antes implicadas en actividades violentas de carácter contrarrevolucionario, e incluso, a antiguos funcionarios y agentes de la policía del régimen dictatorial de Fulgencio Batista. La labor de reclutamiento se hizo extensiva a lumpens, oportunistas, resentidos, y a los anexionistas de siempre.

En los años 1985 y 1986, se llevaron a cabo las primeras tentativas fallidas de imponer una condena a Cuba en materia de derechos humanos, en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El primer intento de lograr algo similar en la Comisión de Derechos Humanos tuvo lugar en 1987, cuando los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución que no fructificó, al resultar aprobada una moción de no acción.

Estados Unidos presentó en 1988 un nuevo proyecto de resolución dirigido a singularizar de modo condenatorio a Cuba, que también fracasó, a partir de la positiva acogida que tuvo la iniciativa cubana de invitar una misión integrada por el Presidente de la Comisión y otros cinco representantes de Estados miembros, a realizar una visita al país.

Estados Unidos tampoco pudo cumplir en 1989 su objetivo de imponer una condena a Cuba en la Comisión. Fueron derrotadas varias enmiendas presentadas por los diplomáticos estadounidenses al proyecto de resolución sometido a la consideración de la Comisión. El texto adoptado se limitó a tomar nota del Informe elaborado por la Misión que visitara Cuba e invitar al Gobierno cubano a trabajar en la aplicación de sus recomendaciones.

Al emerger como única superpotencia, tras la desintegración de la Unión Soviética y la desaparición del socialismo en Europa Oriental, Estados Unidos logró en 1990 por primera vez la adopción en la Comisión de Derechos Humanos de un proyecto de resolución contra Cuba.

Cuba rechazó cualquier forma de cooperación con un engendro de tal naturaleza, viciado desde su propio origen, motivado por ilegítimos intereses y resultado de brutales presiones y chantajes.

La posición de principios del pueblo cubano, su digna resistencia frente a la infamia y la mentira, fue ganando poco a poco el reconocimiento y apoyo de los miembros de la Comisión, hasta llegar a 1998, año en que el proyecto anticubano presentado por Estados Unidos fue derrotado de manera incuestionable, en votación de 16 a favor y 19 en contra.

Tras la inesperada derrota, el gobierno estadounidense se dio a la tarea de crear una nueva imagen a su maniobra anticubana en la CDH. Utilizando sus tradicionales métodos, "convenció" al gobierno de turno en la República Checa, país que necesitaba entonces el apoyo de Washington en su objetivo de ingresar a la OTAN, para que asumiera la cara pública del proyecto contra Cuba en la Comisión. No resultó difícil al equipo de oportunistas encabezados por el ex presidente Havel, que durante años aprendió obedientemente a cumplir las instrucciones y a disfrutar el dinero de Washington, asumir tan denigrante tarea.

Con este nuevo diseño y empeñándose siempre a fondo en sus habituales presiones y chantajes, Estados Unidos logró hacer adoptar –siempre por un muy escaso margen de entre uno y tres votos - el proyecto anticubano desde 1999 al 2001.

Ya para finales del año 2001, resultaba evidente que dicho esquema había entrado en una profunda crisis. La superpotencia comprendió que necesitaba “refrescar” la imagen de su ejercicio anticubano, cuestión que se convirtió en estratégica tras su bochornosa exclusión de la membresía de la Comisión, como resultado de elecciones mediante el voto secreto llevadas a cabo en el Consejo Económico y Social.

Se recrudecieron entonces las gestiones de altos funcionarios de la administración Bush para imponer a uno o a varios países de América Latina la presentación del proyecto anticubano en el 58º período de sesiones de la Comisión en el 2002.

La intensidad de las presiones ejercidas por altos personeros de Estados Unidos y la profundización de la vulnerabilidad y dependencia hacia la política hegemónica norteamericana en la región de varios gobiernos latinoamericanos, con muy bajos niveles de aceptación de sus pueblos, facilitó la cristalización de su objetivo. Fue el entonces presidente Jorge Batlle, del Uruguay, el que asumiera el papel de marioneta de guiñol en la presentación pública del guión anticubano, redactado hasta el detalle de sus comas y puntos en Washington, acomodando únicamente el parecer de la mafia terrorista de Miami.

En contraste con la posición sumisa de unos pocos gobiernos latinoamericanos, de modo unánime los pueblos de la región condenaron la maniobra anticubana. No sólo se lanzaron a las calles a protestar en varias capitales, sino también en países como Argentina, Perú, México y Guatemala, los parlamentos reclamaron a sus Gobiernos que no acompañaran tal acción y mantuvieran una posición de independencia y decoro en Ginebra.

El texto anticubano impuesto en el 58º período de sesiones de la Comisión en el año 2002, que sus mercachifles por encargo intentaron sin éxito presentar como un producto “novedoso” y con un enfoque “constructivo”, no hacía otra cosa que restablecer un mecanismo injusto de monitoreo a una inexistente situación de derechos humanos en Cuba. Lo peor en este caso, es que concurría como factor agravante en la manipulación anticubana, concebida por y para satisfacer los intereses de dominación de Washington, la decisión de involucrar en el sucio procedimiento nada menos que al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los representantes de la mafia terrorista cubanoamericana, cumplieron en este proceso un importante papel en apoyo a las acciones anticubanas del gobierno de Estados Unidos. Aprovechando la presencia de sus representantes en el Congreso estadounidense, se involucraron directamente en las acciones de presión y chantaje contra varios gobiernos. Por otra parte, cumplieron misiones de propaganda con el objetivo de vender la imagen de que tras las acciones de la administración Bush contra Cuba, estaba el “reclamo” de un llamado “exilio cubano”.

El 18 de septiembre de 2002, once congresistas al servicio de la mafia terrorista de Miami, encabezados por Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, enviaron una carta al entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas, urgiéndolo a involucrarse personalmente en las acciones contra Cuba.

El 13 de diciembre del propio año, Ros-Lehtinen envió una nueva carta al Alto Comisionado, conminándolo a que solicitara a Cuba la liberación de varios mercenarios que habían sido justamente sancionados en la Isla, por delitos cometidos al servicio del gobierno de Estados Unidos.

A principios de enero del 2003, el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, envió un mensaje al Alto Comisionado para recordarle que no había nominado aún a su Representante Personal para Cuba y confirmarle que Estados Unidos consideraba importante que esto se produjera en el más breve plazo.

Ante la reticencia del entonces gobierno de Uruguay a desempeñar nuevamente en el 2003 el papel de “primer actor” en el libreto anticubano preparado por Washington – a partir del alto costo político que tuvo que pagar ante su pueblo –, la superpotencia tuvo que realizar nuevas presiones sobre gobiernos latinoamericanos vulnerables a ello, con el objetivo de encontrar un nuevo “protagonista”.

La señora Poblete – asistente de la congresista anticubana Ileana Ross-Lehtinen - viajó a Ginebra a principios de enero del 2003 y se reunió por separado con algunos representantes diplomáticos latinoamericanos con el objetivo de explorar sus respectivas percepciones con relación al ejercicio anticubano que promueve Estados Unidos, calibrar las áreas y temas específicos de mayor vulnerabilidad de cada uno de esos gobiernos latinoamericanos y preparar recomendaciones concretas para incrementar el impacto del chantaje y los condicionamientos que serían instrumentados ulteriormente, tanto por el congreso como por la administración norteamericanos.

A fines de ese propio mes, la subsecretaria de Estado para Asuntos Globales, Paula Dobrianski, viajó a varios países latinoamericanos, reuniéndose con presidentes y cancilleres con el objetivo de forzar un comprometimiento en la presentación del proyecto anticubano en la 59 CDH.

Los embajadores de Estados Unidos en diversas capitales del mundo, como ha sido tradicional, cumplieron paralelamente importantes tareas de apoyo al ejercicio anticubano. Redoblaron sus actividades de desinformación y manipulación propagandística contra Cuba, distribuyendo panfletos fabricados por el Departamento de Estado con mentiras y tergiversaciones “actualizadas”. Por otra parte, con mayor o menor sutileza y claridad – de acuerdo al grado de dependencia del gobierno en cuestión a Estados Unidos –, se exigió apoyo a lo que la superpotencia califica como su prioridad en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos y se ”recordaron” las bondades de una buena relación bilateral con la potencia hegemónica.

Con el cinismo y oportunismo que la caracterizan, la administración del Presidente George W. Bush intentó infructuosamente aprovechar la coordinación de turno que ejercía Perú en el Grupo de Río, para tratar de imponer a este mecanismo de concertación política de los países latinoamericanos la presentación del proyecto de resolución anticubano en la 59 CDH.

Tras el fracaso en sus pretensiones de “socializar” en un espectro político más amplio su servicio al Imperio, el presidente Toledo de Perú tuvo que cargar directamente con la “responsabilidad” de la presentación pública del proyecto de resolución anticubano en la 59 CDH, con el acompañamiento del obediente gobierno de Costa Rica y del ex presidente Batlle de Uruguay.

A medida que se fue acercando el inicio de la Comisión, se recrudecieron las presiones de Estados Unidos, que contaron en sus gestiones anticubanas con la complicidad incondicional de gobiernos que actuaban como aliados-clientes de Washington, en particular, del entonces presidente José María Aznar, personero fascista defenestrado por el pueblo español por su servilismo a Bush y su permanente manipulación y tergiversación de la verdad.

Para garantizar los votos necesarios a la imposición del proyecto anticubano, la administración Bush no reparó en límites éticos o legales. Desde Washington fueron anunciadas promesas de “ayuda” financiera y otros beneficios para los que entregaran su voto. Sin embargo, la práctica más común no fue la de nuevas ofertas; prevalecieron las amenazas directas o veladas de bloqueos de préstamos y asignaciones en las instituciones financieras internacionales que controla – como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo –, el retiro de facilidades concedidas bilateralmente en materia comercial y migratoria, e incluso, el condicionamiento de la conducta de Estados Unidos en el tratamiento de temas políticos de importancia vital para los países objetos del chantaje.

