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CUBA Y LOS DERECHOS HUMANOS
(Parte
IV)
Cuarta Parte: El Bloqueo De Los Estados Unidos Contra Cuba: Violación
masiva Y Sistemática De Los Derechos Humanos Del Pueblo
cubano
Capítulo
1: Nuevas acciones que recrudecen el genocida bloqueo económico, comercial y
financiera contra el pueblo cubano
Capítulo
2: La manipulación política de las relaciones migratorias bilaterales llevada a
cabo por sucesivas administraciones estadounidenses. El presidente Bush la
emprende contra las familias cubanas e impide la continuación de los escasos
intercambios académicos, culturales y educativos que tenían lugar entre los
pueblos estadounidense y cubano
Capítulo 1: Nuevas Acciones Que Recrudecen El Genocida Bloqueo
económico, Comercial Y Financiero Contra El Pueblo Cubano.
El
pueblo cubano ha sufrido por más de cuatro décadas un bloqueo económico,
comercial y financiero que busca doblegar su resistencia y hacerle renunciar a
su derecho a la soberanía y la independencia. La administración del presidente
George W. Bush ha recrudecido esa política genocida contra la nación cubana a
extremos sin precedentes.
La
exigencia de que se ponga fin a esa política, reafirmada cada año por una
abrumadora mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas a través de
sendas resoluciones de su Asamblea General, se enfrenta a la conducta de abierto
desprecio de las autoridades estadounidenses al Derecho Internacional.
Tal
política no solo pretende asfixiar al pueblo cubano y afectar sus relaciones con
terceros países, también prohíbe y restringe libertades esenciales para el
pueblo estadounidense, incluso algunas de rango constitucional.
El
pasado año trascenderá en la historia como uno de los de mayor virulencia e
irracionalidad en la aplicación del criminal bloqueo contra Cuba. Las nuevas
medidas diseñadas y ejecutadas durante dicho período por el gobierno
estadounidense, se añadieron y articularon al entramado de leyes y regulaciones
que han conformado y escalado el bloqueo contra Cuba por más de cuarenta años.
No
existe norma alguna del Derecho Internacional que justifique el bloqueo en
tiempos de paz. Desde 1909, en la Conferencia Naval de Londres, quedó definido
como principio del derecho internacional que el “bloqueo es un acto de guerra” y
sobre esta base, su empleo es posible únicamente entre los beligerantes. La Ley
norteamericana de Comercio con el Enemigo, permite al Presidente imponer medidas
de emergencia económica, pero sólo durante tiempo de guerra o ante la existencia
de una amenaza flagrante a los intereses de seguridad nacional.
Varios instrumentos regionales y multilaterales condenan estos actos por
ser contrarios a la paz y a la seguridad internacional. Conforme a lo dispuesto
en el inciso c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y
la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, el bloqueo contra
Cuba califica como un acto de Genocidio.
La
absoluta falsedad de las muy diversas excusas que por más de cuatro décadas han
empleado sucesivas administraciones norteamericanas como pretextos a su guerra
económica contra Cuba, ha quedado demostrada en los propios documentos oficiales
estadounidenses desclasificados en 1991 . En los mismos aparecen testimonios y
pruebas irrefutables de que esa hostilidad antecedió a cualquier medida adoptada
por el Gobierno Revolucionario a partir de 1959.
Los
representantes de la dictadura batistiana huyeron a los Estados Unidos con 424
millones de dólares robados de los fondos de la República, que fueron
depositados en bancos norteamericanos y que nunca fueron devueltos al pueblo
cubano. Más aún, en 1959, a sólo cinco semanas del triunfo popular, le fue
negado a las nuevas autoridades un modesto crédito solicitado a Estados Unidos
para mantener la estabilidad de la moneda nacional.
El
Gobierno Revolucionario cubano, adoptó una serie de legítimas medidas destinadas
a recuperar las riquezas del país y ponerlas al servicio del pueblo. La reacción
de los Estados Unidos fue rápida y agresiva. El 8 de julio de 1959, para hacer
expedita la venganza tras la adopción de la Ley de Reforma Agraria cubana, el
Congreso norteamericano otorgó al Presidente mayores facultades para suspender
la ayuda extranjera a todo país que confiscara propiedades norteamericanas.