Días antes de la votación, se reforzaron las gestiones de Estados Unidos para incluir en el texto del proyecto anticubano una condena explícita a las justas sanciones judiciales impuestas en Cuba, contra mercenarios al servicio de su política unilateral de hostilidad, bloqueo y agresiones.

El 18 de marzo de 2003, el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, realizó una declaración llamando a la Comisión a condenar la detención de sus mercenarios en la Isla, en los términos más enérgicos.

Nuevamente la superpotencia decidió trabajar tras bambalinas. Pero en esta ocasión, debió enfrentar obstáculos más complejos. Algunos gobiernos latinoamericanos ya comprometidos con la presentación o el apoyo al proyecto anticubano, acorralados por el rechazo de sus opiniones públicas a la agresión imperialista contra Iraq y el temor de explosiones populares si se hacían cómplices de una nueva escalada propagandística que podría servir de pretexto a una agresión militar de la superpotencia contra el pueblo cubano, optaron por no apoyar la nueva pretensión norteamericana contra Cuba.

Fue al Gobierno de Costa Rica a quien correspondió la indigna misión de presentar la enmienda concebida por Estados Unidos para fabricar las condiciones que le facilitasen la agresión militar contra el pueblo cubano y así intentar poner fin a su Revolución. Fue el de Costa Rica el único gobierno latinoamericano y del Tercer Mundo que votó a favor de esa enmienda. ¿Resulta necesario algún comentario adicional?

Cuba radicó oficialmente el 16 de abril dos enmiendas al proyecto anticubano, bajo las siglas E/CN.4/L.77, las cuales exigían el cese inmediato del bloqueo unilateral e ilegal a Cuba y pedían al Alto Comisionado que realizara una evaluación de los efectos para el pueblo cubano de los actos terroristas llevados a cabo contra la Isla desde el territorio de Estados Unidos.

La consideración de estas enmiendas suscitó un largo debate procesal y, como consecuencia de ello, se postergó por 24 horas la consideración y adopción del proyecto anticubano. En ese debate, totalmente descolocado y desenmascarada la autoría estadounidense de la enmienda presentada por Costa Rica, al embajador de la superpotencia en Ginebra no le quedó otra alternativa que declarar que su delegación “apoyaba cualquier cosa contra Cuba”.

A pesar de las enormes presiones ejercidas por Estados Unidos, la enmienda que intentaba condenar a Cuba fue derrotada en la Comisión, al ser rechazada por una aplastante mayoría de países. Sólo 15 países apoyaron la enmienda, mientras 31, más del doble, la votaron en contra.

Con ese resultado, se asestó un duro golpe a Washington y a la mafia anexionista y terrorista de origen cubano, que al iniciarse la agresión unilateral del Imperio estadounidense contra Iraq, en la única manifestación pública de apoyo a esa guerra ilegal en una ciudad del mundo – no podría ser otra que Miami –, vociferó una verdadera proclama de aliento a la agresión: “Iraq ahora, Cuba después”.

La enmienda cubana condenando el bloqueo norteamericano como grave violación de los derechos humanos no fue aprobada. El mismo grupo de gobiernos europeos y latinoamericanos que con cinismo e hipocresía alegan una supuesta preocupación sobre una inexistente situación de derechos humanos en Cuba – votando a favor y copatrocinando el texto anticubano en Ginebra –, demostraron no contar con la dignidad y el apego a la justicia suficiente para condenar el bloqueo genocida que impone Estados Unidos al pueblo cubano, en violación de sus derechos más elementales, incluyendo el propio derecho a la vida.

Los gobiernos cómplices y subordinados al Imperio en su maniobra anticubana en la CDH, quedaron al desnudo en su doble moral, hipocresía y sumisión a Washington y a sus pretensiones de dominación a la nación cubana.

Tras el rechazo de las enmiendas, fue votado el proyecto de resolución anticubano, con las siglas E/CN.4/L.2, resultando aprobado por un escaso margen de 4 votos de diferencia (24 a favor, 20 en contra y 9 abstenciones), esto a pesar de que Estados Unidos contó con 24 horas adicionales para que sus brutales presiones surtieran efecto.

La resolución anticubana (E/CN.4/RES/2003/13), aunque no cumplió todas sus expectativas, garantizó al Gobierno de los Estados Unidos la continuidad de su ejercicio anticubano en los trabajos de la Comisión. Además de mantener el tema en la agenda del órgano, logró consolidar el mecanismo de la llamada Representante Personal del Alto Comisionado, garantizando a su cruzada anticubana los servicios de un funcionario que compilaría y reproduciría las mentiras elaboradas en Washington y Miami y por qué no, también aquellas fabricadas con el dinero del Tío Sam en otras plazas como Praga y Varsovia.

Con vista al 60 período de sesiones de la Comisión, efectuado en el 2004, Estados Unidos aprovechó cada oportunidad desde fecha temprana para presionar a los gobiernos en función del ejercicio anticubano, lo que incluyó, entre otras acciones, visitas de varios subsecretarios de Estado a capitales latinoamericanas y de Europa Oriental, en particular, la subsecretaria para Asuntos Globales del Departamento de Estado, Paula Dobrianski. Fueron despachadas también a esas latitudes con igual fin, dos delegaciones de congresistas, en una de las cuales se incluyó la mafiosa de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen, republicana por la Florida. Las acciones anteriores fueron complementadas con varias giras y visitas a países latinoamericanos del ex Embajador Especial de la Casa Blanca para América Latina, el protector de terroristas y anticubano Otto Reich y del ex colaborador de Jesse Helms y también anticubano Roger Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Cumplida esta primera fase de presiones político-diplomáticas, los personeros de Washington se convencieron de que sólo podrían imponer la presentación pública del texto anticubano en la 60 CDH a uno o varios países centroamericanos o de Europa Central y Oriental. Aunque ambas opciones les resultaban poco atractivas en cuanto a imagen – varios gobiernos centroamericanos y de Europa Central y Oriental son percibidos por gran parte de la opinión pública mundial como clientes del Imperio – optaron por la variante centroamericana.

Con todo lo que pudiera alegarse, los gobiernos centroamericanos tienen la ventaja comparativa de pertenecer al concierto latinoamericano; el protagonismo público de uno o varios gobiernos centroamericanos contra Cuba en Ginebra, permitiría a la poderosa maquinaria de desinformación estadounidense presentar la maniobra anticubana como una preocupación surgida en el seno de su “propia región”.

Estados Unidos se empeñó entonces en la tarea de imponer a los gobiernos centroamericanos como grupo, la presentación pública del texto anticubano en la 60 CDH. Sin embargo, además de la resistencia desde un principio de uno que otro gobierno, sabiendo que tal escalada anticubana concitaría el más profundo repudio popular y afectaría gravemente las relaciones bilaterales con Cuba, Washington encontró un escollo que no pudo superar, a pesar de sus presiones y chantajes.

El gobierno estadounidense, tras la derrota de la enmienda presentada por encargo por Costa Rica en la 59 CDH, necesitaba asegurar la inclusión desde la primera versión del texto anticubano en la 60 CDH, de una referencia crítica a Cuba por la justa sanción impuesta a varias decenas de mercenarios en la nómina de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Algunos gobiernos centroamericanos objetaron sumarse a la presentación pública de un texto anticubano si tenía ese añadido.

Frente a ese estado de cosas, Washington desechó la estrategia del involucramiento colectivo de la subregión en la presentación del proyecto anticubano y concentró sus presiones sobre los gobiernos centroamericanos más vulnerables y dependientes. La estrategia sería sacrificar inicialmente el prestigio y la credibilidad pública de un gobierno – que sería condenado a interpretar el papel de “autor principal” – al que luego se le sumarían como copatrocinadores aquellos que sucumbieran bajo la amenaza del garrote de la superpotencia.

Más adelante será identificado el gobierno que cumplió el triste papel de presentador principal del proyecto anticubano en la 60 CDH. Como resultaría lógico pensar, la tarea recayó en un gobierno que cuenta con uno de los peores historiales en el hemisferio en materia de derechos humanos. Sólo un adelanto, se trata de un gobierno que ni siquiera ha sido capaz de poner fin a la impunidad de prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales de decenas de sus niños.

Como apoyo a las acciones de presión de la Casa Blanca y del Departamento del Estado, se efectuó en el mes de marzo una reunión del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso, convocada por la representante de origen cubano en el poder legislativo estadounidense, Ileana Ros-Lehtinen. Al evento fueron invitados diplomáticos de varios países latinoamericanos, que debieron escuchar allí en la voz de Ros-Lehtinen los objetivos que tendría que cumplir el proyecto contra Cuba en Ginebra. La mafiosa convertida en congresista, dictaminó claramente que habría que agregar al texto adoptado el año anterior, uno o dos párrafos con una condena más explícita a Cuba.

El régimen-cliente del Imperio establecido en Praga, cumplió nuevamente su papel de buhonero en el lucrativo negocio de la contrarrevolución cubana. Personeros políticos y de la diplomacia por encargo de la República Checa recorrieron diversas capitales del mundo – aprovechando las bondades de las finanzas de la superpotencia –, repitiendo cual pésimos actores de reparto el libreto anticubano escrito en Washington, con la complicidad de algunos en Miami. Debe tenerse presente que el ex presidente Havel tuvo el alto “honor” de haber sido “homenajeado” en esa ciudad de la Florida por los más altos representantes de la mafia terrorista anticubana. El Vicecanciller Vosalik, uno de los empleados subcontratados para la tarea, cumplió en los meses de febrero y marzo gestiones contra la Revolución Cubana, en visitas a países latinoamericanos, e incluso, a algunos africanos.

Conociendo la exactitud y efectividad de la labor de denuncia cubana, Estados Unidos afinó sus acciones y exigió a sus cómplices el mayor hermetismo y secreto en los preparativos del ejercicio anticubano en Ginebra. Pretendía un imposible: fabricar la percepción de que el proyecto anticubano en la Comisión de Derechos Humanos era el resultado de una preocupación genuina de la comunidad internacional.