Una
tras otra, se fueron sucediendo las sanciones unilaterales de Estados Unidos
contra Cuba, con el objetivo de generar un descalabro en su economía. A la
eliminación de la cuota azucarera cubana (julio/1960), le siguieron la
prohibición de la asistencia a Cuba y el establecimiento del embargo al comercio
(Sección 620/a de la Ley de Asistencia al Exterior de 1961) y la negativa de las
empresas norteamericanas, por instrucciones de su Gobierno, a refinar el
petróleo soviético que Cuba se vio obligado a comprar, tras la prohibición que
se impusiera a las empresas norteamericanas de vender combustibles a la
Isla.
El 3
de febrero de 1962, el Presidente Kennedy emitió la Proclama Nº 3447, decretando
un embargo total al comercio con Cuba y orientó al Secretario del Tesoro llevar
adelante las prohibiciones de exportación a nuestro país. Esta Proclama marca
históricamente la institucionalización pública del bloqueo a Cuba, que, como se
ha visto, había comenzado mucho antes.
Desde
fecha tan temprana como el 6 de abril de 1960, un informe del funcionario del
Departamento de Estado, I. D. Mallory, desclasificado en 1991, destacaba la
finalidad perseguida con las presiones económicas que se gestaban, al
expresar:
(…)
“La mayoría de los cubanos apoyan a Castro” (…) “no existe una oposición
política efectiva. El único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a
través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las
dificultades económicas (…) Debe utilizarse prontamente cualquier medio
concebible para debilitar la vida económica de Cuba (…) Una línea de acción que
tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir
los salarios, reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el
derrocamiento del gobierno.
No
pretende este documento realizar un análisis histórico abarcador de las
distintas etapas transitadas por la política genocida de bloqueo estadounidense
a Cuba. Para comprender la naturaleza criminal, mezquinas motivaciones y
nefastas consecuencias del bloqueo sobre el disfrute de los derechos humanos del
pueblo cubano, resultaría suficiente presentar algunos apuntes acerca de su
ejecución durante los últimos meses.
Entre
los hechos más relevantes en la escalada de la guerra económica contra Cuba,
entre el verano del año 2003 y fines del año pasado, podrían ser
mencionados:
El 30
de septiembre del 2003, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió una regulación para
prohibir la publicación de artículos científicos provenientes de aquellos países
sujetos a un régimen de sanciones por el gobierno de los Estados Unidos, entre
los que se encuentra Cuba. Luego de fuertes presiones de la comunidad científica
y académica estadounidense, la medida fue suspendida el 5 de abril del
2004.
El 9
de febrero del 2004, el Secretario del Tesoro norteamericano, John Snow, en una
nueva medida de carácter extraterritorial, anunció en la ciudad de Miami el
bloqueo inmediato por la OFAC de los bienes bajo jurisdicción estadounidense de
10 empresas de “propiedad del gobierno cubano o controladas por el gobierno o
nacionales cubanos”, que se especializaban en la promoción de viajes a Cuba y el
envío de regalos. Ello incluía entidades organizadas y localizadas en Argentina,
Bahamas, Canadá, Chile, Holanda y el Reino Unido.
El 26
de febrero del 2004, el Presidente George W. Bush firmó la Proclama Presidencial
7757, que restringe la salida del territorio de los Estados Unidos de las
embarcaciones que tienen intención de entrar a Cuba. Las regulaciones para su
puesta en vigor, emitidas por el Servicio de Guardacostas el 8 de julio del
2004, declaran abiertamente que el objetivo que estas persiguen es “mejorar la
aplicación del embargo contra el gobierno de Cuba”. Se prevén sanciones de hasta
25 mil dólares, o cinco años de prisión, o ambas, así como la confiscación de
las embarcaciones de los infractores.
El
gobierno norteamericano desató fuertes presiones sobre instituciones bancarias
de terceros países, para obstaculizar e impedir las operaciones financieras
cubanas. El banco suizo Unión de la Banca Suiza fue multado por 100 millones de
dólares por aceptar transacciones provenientes de Cuba.
El 6
de mayo del 2004, el Presidente George W. Bush aprobó en su totalidad el Informe
de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”. Este incluye unas 450
recomendaciones y propuestas de nuevas medidas para derrocar a la Revolución
Cubana e instaurar un régimen títere bajo el control total de los Estados
Unidos.
El 30
de junio del 2004, entraron en vigor regulaciones que aseguran la aplicación y
endurecen las medidas anunciadas el 6 de mayo.
El
bloqueo económico, financiero y comercial que diez administraciones
estadounidenses han venido aplicando y fortaleciendo contra Cuba, forma parte de
toda una política de hostilidad y agresiones contra la existencia misma de la
nación cubana, entendida ésta como un proyecto de construcción soberano e
independiente de los cubanos y para los cubanos.
Uno
de los momentos más significativos en el reforzamiento y ampliación del ámbito
de aplicación del bloqueo, lo constituyó la aprobación en 1992 de la llamada Ley
Torricelli, concebida con el cínico y criminal propósito de dar la estocada
final y arruinar la economía nacional.
Esta
legislación cortó abruptamente el comercio de medicinas y alimentos de Cuba con
las subsidiarias de compañías estadounidenses en terceros países, en un período
en que se produjo la pérdida brusca del 85 % del comercio exterior de Cuba, como
consecuencia de la desintegración del campo socialista en Europa Central y
Oriental y de la propia Unión Soviética. También estableció severas
prohibiciones a la navegación marítima desde y hacia Cuba, institucionalizando
con fuerza de ley, claras disposiciones extraterritoriales
El
criminal propósito de afectar severamente los derechos a la salud y a la
alimentación del pueblo cubano eran evidentes. Las importaciones cubanas
procedentes de subsidiarias norteamericanas ascendían en 1991 a 718 millones de
dólares, de los cuales, el 91 % lo constituían importaciones de alimentos y
medicinas.
En
1996 se adoptó la Ley Helms-Burton que, entre otras cuestiones: perfeccionó
hasta el nivel de detalles los mecanismos de represión al más mínimo vínculo
económico, comercial y financiero de empresas norteamericanas con la Isla;
incrementó el número y alcance de las disposiciones de efecto extraterritorial
con el objetivo de perseguir cualquier transacción o negocio que beneficie a la
economía cubana; impuso la persecución y sanción a los inversionistas
extranjeros en Cuba; autorizó el financiamiento de acciones hostiles,
subversivas y agresivas contra el pueblo cubano, promoviendo un programa
dirigido a destruir el sistema constitucional que se ha dado el pueblo cubano y
a imponer un “cambio de régimen” que garantice la realización de los objetivos
de dominación de los círculos imperialistas de Estados Unidos contra la nación
cubana.
A
partir de entonces, se fueron sumando una tras otra, en una larga lista, nuevas
acciones y medidas de hostilidad y agresión, tratando de tapar cualquier
orificio o grieta que se detectara en el cerco de sanciones creadas para el
bloqueo a Cuba.
Según
cifras actualizadas en el 2004 por la Oficina Nacional de Estadísticas de la
República de Cuba, el 69% de la población residente en el país nació después de
1959, por lo que aproximadamente siete de cada diez cubanos han nacido y vivido
bajo el régimen de sanciones coercitivas unilaterales que establece la política
de bloqueo estadounidense.
La
evaluación económica preliminar de los daños directos sufridos por el pueblo
cubano por la aplicación del bloqueo genocida durante más de 4 décadas, revela
que éstos superan la cifra de 79 mil 325.2 millones de dólares, un promedio de
mil 803 millones de dólares anuales. Esta cifra, aún conservadora, no incluye
los más de 54 mil millones de dólares imputables a daños directos ocasionados a
objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y acciones
terroristas estimuladas, organizadas y financiadas desde los Estados Unidos.
(Ver anexo)
Tampoco refleja el valor de los productos dejados de producir por las
restricciones, o los daños derivados de las onerosas condiciones que se le
imponen a Cuba para la obtención de créditos de inversiones, comercio, bancarios
e internacionales. De haber podido acceder en los niveles y condiciones promedio
al financiamiento otorgado a otros países de similar nivel de desarrollo
económico en la región, la economía del país mostraría un grado muy superior de
desarrollo y el nivel de vida de la población – expresión directa de la
realización de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al
desarrollo – habría alcanzado niveles mucho más elevados.