La realidad fue nuevamente dura para Washington en el 60 período de sesiones de la Comisión. Nunca antes se hizo tan evidente la factura estadounidense del proyecto anticubano, a cuyo texto no permitieron que se le cambiara siquiera una coma. Nunca había sido tan público el involucramiento de los diplomáticos estadounidenses ejerciendo presiones para conseguir los votos necesarios a su adopción y las firmas cómplices de países arrastrados al copatrocinio.

Con el fin de garantizar la compartimentación total de la información sobre el proceso de gestación del engendro anticubano y para facilitar la efectividad de la torcedura de brazos – no se admitió la más mínima opinión discordante el acerca del producto final –, la redacción del texto del proyecto de resolución anticubano se realizó bajo el más estricto secreto en Washington.

La tarea de designar al presentador público del proyecto anticubano en la 60 CDH, había sido facilitada al Imperio por uno de sus más incondicionales servidores. José María Aznar había cumplido una vez más el papel de celestina de los intereses de Washington en su maniobra anticubana. El 5 de marzo, pidió directamente en Madrid al presidente de Honduras, Ricardo Maduro, durante la Cumbre de Jefes de Estado centroamericanos y España, que fuera su país el presentador del proyecto anticubano en Ginebra, como un gesto especial que el presidente Bush le pedía.

El 9 de marzo el secretario de Estado, Colin Powell, exigió directamente en Washington al presidente hondureño que asumiera la responsabilidad de registrar oficialmente el proyecto contra Cuba en la 60 CDH. A cambio, Powell prometió en esa ocasión que Estados Unidos consideraría a Honduras entre los países a ser incluidos en las migajas de asistencia financiera que ha prometido distribuir en el marco de una llamada Iniciativa del Milenio.

El presidente Maduro a su regreso a Honduras, anunció la mencionada promesa de asistencia estadounidense, pero ocultó la condición que le habían impuesto: renunciar a la determinación soberana de las acciones que emprende el Estado hondureño en Naciones Unidas, y peor aún, asumir el indigno papel de cómplice principal de la agresión en Ginebra a la verdad y la justicia que reivindica el pueblo cubano.
El 24 de marzo tuvo lugar en Washington una reunión convocada en la sede del Departamento de Estado, donde Marc Grossman, subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, anunció a los diplomáticos de un grupo de países invitados para la ocasión, que sería Honduras el “patrocinador principal” del proyecto anticubano en la 60 CDH. Los asistentes de Grossman procedieron seguidamente a distribuir el texto en inglés y sólo después se le concedió el uso de la palabra al embajador hondureño en Washington, que con timidez se limitó a confirmar el anuncio que había sido realizado. El embajador hondureño, visiblemente nervioso y colocado frente a una situación de humillación y embarazo, balbuceó algunas palabras incoherentes y pidió apoyo al proyecto.

Mientras todo lo anterior ocurría tras bambalinas, había sido ya distribuido oficialmente el informe de la llamada Representante Personal para Cuba del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La señora Christine Chanet, quien ha desempeñado hasta el presente el espurio mandato creado en virtud de la resolución anticubana impuesta al 58 período de sesiones de la CDH bajo las siglas E/CN.4/RES/2002/18, presentó a la 60 CDH su primer informe escrito.

El documento resultó – y no podía ser de otra manera a partir de las fuentes de información utilizadas, de las presiones ejercidas por Estados Unidos y los cómplices de su política hostil contra el pueblo cubano y de las injustas motivaciones que sustentan su elaboración – un nuevo libelo anticubano, carente de objetividad y que en lo fundamental, se limita a dar crédito a las falsas alegaciones fabricadas por los expertos de la mentira en la plantilla de la CIA, el Departamento de Estado y la mafia terrorista anticubana de Miami.

La llamada Representante Personal terminó interpretando el triste libreto anticubano concebido para su mandato por Estados Unidos y sus cómplices. En un sistema internacional de derechos humanos claramente sometido a una profunda manipulación política con fines de dominación mundial, un experto que valore su crediblidad e imparcialidad debe evaluar cuidadosamente la naturaleza y las circunstancias de la responsabilidad que se le propone antes de asumirla o ejercitarla – aunque nunca es tarde para recapacitar y actuar honestamente.

Y es que quien acepte desempeñar el mandato anticubano impuesto por la resolución 2002/18 de la Comisión, mecanismo ideado por la superpotencia para fabricar pretextos a la continuidad de su política de hostilidad, bloqueo genocida y agresiones contra el pueblo cubano, no debe esperar jamás de los cubanos y cubanas aprecio o consideración.

Las conclusiones y recomendaciones del informe de la llamada Representante Personal, son calcos y reproducciones miméticas de las exigencias planteadas por la superpotencia hegemónica al pueblo cubano con el objetivo de destruir su proceso de transformaciones revolucionarias y retrotraerlo a la abyecta condición de vasallaje neocolonial que le fuera impuesto por más de cinco décadas, tras la ocupación militar de la Isla por las fuerzas del entonces naciente imperialismo estadounidense.

La llamada Representante Personal coincidió con los personeros de la administración Bush y la mafia de Miami al solicitar a Cuba: que su gobierno interfiera y suspenda justas decisiones adoptadas por tribunales respetando el debido proceso y en virtud de leyes existentes antes de la perpetración de actos tipificados como delitos graves; que libere y extienda impunidad de facto a un grupo de mercenarios que actuaron bajo el pago y en cumplimiento de misiones asignadas por la superpotencia que agrede a su pueblo; que modifique leyes y preceptos constitucionales refrendados por la abrumadora mayoría del pueblo en ejercicio de su derechos de soberanía y libre determinación; que facilite la entrada al país a elementos internacionales al servicio de la política de hostilidad anticubana de los círculos de poder imperial estadounidense y de la mafia terrorista y anexionista de Miami, que cumplen misiones financiadas - entre otras partidas -, por los 59 millones que están siendo destinados por Washington al fomento de acciones dirigidas al aniquilamiento del sistema constitucional cubano.

La administración Bush, cumplida la tarea del sucio comprometimiento de un presentador público del texto anticubano en la 61 CDH, no abandonó ni por un segundo la conducción de la maniobra. Sus representantes desplegaron un fuerte activismo anticubano desde el inicio mismo de la Comisión en Ginebra.

Estados Unidos negó toda posibilidad de negociación al texto anticubano elaborado en Washington y obligó a los representantes hondureños a registrarlo oficialmente con premura ante la Secretaría de la 60 CDH. Se impidió incluso a los países que actúan de modo cómplice con su apoyo o copatrocinio al proyecto anticubano, la más mínima posibilidad de proponer siquiera un cambio de puntuación al proyecto anticubano.

A pesar de no haberlos consultado ni tomado en cuenta, la superpotencia hegemónica fue arrastrando, uno a uno, a los miembros de su cohorte al copatrocinio del proyecto contra Cuba. A la lista se fueron sumando los mismos de siempre: antiguas potencias coloniales venidas a menos y colocadas hoy en un triste plano de obedientes “socios” de segunda clase; “aliados” serviles y subimperialismos que sustentan sus apetencias de dominación cumpliendo funciones de cancerberos subregionales de la política agresiva de Washington; algunos regímenes clientes que aún subsisten contra la voluntad de sus pueblos en lo que la superpotencia considera como su traspatio; y otros que simplemente no tuvieron el coraje de resistir las presiones de Washington.

El 2 de abril de 2004, a las 6:00 pm hora de Ginebra, la delegación de Honduras radicó el proyecto de resolución anticubano. Los representantes estadounidenses dirigieron cada detalle de la operación. Para “compartir” y hacer más llevadera la humillación pública que le había impuesto al gobierno hondureño – país que nunca había demostrado interés en presentar proyecto de resolución alguno a la consideración de la CDH –, Washington garantizó a las autoridades de Tegucigalpa las firmas de acompañamiento de gobiernos tan “independientes” y “comprometidos” con la causa de los derechos humanos como los de Nicaragua, El Salvador, Perú, República Checa y Australia.

Haciendo gala de su larga experiencia en la materia, y a pesar de su activismo en la búsqueda de copatrocinios y apoyos, el protagonista decidió mantenerse trabajando desde la sombra. En el colmo del cinismo y la desfachatez, Washington optó por no aparecer identificado en la lista de autores iniciales del proyecto anticubano.

Su texto – si no fuera por la enorme amenaza derivada del avance de la motivación que lo inspira – merecería convertirse en un caso de estudio para políticos y diplomáticos interesados en desarrollar la retórica fútil y en expresar tan poco con tantas palabras.

Sin embargo, es importante comprender el peligro que plantea una trampa tan sutil. El ejercicio anticubano en la Comisión de Derechos Humanos es ilegítimo e inaceptable para nuestro pueblo y para todos aquellos en el mundo apegados a la verdad y la razón, no sólo por la letra del proyecto que se impone para institucionalizarlo; sino especialmente porque contribuye a fabricar un pretexto para dar continuidad a la política unilateral de hostilidad, bloqueo y agresiones que por más de cuarenta años han impuesto sucesivas administraciones estadounidenses contra la Isla, que ahora sume proporciones más peligrosas cuando el “cambio de régimen” en todos aquellos países que no se someten al imperialismo norteamericano se ha convertido en política oficial de Washington.

El texto impuesto contra Cuba en la 60 CDH, no incluye siquiera la más mínima o solapada referencia a la política de bloqueo, hostilidad y agresiones de Estados Unidos contra su pueblo, que es la única, masiva, sistemática, grave y sostenida fuente de violaciones de derechos humanos a cubanos y cubanas. ¿Cómo podría esperarse entonces que reconozca o suscriba el derecho del pueblo cubano a adoptar medidas establecidas por la Ley para proteger su independencia, su libre determinación y garantizar la defensa del sistema político, económico y social soberanamente decidido para edificar un futuro de bienestar, justicia social y solidaridad para todos?

El proyecto anticubano fue adoptado por el ridículo margen de un voto de diferencia, en votación de 22 a favor, 21 en contra y 10 abstenciones. Dicho resultado constituyó una victoria pírrica para la superpotencia, cuyos personeros se empeñaron en las más colosales y brutales presiones contra los gobiernos de países en desarrollo. Corroborando el creciente desgaste y desprestigio del ejercicio anticubano en Ginebra, la resolución recibió más votos de rechazo que nunca antes y contó con 2 votos de apoyo menos que en el año 2003.

Honduras cumplió un papel lamentable. Sus representantes, que fueron notoriamente obligados a registrar un proyecto de resolución al que no pudieron cambiar una coma, daban cada paso en la Sala de la Comisión siguiendo las instrucciones que les dictaba la delegación estadounidense. Estos últimos les indicaban los escaños donde debían recoger las firmas para el copatrocinio y los animaban en el cumplimiento de su “misión”, presentándoles cifras “infladas” acerca de los supuestos votos de apoyo que habrían asegurado tras las presiones ejercidas en Washington y capitales. Por supuesto, Honduras no consiguió ni un solo voto para “su” proyecto.

Para asegurar la adopción del proyecto anticubano en Ginebra, la delegación gubernamental de Estados Unidos a la 60 CDH fue “reforzada” con personal de larga experiencia en la ejecución de la política de hostilidad anticubana y en el uso del garrote contra gobiernos del Sur, entre ellos Frank Almaguer, tenebroso personaje de origen cubano.

Almaguer sirvió como Embajador de Washington en Tegucigalpa desde 1999 al año 2002. Anteriormente, había cumplido otras tareas de injerencia e intervencionismo en Centroamérica y otros países de América Latina, desarrollando sus misiones tras la fachada “humanitaria” de los llamados Cuerpos de Paz y de la USAID.

Nunca antes había sido tan claro el compromiso de una administración norteamericana con los elementos más reaccionarios y agresivos de la mafia terrorista anticubana de Miami. En el colmo de la desvergüenza y del desprecio a la credibilidad de la Comisión, Washington acreditó como miembro de su delegación al 60 período de sesiones del órgano a un connotado terrorista de origen cubano, Luis Zúñiga Rey.

Zúñiga Rey fue detenido en agosto de 1974 y sancionado por los tribunales al ingresar ilegalmente en Cuba procedente de Estados Unidos, cargado de explosivos y armas, como parte de un operativo de la CIA que llevaría a cabo varias acciones terroristas. A su liberación y retorno a Estados Unidos, como responsable del aparato de acciones paramilitares de la Fundación Nacional Cubano Americana, se involucró en la organización y el financiamiento de atentados con bombas en los años noventa contra hoteles de La Habana y en otras acciones terroristas contra hospitales cubanos.

El informe del Relator Especial sobre el uso de mercenarios al 56 período de sesiones de la CDH, reveló que Zúñiga Rey reclutó al ciudadano guatemalteco Percy Francisco Alvarado Godoy, para realizar estudios sobre puntos vulnerables y susceptibles de atentados terroristas en Cuba, tales como hoteles, termoeléctricas y refinerías de petróleo.

El terrorista Zúñiga Rey intervino en los debates del 60 período de sesiones de la CDH, nada menos que utilizando el escaño del país que se dice comprometido y promotor del combate al terrorismo.

La mafia terrorista de origen cubano asentada en Estados Unidos, en contubernio con la administración Bush que los cobija y aúpa, movió las cuerdas de su telaraña de influencias para sumar al espectáculo de la farsa anticubana en Ginebra a congresistas norteamericanos beneficiados por sus “generosas” contribuciones financieras.

Por los pasillos y salas de Ginebra anduvo cabildeando apoyo al proyecto anticubano y amenazando con represalias a los que no lo hicieran, Chris Smith, congresista republicano por Nueva Jersey, estado que junto a Florida cobijan a grupos de terroristas de origen cubano como Alpha 66 y Comandos L. El señor Smith contó con el apoyo de la señora Poblete, asistente de la congresista de origen cubano Ileana Ross-Lehtinen, notoria por su complicidad en el secuestro del niño cubano Elián González y su activismo para recrudecer el bloqueo genocida contra el pueblo cubano.

En su pretensión de imponer el proyecto de resolución contra Cuba a cualquier costo, los personeros del poder imperial acudieron a las amenazas más mezquinas.

A varios centroamericanos les recordaron que podrían hacer regresar a cientos de miles de sus emigrados que trabajan en Estados Unidos y poner fin al envío de remesas familiares a sus países de origen.

A algunos países africanos se les amenazó con privarlos de los beneficios de la Ley para el Crecimiento y las Oportunidades de Africa (AGOA), norma estadounidense que establece facilidades para el acceso de algunas exportaciones africanas al mercado norteamericano.

A otros países de varias regiones se les pretendió intimidar, sometiéndolos a un típico cuadro de chantaje. Se les dijo que su rechazo al proyecto anticubano, podría hacer realidad la posibilidad que fueran ellos mismos objeto de un proyecto condenatorio. El gobierno imperial llegó a prometer para aquellos que se plegaran a su demanda anticubana, el ejercicio de “buenos oficios” desestimulando cualquier iniciativa dirigida a condenar al país en cuestión, conociendo que estas maniobras condenatorias siempre son iniciadas en la Comisión en virtud de intereses de potencias industrializadas.

A varios países de diferentes regiones se les solicitó el voto anticubano o al menos la abstención, a cambio de no bloquear algún préstamo del Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene de facto el derecho de veto.

El 14 de abril de 2004, el subsecretario de Estado, Roger Noriega, confirmó que la Casa Blanca había mantenido contactos con países de América Latina y Europa solicitando el apoyo al proyecto anticubano. Dijo que incluso el propio presidente Bush estaría encargándose en forma personal del tema a través de llamadas telefónicas y señaló como ejemplo la conversación sostenida con el presidente Fox.

El secretario asistente para organismos internacionales en el Departamento de Estado, Kim Holmes, dijo públicamente que Estados Unidos estaba batallando arduamente, realizando gestiones con varios países para que apoyaran el proyecto anticubano.

El vocero del Departamento de Estado confirmó por su parte, que el presidente, el Secretario de Estado y otros funcionarios del Departamento de Estado, habían estado realizando llamadas telefónicas a los países miembros de la Comisión, identificando los intereses prioritarios de Estados Unidos con relación a las situaciones de derechos humanos e instando a que se votara en esa dirección

Algunas de las presiones fueron realizadas de modo tan escandaloso que trascendieron a la opinión pública. Uno de estos casos fue el de la República Dominicana bajo el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía. Dicho presidente había comunicado a las autoridades cubanas que se abstendría en la votación del proyecto anticubano. Ese compromiso se mantuvo hasta el día 14 de abril en la tarde, cuando faltaban menos de 12 horas para el voto en Ginebra, en que sorpresivamente el gobierno cubano se enteró de que República Dominicana se sumaría al voto contra Cuba.
Hipólito Mejía expresó públicamente en Miami que había estado recibiendo llamadas de presión sobre el voto del proyecto anticubano en Ginebra del subsecretario de Estado norteamericano, Roger Noriega y del entonces enviado especial del presidente Bush para las Américas, el también anticubano Otto Reich.

En América Latina en particular, existe una clara correspondencia entre el grado de soberanía, dignidad y popularidad de un gobierno y las posibilidades de éxito de las presiones y chantajes de Washington para comprometer el apoyo o copatrocinio al proyecto anticubano.

Son los gobiernos de la región afectados por escándalos de corrupción, fraude y bajo nivel de apoyo social, aquellos que asumen una dependencia extrema de Washington en materia de asistencia financiera y de convalidación a la represión de sus sectores populares descontentos y que representan los intereses egoístas de las oligarquías-clientes del capital transnacional, los más propensos a plegarse a los dictados anticubanos de la superpotencia, en desprecio de la voluntad de sus respectivos pueblos.

La lista de “estadistas” serviles en la región, incluiría a personajes de la “talla política” de los ex presidentes Menem (convertido en multimillonario gracias al “honesto” desempeño de su alta investidura) y Batlle (el ex presidente uruguayo que concluyó su período de gobierno con el más bajo nivel de aceptación en la historia de su país y que extendió la impunidad a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas).

Si Estados Unidos actuara en Ginebra realmente inspirado en la promoción de los derechos humanos en América Latina, no impondría al órgano la adopción de su espurio e injustificado proyecto de resolución contra Cuba. Por el contrario, sometería a la consideración de la Comisión sendos proyectos de resolución precisamente contra aquellos gobiernos latinoamericanos que suman su copatrocinio y apoyo al proyecto anticubano.

Y lo anterior no es mera retórica. Dicha tesis se sustenta en el propio contenido de los informes que anualmente prepara el Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo, con la excepción, por supuesto, del propio Estados Unidos. Sobre los gobiernos que actúan como cómplices de la maniobra anticubana en materia de derechos humanos, se incluyen en el documento de referencia datos concretos y juicios de valor que superan con creces la gravedad de las falsas alegaciones que se expresan con relación a Cuba.

Mientras las sucesivas versiones del Informe en cuestión no incluyen un solo ejemplo de violación grave y flagrante de derechos humanos en Cuba, documentan decenas y hasta cientos y miles de casos de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales – incluso de niños –, asesinatos políticos de periodistas y abogados, desalojos forzosos, corrupción y fraude en las instancias de gobierno y los tribunales, desnutrición y analfabetismo, y un cuadro de total impunidad y desesperanza que victimiza a los pueblos gobernados por los que acompañan la agresión contra la dignidad de cubanas y cubanos en Ginebra.

La presentación pública del proyecto anticubano en la 60 CDH, fue asumida por el gobierno hondureño siguiendo las órdenes de la administración Bush, en franca afrenta a la voluntad de su pueblo.