Si el
país hubiera podido disponer de los recursos que pierde cada año con motivo del
bloqueo norteamericano, los mismos habrían tenido un efecto multiplicador en la
elevación del nivel de vida y de realización de los derechos económicos,
sociales y culturales de su población. Por ejemplo, con solo 127,6 millones de
dólares anuales se podría garantizar un litro de leche diario a 1,2 millones de
niños entre 7 y 15 años de edad. Hoy solo se puede garantizar un litro diario a
precios subsidiados para los niños hasta los 7 años de edad. Con 51,8 millones
de dólares adicionales se duplicaría la cuota de pollo que hoy se distribuye
mensualmente por la libreta de racionamiento a todos los cubanos. Con mil
millones de dólares anuales se habrían construido 100 mil nuevas viviendas por
año en todo el país. En 5 años habrían recibido una vivienda adecuada 2,5
millones de cubanos, casi la cuarta parte de la población de la Isla.
Resultaría imposible para la Administración de Bush sostener su política
de hostilidad, bloqueo y agresiones contra Cuba en una supuesta necesidad de
promover y proteger los derechos humanos en la Isla.
¿Cómo
podría pretender arrogarse el título de defensor de los derechos humanos del
pueblo cubano, el gobierno que es responsable de las más atroces y premeditadas
agresiones contra las políticas y programas dirigidos a promover el desarrollo
económico y social, el bienestar, la seguridad y el derecho a la vida de los
cubanos y cubanas?
La
Administración de Bush ha hecho mucho más férrea la aplicación del bloqueo a
Cuba. A finales del pasado año, senadores y congresistas norteamericanos
denunciaron públicamente que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
empleaba cinco veces más agentes para perseguir e investigar las violaciones a
las leyes del bloqueo contra Cuba, que los que dedicaba a rastrear las finanzas
de Al-Qaeda.
Entre
1990 y el 2003, la OFAC inició solamente 93 investigaciones relacionadas con el
terrorismo internacional, mientras desató 10 mil 683 pesquisas para impedir que
los norteamericanos ejerzan su derecho de viajar a Cuba. Luego de las 93
investigaciones sobre terrorismo, la OFAC multó con un total de 9 mil 425
dólares a los inculpados. En cambio, penalizó con un total de 8 millones de
dólares a los ciudadanos norteamericanos que habían visitado la Isla sin las
licencias del Departamento del Tesoro.
En un
informe de fecha 9 de febrero de 2004 la OFAC se felicitaba porque su División
de Penalidades Civiles tenía en ese momento una lista de 200 acciones
relacionadas con violaciones del bloqueo a Cuba y por el hecho de que la mayoría
de ellas habían resultado en sanciones monetarias. Además, anunciaba que entre
el 10 de octubre y el 30 de noviembre de 2003, habían notificado 348 nuevas
acciones penales por actividades de esa naturaleza.
A
causa de las abusivas medidas aplicadas, a partir del 30 de junio de 2004, la
economía cubana dejará de ingresar entre 93 y 104 millones de dólares en la
esfera del turismo, sin contar los daños que ocasionarán las acciones que en
terceros países alientan las autoridades norteamericanas para desestimular el
turismo hacia Cuba, perjuicios que por el momento no han podido ser
cuantificados.
Más
acoso extraterritorial
Las
autoridades estadounidenses utilizan como pretexto para sostener sus políticas
unilaterales de coerción económica, que cada país tiene derecho a seleccionar a
sus contrapartes comerciales. Sin embargo, en el caso del bloqueo a Cuba,
resulta evidente que la aplicación de esa política rebasa con creces el simple
rechazo de un socio comercial.
El
Informe de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, recomendó “aplicar
firmemente” las sanciones contenidas en el Título IV de la Ley Helms-Burton, que
prohíbe el otorgamiento de visas para entrar a Estados Unidos a inversionistas
extranjeros en Cuba. Incluso, dispuso destinar recursos adicionales y más
personal para hacer cumplir esas disposiciones de la Ley.
El
Informe instó a las autoridades norteamericanas a realizar un estudio riguroso
para evaluar si la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton podría
acelerar la caída de la Revolución Cubana. En la práctica, evocó la posibilidad
de celebrar juicios en cortes norteamericanas contra empresarios de terceros
países que realicen negocios con Cuba, algo que hasta ahora, y gracias a la
presión internacional, se ha venido posponiendo periódicamente cada 6
meses.