Numerosas e importantes personalidades políticas, artísticas, intelectuales y parlamentarias hondureñas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de amistad de diferentes regiones del país e incluso, algunos de los más importantes medios de prensa, como los diarios La Prensa, La Tribuna, Tiempo y El Heraldo, publicaron numerosos comunicados, declaraciones, artículos y cartas condenando la decisión anticubana adoptada por el presidente Maduro y denunciando su actuación al servicio de Estados Unidos.

Entre los comunicados y declaraciones públicas de condena a la actitud del gobierno hondureño se cuentan las realizadas por: el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), la VII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Unificación Democrática, el Bloque Popular, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), la Junta Directiva del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras y Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en nombre de varias ONGs, centrales sindicales y sindicatos ramales, organizaciones de estudiantes, indígenas y de base de la iglesia católica, etc.

El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) calificó de “injusta, indigna y moralmente incompetente la posición de Honduras contra Cuba en Ginebra” y sentenció que “el Gobierno del presidente Ricardo Maduro es jurídicamente inhábil para promover internacionalmente lo que es incapaz de hacer en su propio país”. Concluyó finalmente que “el acceso a supuestos beneficios de la Cuenta del Milenio a cambio de una condena contra Cuba, no es un negocio que nos haga sentir honrados a los hondureños”.
La Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) expresó en un comunicado publicado que “el Estado hondureño no tiene autorización moral para pronunciarse en materia de respeto a los derechos humanos” y que a Honduras “no le consta que existan violaciones de los derechos humanos en la Isla”. En el mismo se concluye: “solo estaríamos obedeciendo a una petición deshonesta, reñida con la moral y la ética, de parte del Estado más poderoso del mundo”.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) declaró que “es irónico que Honduras, donde no existe el más mínimo respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y negros y de la población en general, tenga capacidad para presentar una denuncia internacional en contra de Cuba”. Consideró que la acción de Honduras se había realizado “siguiendo los lineamientos de los Estados Unidos”.
El Colectivo de más de 600 estudiantes hondureños de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, donde cursan gratuitamente sus estudios como futuros galenos cerca de 10 mil jóvenes pobres, afrodescendientes e indígenas latinoamericanos y norteamericanos, condenó por “servil y bochornoso” el acto mediante el cual “el señor Maduro decía: ¡yes Sir!, ¡yes Sir!, a las órdenes del Norte revuelto y brutal” y manifestó que “esta acción representa una traición para el pueblo hondureño, vendiendo la dignidad popular por unos dólares más”.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba (AHC) protestó porque “el presidente Maduro, como fiel servidor de la política intervencionista de Bush, se ha arrogado el ignominioso papel de acusador.” Añadió que “no estamos de acuerdo con la política del gobierno de nuestro país” ya que, según expresara la Junta de la AHC: “además de reflejar una conducta amoral, no es el sentir y pensar del pueblo hondureño, ya que está claro que es un dictado expreso de la política exterior del gobierno Bush”. La propia Junta concluyó que “la posición de parte del presidente Maduro nos llena de vergüenza, colocando al gobierno de Honduras como cómplice de las agresiones y el bloqueo del gobierno Bush contra Cuba.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, alzó su voz en nombre del pueblo hondureño en el curso de los debates del propio 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, para condenar la actitud de su gobierno y desasociar al pueblo de su país de tan infame maniobra anticubana.

Estados Unidos fracasó una vez más en sus esfuerzos por cambiar la desprestigiada imagen de su ejercicio anticubano en la Comisión de Derechos Humanos. La motivación ilegítima de esta maniobra y las presiones y chantajes realizados directamente por la superpotencia para su injusta imposición, no pueden ser ocultadas.

No resulta creíble, por mucho que se repita, la manida tesis de Washington de que el ejercicio contra Cuba en Ginebra debe ser percibido como ajeno al intento de fabricar un pretexto para la continuidad de su política de hostilidad y bloqueo contra la Isla. Los acontecimientos se encargaron de demostrar lo contrario.

Sólo unos días después de concluido el 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, concretamente el 6 de mayo de 2004, el presidente Bush anunció la puesta en práctica de nuevas medidas dirigidas al recrudecimiento del bloqueo y a la destrucción del orden constitucional refrendado por el pueblo cubano en ejercicio de su soberanía.

Desde la llegada al poder de la administración Bush, con el apoyo entusiasta de los sectores más extremistas de Miami, Estados Unidos ha venido llevando a cabo nuevas agresiones y redoblando la aplicación de medidas dirigidas a fabricar artificialmente una situación de crisis en Cuba, que facilite un pretexto para una eventual agresión militar a la Isla. Se parte del convencimiento de que sólo mediante una intervención armada directa y masiva, podría detenerse el proceso de transformaciones revolucionarias emprendido por el pueblo cubano, a partir del sólido apoyo que cuenta y el compromiso de defenderlo de la abrumadora mayoría de cubanas y cubanos.

En el primer capítulo del Informe elaborado por la comisión creada por el presidente Bush para acelerar el llamado “cambio de régimen” en Cuba, hecho público el pasado 6 de mayo, se identifican dos tareas directamente vinculadas con la Comisión de Derechos Humanos: la organización de una amplia campaña de desinformación en el exterior y el fomento del aislamiento internacional de la Revolución mediante esfuerzos en los que se involucre a otros actores y se manipulen los espacios que brindan las organizaciones multilaterales.

En el resumen ejecutivo del mismo capítulo del documento que hiciera suyo el presidente Bush, se expresa sin ambages que la promoción de maniobras anticubanas en las organizaciones internacionales, constituye una herramienta de especial importancia como soporte a la “política de acelerar el fin del régimen de Castro”. Se recomienda específicamente “intensificar el apoyo para el monitoreo de los derechos humanos”.

No debe sorprender por tanto que en la creciente agresividad anticubana de las fuerzas imperialistas que controlan la administración Bush, las maniobras contra el símbolo de resistencia y justicia social que representa la Revolución Cubana se hayan extendido más allá del propio escenario de la Comisión de Derechos Humanos, hacia ámbitos tales como la Organización Internacional del Trabajo.

Por otra parte, se ha incluido a Cuba en cuanta lista ha inventado el Departamento de Estado con el objetivo de desacreditar a los países que no se someten a sus esquemas de dominación hegemónica global. No importa que el pueblo cubano haya sido víctima por más de cuatro décadas de las acciones terroristas de grupos que actúan con impunidad desde el territorio de Estados Unidos; Cuba aparece identificada en el esquema de certificación unilateral del Departamento de Estado como un estado que colabora con el terrorismo. Tampoco interesa el estímulo y falta de respuesta de las autoridades estadounidenses al tráfico ilegal de cubanos que llevan a cabo delincuentes que residen en el estado de la Florida; Cuba aparece sin falta en la lista de países que no colaboran en el control del tráfico de migrantes.

El patrón de conducta permanente en el diseño de la política de hostilidad anticubana de Estados Unidos es la mentira, lo que permite de modo hipócrita y oportunista, transferir a la Isla – y a otros – la responsabilidad por culpas propias. Si se comprueba que Estados Unidos constituye la principal fuente de demanda para el turismo sexual – lo cual es un hecho –, automáticamente serán fabricadas en Washington falsas alegaciones declarando entonces a Cuba como el “principal destino del turismo sexual”

A todo lo anterior se añade el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos ha rechazado en varias ocasiones las propuestas cubanas de concluir Acuerdos de Cooperación en materia de lucha conjunta contra el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas.

El gobierno norteamericano está destinando al financiamiento de sus iniciativas de “diplomacia pública” anticubana, fondos adicionales por un monto de cinco millones de dólares, que se unen a otras partidas millonarias asignadas a presupuestos públicos y de inteligencia estadounidenses que permiten “comprar adeptos” y “premiar a aliados”, en lo que Washington ha dado en llamar una “campaña de solidaridad internacional” con la “causa” de la “transición democrática” en Cuba.

Con esos fondos se han estado montando fastuosos espectáculos anticubanos en Praga y otras ciudades europeas, pagando salarios, boletos de avión, habitaciones en lujosos hoteles y altos viáticos a políticos defenestrados, cabecillas de la mafia terrorista de origen cubano, agentes y colaboradores de la Agencia Central de Inteligencia y a cuanto sinvergüenza esté dispuesto a apoyar la cruzada imperialista contra la nación cubana.

El objetivo básico de la administración Bush es proyectar la imagen de que el gobierno cubano priva a sus ciudadanos de los más elementales derechos básicos y funciona al margen del derecho internacional – calificándolo de “Rogue State” (Estado bribón) –, creando así falsas percepciones que sirvan de pretexto a un escalamiento de su política de hostilidad, bloqueo y agresiones contra el pueblo cubano.

Transcurridas apenas 48 horas de la reelección del presidente Bush, la camarilla agresiva y militarista cuyo poder recibió un sorpresivo espaldarazo en las recién celebradas elecciones imperiales, se apresuró en confirmar que su política de bloqueo y hostilidad contra Cuba permanecería inalterable.

El 4 de noviembre de 2004, el Departamento de Estado emitió una Nota de Prensa titulada "Cuba: Situación de los Derechos Humanos", en la que se repitieron varias de las mentiras, calumnias y falsas acusaciones que han sido la base de la campaña anticubana que promueve Estados Unidos en materia de derechos humanos.

En dicha nota, se recurre nuevamente a la tergiversación de lo ocurrido en marzo del 2003, fecha en que el gobierno y los tribunales cubanos se vieron obligados a actuar y hacer cumplir la Ley para neutralizar los actos delictivos de mercenarios que financiados y dirigidos por la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, pretendían destruir el orden constitucional decidido por el pueblo cubano. El fin de la impunidad para los transgresores de la Ley es descrito en el edicto anticubano de Washington como "una redada total contra los activistas independientes de la sociedad civil".

El Departamento de Estado mintió descaradamente, una vez más. Los tribunales civiles cubanos ordinarios sancionaron, en virtud de leyes existentes antes de la comisión de los delitos, no a activistas, y mucho menos independientes, sino a mercenarios anexionistas que recibían del gobierno estadounidense órdenes y dinero abundante para realizar acciones ilegales dentro de Cuba al servicio de su política de bloqueo y agresiones contra nuestra Patria. En cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos, conspirar con una potencia extranjera constituye también un delito.

La mentira – tal vez sólo igualada por la soberbia, la arrogancia, la agresividad y el desprecio al derecho, los intereses y las aspiraciones de los demás – será la característica que hará trascender en la historia a la actual administración neofascista estadounidense. ¿Y por cierto, que hubo de verdad en los tan “peligrosos arsenales” de armas de exterminio en masa de Sadam Hussein?

El gobierno de Estados Unidos no tiene la más mínima autoridad moral para acusar a Cuba. La actual administración norteamericana ha actuado como uno de los más groseros y despiadados responsables de graves y masivas violaciones de derechos humanos en toda la historia de la humanidad, cuestión agravada por el hecho de haber pisoteado y convertido en letra muerta una parte significativa de los más importantes avances de la comunidad internacional en materia de derecho internacional, en particular de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

Alegando falsos pretextos, las fuerzas militares del Imperio han ocasionado al pueblo iraquí más de 100 000 muertos civiles, entre ellos, en una elevada proporción, mujeres y niños. Las dimensiones de la tragedia humanitaria en Iraq y las prácticas masivas de torturas, ejecuciones extrajudiciales y castigos colectivos contra la población civil han conducido a muchos a calificar esa guerra de conquista imperial como un verdadero genocidio.

Por otra parte, más de 600 seres humanos permanecen detenidos arbitrariamente en el territorio ilegalmente ocupado por la base naval estadounidense en la bahía cubana de Guantánamo, en condiciones infrahumanas, sin cargos ni juicios y por un período que ya excede los tres años.

Es Estados Unidos el que a través de un cruel, inhumano y genocida bloqueo ha violado durante más de cuatro décadas los derechos humanos de todo el pueblo cubano.

Es la administración norteamericana la que, en flagrante violación de los principios del Derecho Internacional fabrica, instruye y financia a grupúsculos de mercenarios sin escrúpulos y con vocación anexionista, para que conducidos por su Sección de Intereses en La Habana, realicen actividades dirigidas a destruir el orden constitucional de la República de Cuba.

Es la Administración estadounidense la que viola los derechos de millones de ciudadanos norteamericanos, al prohibirles que viajen a Cuba.

Al presidente Bush y a sus más íntimos asociados de la mafia anticubana les molesta el ejemplo que Cuba representa en términos de justicia social, verdadera democracia y respeto a los derechos humanos. El pueblo cubano ha edificado con su sacrifico, talento y resistencia una alternativa política, económica y social viable y contrapuesta totalmente a los ideales de dominación mundial y hegemonismo unilateral que tratan de imponer los actuales dirigentes del gobierno estadounidense. Temen a la obra de la Revolución y por eso sólo les queda el recurso de mentir.

La administración norteamericana ya ha iniciado su trabajo de presiones y “comprometimiento” con vista a mantener con vida su maniobra anticubana en Ginebra. Están preocupados en Washington por el significativo desgaste sufrido por este tipo de acciones contra países en desarrollo y otros que se oponen a sus patrones de dominación global.

Su estrategia anticubana incluye varias líneas de acción. Una de ellas, de carácter más general – quizás la más peligrosa por establecer sus bases y enfoques en criterios de confrontación, exclusión y manipulación política – sea la iniciativa de la llamada “Comunidad de Democracias”.

¿En qué consiste la farsa de la “Comunidad de Democracias”?

Una vez fracasados sus planes de manipular el Movimiento de Democracias Nuevas y Restauradas con fines de ataque, condena y dominación – a partir de la acción mancomunada de los países del Sur y algunos gobiernos en el Norte que comprendieron el peligro que se derivaba de sacrificar la cooperación internacional en materia de consolidación de la democracia por motivaciones políticas tan mezquinas –, Estados Unidos decidió fabricar un nuevo mecanismo que respondiera a sus pretensiones imperiales.
Creó entonces la llamada “Comunidad de Democracias”, en una reunión organizada, dirigida y financiada por Estados Unidos en Varsovia. La supuesta “comunidad” carece de universalidad, legitimidad y credibilidad, pero cuenta, eso sí, con el abundante dinero de Washington y recurre a las sucias prácticas desarrolladas en los peores momentos de la Guerra Fría.

Mediante la manipulación de la “comunidad” que Washington tutela y controla a través de mecanismos que no tienen nada de “democráticos”, el gobierno del Imperio pretende cumplir varios objetivos:

- Garantizarse una presencia permanente en órganos como la CDH, evitando someterse a procesos periódicos electivos, y con ello, eliminar el riesgo de que pueda repetirse su amarga y humillante experiencia cuando quedara excluido de la membresía de la Comisión de Derechos Humanos.

- Controlar la composición de órganos “útiles” en la condena a gobiernos y en la imposición de sus patrones ideológicos – con especial énfasis en la Comisión de Derechos Humanos –, mediante el estímulo de la membresía de países vulnerables a sus presiones y bloqueando el acceso a aquellos que se oponen a sus políticas de dominación hegemónica.

- Fabricación e imposición de falsos “consensos” que complementen y consoliden en el terreno ideológico su incontestable hegemonía militar.

En los últimos meses ha sido común encontrar al Embajador de la superpotencia ante el Consejo Económico y Social o a la mismísima señora Dobriansky, lo mismo en Nueva York, que en Ginebra o el Medio Oriente, realizando proselitismo a favor de su secta antidemocrática, a la que llaman eufemísticamente “Comunidad de Democracias” e instando a cerrar las puertas de la CDH a países que disienten frente a sus pretensiones de dominación imperial, entre ellos, en primera fila, Cuba.

Otra línea de acción anticubana más directa, son las presiones que ejercen los embajadores estadounidenses en distintas capitales, el Departamento de Estado sobre los embajadores acreditados en Washington y la Casa Blanca sobre las distintas delegaciones de alto nivel que visitan Estados Unidos. Contamos con información al respecto, pero por razones lógicas de discreción y oportunidad, los detalles serán brindados en el momento adecuado.

¿Cuál será el gobierno que sucumbirá en el 2005 bajo las presiones de Washington y asumirá la ignominiosa tarea de presentar públicamente el proyecto de resolución anticubano promovido por Estados Unidos en la CDH? En realidad no son muchos los candidatos potenciales y todos saben que su factura y patrocinio verdadero llevará la etiqueta “Made in USA”.

Aquellos gobiernos que se sumen al copatrocinio y apoyo a la resolución contra Cuba en Ginebra, serán cómplices del plan imperialista que viene aplicando la administración Bush con el objetivo de destruir por cualquier medio – sin descartar la intervención militar directa –, el sistema político, económico y social decidido por el pueblo cubano. Esos gobiernos estarán contribuyendo a la fabricación del pretexto que utiliza Washington para el recrudecimiento de la política de bloqueo, hostilidad y agresiones contra el pueblo cubano.

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Capítulo 2: Los Procesos Intergubernamentales De La maquinaria De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos Han Sido secuestrados Por Estados Unidos Y Sus Aliados Cercanos Como Instrumentos De presión Para Sus Políticas De Dominación Global.

Casi seis décadas después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y transcurridos doce años de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, la maquinaria de las Naciones Unidas en la materia, ha demostrado una y otra vez su incapacidad para promover y proteger la realización de todos los derechos humanos para todos, sobre la base del respeto y apego a los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad.

Las labores de la Comisión de Derechos Humanos están lastradas por la manipulación política que le ha sido impuesta por un reducido grupo de países poderosos, y muy especialmente por la superpotencia hegemónica mundial. Ese pequeño grupo de Estados ricos, perciben la Comisión como su propiedad privada y la utilizan indebidamente como instrumento de presión contra los intereses de los países subdesarrollados, que representan la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas, y para imponerles determinadas normas supuestamente paradigmáticas y el pensamiento único.

La Comisión de Derechos Humanos y la Tercera Comisión de la Asamblea General, se han convertido en una suerte de tribunales inquisidores contra los países del Sur y contra todos aquellos que se oponen a la estrategia de dominación política e ideológica del Imperio. En dichas instancias se intenta de forma permanente la imposición dogmática de patrones y modelos que se pretenden universales, se trata de minimizar la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales y se pretende negar el reconocimiento y protección al disfrute colectivo del derecho de los pueblos a la paz, al desarrollo y a la libre determinación.

Predominan la manipulación, la mentira, los dobles raseros y los discursos vacíos, mientras se cierran los ojos ante realidades con las que convivimos cada día, por más que muchos procuran ocultarlas, o simplemente no verlas.

Resulta difícil reconciliar el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama que: "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", con el hecho de que los 4,500 millones de seres humanos que viven en los países subdesarrollados sólo consumen el 14 por ciento de todo lo que se produce en el mundo, mientras los 1,500 millones que viven en los países desarrollados consumen el 86 por ciento restante y el 20 por ciento de la población más rica del planeta posee 82 veces la riqueza del 20 por ciento más pobre.

Los nobles propósitos y los elevados atributos reconocidos a cada ser humano en la Declaración Universal, no pasan de ser letra muerta para casi mil millones de personas que pasan hambre, entre ellos 160 millones de niños desnutridos; para las tres quintas partes de la población de los países subdesarrollados que carece de saneamiento; para un tercio de esos 4,500 millones que no tiene acceso al agua potable; para un cuarto de esos seres humanos que no tiene vivienda y para un quinto que no dispone de servicios básicos de salud.

Treinta mil niños menores de 5 años mueren cada día y seiscientas mil mujeres mueren cada año en el parto, mientras más de 20 millones de infectados con el virus del SIDA esperan la muerte en África sin esperanza de tratamiento, en la más dolorosa negación del derecho a la vida.

Las resoluciones que se adoptan en los órganos de Naciones Unidas carecen de valor para los 850 millones de adultos analfabetos que no pueden escribir o leer siquiera la palabra "derecho” y para los 260 millones de niños en edad escolar que no reciben educación.

La Comisión de Derechos Humanos no despliega ni los esfuerzos ni los recursos necesarios para promover el derecho al desarrollo, derecho humano fundamental reconocido en la Conferencia de Viena, y único camino posible para sacar de la miseria y el hambre a la masa de los desposeídos en la Tierra que no comprenden para qué sirven las resoluciones aprobadas en Ginebra y Nueva York.

Aún muchos siguen a la espera de que la Comisión de Derechos Humanos designe un Relator Especial para dar seguimiento y potenciar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países industrializados con relación a la cuestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo y al impacto nefasto de su dramático decrecimiento en el disfrute de los derechos humanos en los países subdesarrollados.

Los derechos al desarrollo, a la vida, a la alimentación, al empleo, a la educación, a la salud; los derechos de las mujeres y los niños, en fin, los derechos de todos los habitantes del planeta, y no sólo los de un grupo privilegiado, a una existencia decorosa y al disfrute pleno de la justicia social tantas veces postergada, no son hoy prioridad para nadie más que los países pobres y subdesarrollados.

La Comisión de Derechos Humanos necesita ser transformada en un instrumento de todos los países, que vele por todos los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos es patrimonio de todos los pueblos y no sólo de unos pocos.

Todas las resoluciones relativas a países adoptadas desde 1990, apuntan con el dedo acusador hacia los países subdesarrollados, como si fueran ellos realmente los violadores de los derechos humanos; todas fueron propuestas por países desarrollados. Nadie podría cuestionar objetivamente el hecho de que un grupo minoritario de países viene imponiendo sus enfoques y puntos de vista en las decisiones que se adoptan internacionalmente en materia de derechos humanos.

En las Tablas que se anexan, se puede apreciar claramente como todas las resoluciones adoptadas en el plazo de un decenio bajo el tema 9 del programa de la Comisión, establecido para considerar las graves violaciones de derechos humanos en “cualquier parte del mundo”, o con relación a su tema 19, que sirve para promover los servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos, singularizan únicamente a estados en desarrollo.

En la Comisión se aprueba el doble de resoluciones con relación a derechos civiles y políticos que sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Se dedican tres veces más páginas de documentos oficiales a los derechos civiles y políticos que a los derechos económicos, sociales y culturales. La causa es bien conocida: a los países desarrollados sólo les interesa que la Comisión se ocupe de los derechos civiles y políticos.

Cada año, unos pocos países desarrollados acreditan para los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos a más delegados que todos los países subdesarrollados, que representan más del 75% de la población mundial. La consecuencia directa de este injusto desbalance es que los países desarrollados presentan más del 65% de todas las resoluciones y decisiones adoptadas en cada período de sesiones, lo que irremediablemente lesiona la aspiración del respeto a la diversidad enunciada en la Declaración y el Plan de Acción de Viena.

La labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es decisiva en la preparación de las sesiones y en el seguimiento de las decisiones de la Comisión. Sin embargo, los informes que se presentan a la Comisión, y en general casi todo su trabajo, es realizado por funcionarios que proceden de los países industrializados, imponiendo sus modelos, cultura, ideología y la experiencia histórica concreta de aquellos que han sido agraciados por un injusto orden mundial, que condena al ostracismo y la infertilidad el talento y la iniciativa de las grandes mayorías de seres pertenecientes a la especie humana, a los que tocó nacer al Sur del planeta.

Los países de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá tienen más personal en la Oficina de la Alta Comisionada que todos los países subdesarrollados en su conjunto. Los derechos humanos son universales, pero es muy difícil que funcionarios procedentes de países con un Producto Interno Bruto per cápita superior a los veinte mil dólares, tengan la misma percepción de esos derechos que funcionarios de países cuyo per cápita no supera los trescientos dólares. Esta contradicción se convierte de forma creciente en un desafío insoluble, mientras los países pobres asisten impotentes al éxodo incontenible de sus intelectuales y profesionales hacia los países ricos, en la búsqueda de mejores oportunidades y sueños imposibles.

Nadie en su sano juicio podría afirmar que en los países desarrollados no existen violaciones de los derechos humanos; lo que sí resulta imposible, es analizar en la Comisión esas violaciones.

La Comisión de Derechos Humanos permanece maniatada como consecuencia de las presiones que sobre sus miembros ejercen algunos gobiernos del Norte. Esa instancia no ha podido evaluar – siquiera debatir –, por ejemplo, las graves violaciones de derechos humanos derivadas de la conducta de las autoridades estadounidenses en el tratamiento a detenidos, ya sea en el territorio que ilegalmente ocupa su base militar en la Bahía de Guantánamo o en la prisión de Abu Ghraib y otras en el Iraq ocupado.
La incapacidad de la maquinaria de derechos humanos de la ONU para atender violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos, cuando sus perpetradores son ciudadanos de la superpotencia o de sus principales aliados. La impunidad de los poderosos.

El 26 de marzo del 2003, durante los trabajos del 59° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, se presentó al plenario una propuesta de convocar una sesión especial urgente del órgano, con el fin de examinar los efectos sobre la población iraquí de la guerra desatada por Estados Unidos y sus aliados más cercanos.

Como se conoce, esa guerra imperialista había sido iniciada una semana antes, violando las más elementales normas del derecho internacional, en franco desprecio a la voluntad de la comunidad internacional y a la autoridad de las Naciones Unidas, en particular a su Consejo de Seguridad, recurriendo a los más burdos pretextos y mentiras.

La propuesta de celebrar el debate del tema, fue patrocinada por Argelia, Burkina Faso, la Federación Rusa, la Jamahiriya Árabe Libia, Malasia, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, Sudán y Zimbabwe, y fue sometida a la consideración de la Comisión, durante los debates del tema 3 de su programa, titulado: Organización de los trabajos del período de sesiones.

La solicitud no prejuzgaba el rumbo y los resultados del debate. Sólo se pedía considerar y atender con carácter urgente los efectos de la guerra en el pueblo iraquí.

La reacción de Estados Unidos y sus aliados no se hizo esperar. Alemania, en nombre del Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados, expresó su rechazo a la propuesta y presentó una moción procesal de aplazamiento del debate por 24 horas, invocando el reglamento de las Comisiones Orgánicas del Consejo Económico y Social.

Al día siguiente, la República Árabe Siria, en representación de los coautores de la propuesta, procedió a su revisión. Solicitó que la misma fuera atendida bajo el tema 4 del programa: “Informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y seguimiento de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos” y enmendó oralmente el título, que quedó de la siguiente manera: “Sesión Especial del 59° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y la situación humanitaria en el Iraq, como consecuencia de la guerra”.

Numerosos miembros del Grupo de Europa Occidental y otros Estados – al que pertenece Estados Unidos –, declararon en el debate su rechazo a la propuesta, recurriendo a los más diversos, insostenibles e impúdicos pretextos.

La propuesta fue sometida a votación nominal y rechazada por 25 votos en contra. Se opusieron Estados Unidos, todos los países miembros de la Unión Europea y sus asociados, varios latinoamericanos cuyos gobiernos fueron arrastrados a la aventura imperialista y algunos otros que sucumbieron frente a las presiones del agresor.

Mientras las bombas “inteligentes” mataban y mutilaban a miles de civiles inocentes y destruían obras insustituibles del patrimonio iraquí y universal, la Comisión de Derechos Humanos fue amordazada y obligada a guardar un bochornoso y cómplice silencio.

En un alarde de hipocresía, la Unión Europea presentó posteriormente su tradicional proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Iraq, bajo el tema 9 del programa de la Comisión, en el que se solicitó al Relator Especial presentar un informe al próximo período de sesiones de la Comisión, analizando las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en dicho país únicamente antes del inicio de la invasión militar, como si la historia de Iraq se hubiere detenido ese día. Ni el más mínimo espacio al monitoreo de los actos de los legionarios del Imperio.

El texto impuesto a la Comisión, permitió detener el calendario de los hechos en Iraq, ese día de marzo de 2003 en que cayeron los primeros misiles estadounidenses sobre su territorio. Las consecuencias humanitarias de una guerra de conquista que ha puesto fin a la vida de decenas de miles de civiles inocentes y que ha impacto a la opinión pública mundial por la brutalidad de las torturas a detenidos perpetradas por las tropas estadounidenses de ocupación, se han mantenido como un tema vedado a la consideración de la CDH.

La impunidad fue confirmada en el 60º período de sesiones de la CDH. Para que los ocupantes no se sintieran siquiera aludidos en sus crímenes, se adoptó una cínica solución: por primera vez tras muchos años, la Unión Europea “se abstuvo” de someter a la Comisión un proyecto de resolución sobre la situación de derechos humanos en Iraq. Súbitamente, desapareció el interés en el tema.

Otro proceso que puso nítidamente al desnudo la hipocresía y los dobles raseros que aplican Estados Unidos y sus aliados en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos, se desarrolló en el marco de su 60° período de sesiones, en abril del 2004, cuando Cuba introdujo la iniciativa titulada “Cuestión de las detenciones arbitrarias en el área de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo.”

Ese proyecto de resolución no pudo ser sometido al voto, a partir de las maniobras emprendidas por la Unión Europea y algunos gobiernos latinoamericanos, en complicidad con las autoridades de Washington.

La Unión Europea, que una y otra vez ha repetido estar en contra de las mociones de no acción en el ámbito de los derechos humanos, comunicó en aquella ocasión su decisión de recurrir a una maniobra procesal contra el proyecto presentado por Cuba, que no sólo hubiera impedido a la Comisión tomar acción sobre la propuesta, sino que habría incluso censurado e imposibilitado su debate y consideración.

Todo esto sucedió a pesar de que solo unas semanas antes el Parlamento Europeo había pedido a su presidencia que en el mencionado período de sesiones los países europeos patrocinasen un proyecto de resolución en que se instara a los Estados Unidos a aclarar inmediatamente la situación de los prisioneros de Guantánamo, en lo relacionado con las normas internacionales en materia de derechos humanos y derecho humanitario, y, en consecuencia, a proceder al enjuiciamiento o puesta en libertad de los reclusos. También se reiteraba la solicitud de crear un mecanismo de vigilancia independiente sobre ese caso en el marco de las Naciones Unidas.

Los gobiernos de la Unión Europea no sólo se negaron a asumir tal liderazgo, sino impidieron también a otros cumplir tal deber. Una vez más, cerraron sus ojos para no ver y extendieron una cortina cómplice para ocultar las graves violaciones de derechos humanos que llevan a cabo las autoridades estadounidenses contra cientos de personas confinadas en condiciones que asemejan verdaderos campos de concentración, en los perímetros del territorio ilegalmente ocupado por la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo.
Meses después, en el marco del período sustantivo del Consejo Económico y Social que tuvo lugar en Nueva York, en el verano del 2004, se sometió a la adopción de ese órgano principal de las Naciones Unidas el proyecto de resolución L.17 Rev.1, titulado: “Cuestión de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo”. El proyecto L.17 Rev.1 fue presentado por la delegación cubana al evento, como continuidad de los esfuerzos iniciados en el 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

En esta nueva oportunidad, el proyecto de resolución presentado por Cuba sugería un título, un contenido y un enfoque novedoso, al no identificar la responsabilidad de país alguno y mantener una estricta naturaleza temática. De hecho, la mayoría de los párrafos contenidos en el proyecto estaban construidos a partir de lenguaje ya consensuado con anterioridad y, en particular, tomaban como base textos de los instrumentos internacionales vigentes en la materia.

Lamentablemente, para los países que integran la Unión Europea, para el resto de los países industrializados de Occidente, y para algunos otros que no pueden resistir – con apego a la verdad y a la justicia – las presiones de la superpotencia hegemónica, no importó que el contenido de la nueva iniciativa fuera incuestionable desde el punto de vista del derecho, de la necesidad y de la ética.

No incidió tampoco en la determinación de las posiciones de estos gobiernos, que el proyecto de resolución respondiera positivamente a los reiterados y urgentes reclamos de acción, frente a aberrantes violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de operaciones militares internacionales emprendidas para el supuesto combate al terrorismo, realizados por importantes personalidades mundiales, organizaciones no gubernamentales, mecanismos de la CDH, órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos y la opinión pública mundial.

Bastaría mencionar el Comunicado Conjunto elaborado por la Oncena Reunión Anual de los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos, dado a conocer el 25 de junio de 2004, a través del cual cuatro representantes de los procedimientos especiales de la CDH, solicitaron visitar las instalaciones donde se encuentran detenidas personas por supuestos vínculos con el terrorismo, en los territorios de Irak, Afganistán y la base naval estadounidense en Guantánamo.

Lejos de acompañar y contribuir a los esfuerzos de negociación promovidos por la delegación cubana, otra vez los grandes “campeones” de los derechos humanos – las potencias industrializadas del Norte –, se dedicaron a fabricar un arsenal de pretextos y falsos argumentos, para mantener la vigencia de la inmunidad en la aplicación de las normas del derecho internacional a los responsables de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos, cometidas en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas en los territorios de Afganistán e Irak.

La delegación de Estados Unidos solicitó el voto al proyecto, en el Consejo Económico y Social, que fue rechazado por 24 votos en contra, 12 a favor y 17 abstenciones. La responsabilidad de que la propuesta no haya podido ser adoptada, no debe ser sin embargo achacada sólo a las fuertes presiones realizadas por las embajadas estadounidenses en distintas capitales del mundo. Fue decisivo el apoyo cómplice y el activismo desplegado por la Unión Europea y otros países desarrollados, con el objetivo de mantener la impunidad de las brutales violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por su aliado estratégico.

Resistiendo las tremendas presiones norteamericanas, la inmensa mayoría de los países del Sur votaron a favor, o al menos se abstuvieron, en la adopción del proyecto L.17 Rev. 1. De hecho, 30 países, de los 54 miembros del Consejo, no acompañaron la solicitud expresa de Washington de votar en contra de la iniciativa cubana. Con ello, se demostró una vez más, la importante reserva de fuerza y resistencia que tienen nuestros pueblos en defensa de la dignidad humana, la verdad y la justicia.

Los que impidieron que la maquinaria de las Naciones Unidas de derechos humanos diera seguimiento y brindara una respuesta efectiva a casos de violaciones de derechos humanos, como los abusos sexuales contra detenidos cometidos por las tropas norteamericanas que ocupan Iraq, profusamente documentados a través de los medios internacionales son los mismos que están siempre dispuestos a garantizar la impunidad de Washington. Son los mismos que presentan, co-patrocinan y apoyan cada año, injustos proyectos condenatorios contra varios países del Sur en la Comisión de Derechos Humanos, entre ellos, la inútil y espuria farsa anti-cubana que promueve Estados Unidos.

Una vez más, quedó demostrada la incapacidad del llamado sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos, para funcionar sobre la base de los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad.

La Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social, la Asamblea General y el resto de las instancias de las Naciones Unidas que atienden el tema de los derechos humanos, se mantienen secuestrados y han quedado convertidos en simples instrumentos de los intereses de dominación de las grandes potencias, lo cual ha sido especialmente visible en las acciones de manipulación política de sus trabajos, llevadas a cabo por la actual administración estadounidense.

Las presiones, las amenazas, los condicionamientos y hasta el chantaje, siguen siendo los “argumentos” preferidos por Estados Unidos y sus aliados incondicionales, para continuar utilizando a esos órganos como verdaderos tribunales, en los que pretenden condenar a aquellos que disienten, resisten y luchan contra los designios de dominación global de los centros de poder del capital transnacional.

Sin embargo, son muchos los que cuestionan este estado de cosas y no se resignan a que tenga que seguir así. En el informe presentado por el “Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio” que fuera establecido por iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas (ver Documento A/59/565), se cuestiona claramente la situación de “menor credibilidad” a la que ha sido conducida la Comisión de Derechos Humanos, afirmando categóricamente que la “Comisión no puede ser creíble si se considera que aplica dos medidas distintas cuando se trata de cuestiones de derechos humanos.”

Han sido varios los procedimientos especiales de la Comisión que se han negado a sumarse al silencio cómplice que imponen las potencias del Norte con relación a las graves violaciones de derechos humanos de la superpotencia y a su cuestionamiento esencial de principios y normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Los presidentes de los grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos sobre Detenciones Arbitrarias y Desapariciones Forzadas e Involuntarias y los relatores especiales contra la Tortura, sobre el Derecho al disfrute del más alto nivel de Salud física y mental posible, sobre la Independencia de Jueces y Magistrados y el experto independiente sobre la Situación de los derechos humanos en Afganistán, acaban de expresar en un informe graves preocupaciones sobre la situación de los detenidos en Guantánamo bajo acusaciones de terrorismo.

El informe señala que muchos de los reclusos han estado virtualmente incomunicados en casi tres años de detención, sin asesoría legal o información sobre la posible duración de su detención, en condiciones que, de acuerdo a numerosos observadores, equivalen a un trato inhumano y degradante.

Los expertos señalaron que las recientes medidas tomadas por Estados Unidos, como la liberación de algunos detenidos y la decisión de la Corte Suprema sobre el derecho al habeas corpus, no disiparon las serias preocupaciones sobre la necesidad de evaluar objetivamente las denuncias de tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes, particularmente en los métodos de interrogatorio aplicados a los detenidos.

Calificaron de extremadamente desconcertante que la cifra exacta y los nombres de los detenidos sigan sin conocerse y que se realicen traslados no declarados a otros centros de detención, frecuentemente secretos, bajo la jurisdicción de Estados Unidos u otros países.

Agregaron preocupaciones sobre la independencia del proceso de instrucción y la justeza de los procedimientos, incluyendo eventuales cortes marciales en las que los detenidos carecían de acceso a asesoría legal y a la mayoría de las evidencias presentadas en su contra.

Finalizaron diciendo, que las condiciones de detención, especialmente las de confinamiento en solitario, representan un elevado riesgo de deterioro psíquico, incluyendo el posible desarrollo de cuadros psiquiátricos irreversibles.

Después de que tantos mecanismos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos hayan dictaminado semejante cuadro de graves violaciones, cabría esperar que se convocara una Sesión Extraordinaria de la Comisión para analizar la situación en la base naval estadounidense en Guantánamo y que en ningún caso, tal asunto permaneciera ajeno a las decisiones intergubernamentales del órgano.

Al menos, eso es lo que ocurriría si el transgresor hubiese sido un país africano, asiático, árabe o latinoamericano. En ese caso, habrían sido sin dudas el propio Estados Unidos y la Unión Europea los primeros en exigir sanciones inmediatas e invocar un pretendido "derecho de intervención humanitaria."

Cuba, sabiendo que representa en su batalla internacional en el terreno de las ideas los intereses y las aspiraciones de libertad, independencia, justicia y bienestar de todos los pueblos del mundo, someterá a la consideración de los venideros foros de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, nuevas iniciativas que enfrentarán directamente la hipocresía, el cinismo y el oportunismo que sigue determinando el accionar de una gran parte de los gobiernos del Norte en las labores de esos órganos.

Cuba no cejará en su batalla por colocar dichas instancias en función de la defensa verdadera de las nobles causas y aspiraciones de justicia, desarrollo, equidad, paz y solidaridad, que tanto requieren las grandes mayorías de la humanidad, a las que le continúa vedada la posibilidad de conocer siquiera que tienen derechos.

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ANEXO: Tablas con las resoluciones por países adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos en el período 1995-2004, con relación a los temas de su programa titulados: “Situaciones persistentes de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo” (tema 9) y “Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos” (tema 19).