Las
nuevas medidas prevén, además, una revisión país por país, para imponer patrones
selectivos de castigo y dividir a la comunidad internacional en su rechazo a la
aplicación de las medidas extraterritoriales de la Ley Helms-Burton.
El
Informe también insiste en “neutralizar a las empresas ficticias que son en
realidad propiedad del Gobierno cubano” y con este fin, propuso crear un Grupo
de Evaluación de Bienes, dedicado a investigar las nuevas maneras en que se
introducen y sacan divisas de Cuba.
Antes
de que se anunciaran las nuevas medidas anticubanas, la administración de Bush
había venido dando pasos para entorpecer las relaciones de nuestro país con
diferentes instituciones bancarias en el mundo y así bloquear los ingresos que,
por concepto de turismo, recaudación de dólares a través de las ventas en las
tiendas en divisas, y otros servicios, Cuba obtiene y deposita en bancos
extranjeros. Dichos fondos, cuyos orígenes son absolutamente legítimos, se
utilizan directamente, entre otros fines, a la compra de combustibles,
alimentos, equipos médicos y medicinas.
Las
afectaciones de estas medidas, debido a su extraterritorialidad, se han hecho
sentir en todas las esferas de la vida económica del país. Existen suficientes
ejemplos que así lo demuestran. Se exponen a continuación algunos de los más
recientes:
-La
importación de una vacuna cuádruple para la inmunización animal suministrada a
Cuba por la firma Intervet de Holanda, se suspendió, debido a que el gobierno
norteamericano informó a dicha empresa del riesgo que corría por venderle a
Cuba. La vacuna contiene un 10% o más de un antígeno producido en los Estados
Unidos. A los ejecutivos de Intervet-Holanda se les notificó que de continuar
con las ventas podrían ser multados con una cuantiosa suma o, lo que es peor, se
le podría cerrar su sucursal en territorio estadounidense.
- En
el 2002 se denunció que la firma XEROX, filial de Zürich, se había negado a
renovar el contrato de alquiler de una fotocopiadora para la Embajada de Cuba en
Suiza . Tan ridículo ejemplo de las regulaciones extraterritoriales del bloqueo
se repitió en octubre del 2003 con la filial de la firma en Paraguay, que se
negó a vender una fotocopiadora a la Embajada de Cuba en ese país. La
representación de la empresa RICOH también negó la venta de un equipo de ese
tipo a la representación diplomática de la isla, argumentando las regulaciones
del bloqueo.
- Si
el ejemplo anterior pudiese resultar ridículo, lo sucedido el 10 de mayo del
2004 en Irlanda no tiene parangón. En esa fecha, la empresa Hitachi Printing
Solutions Europe, se negó a vender un simple cartucho de impresora a la Embajada
cubana en ese país.
- El
Departamento del Tesoro multó a la empresa biotecnológica norteamericana Chiron
Corporation – que tuvo que pagar 168 500 dólares –, solo por el hecho de que una
de sus subsidiarias europeas vendió a Cuba entre 1999 y el 2002 dos tipos de
vacunas para los niños cubanos. Esa ha sido la mayor multa pagada el año pasado
por una empresa basada en los Estados Unidos.
- Tal
y como fue denunciado en el Informe que Cuba enviara al Secretario General en el
año 2003 , el sistema de salud pública cubano se ha visto imposibilitado de
comprar las fuentes de isótopos radioactivos Ir-192 con los cuales se aplican
las radiaciones en los tratamientos de los tumores cancerígenos, debido a que la
compañía Varian Medical Systems adquirió el negocio de equipos de braquiterapia
de la compañía canadiense MDS Nordion’s, la cual suministraba estos equipos a
Cuba.
Ante
esa situación se buscaron opciones de compra de equipos de braquiterapia en
Europa, y se compró a la firma holandesa Nucletron uno de dichos dispositivos.
Luego de concluida la operación comercial, la gerencia de la firma informó que
no podían entregar la computadora que ese equipo lleva acoplada, porque era de
fabricación norteamericana y el gobierno estadounidense prohibía su exportación
a Cuba.
Afectaciones a la Salud del pueblo cubano.
Desde
el triunfo revolucionario en Cuba, el Sistema Nacional de Salud ha sido un
objetivo priorizado de la política de bloqueo de los Estados Unidos contra la
Isla.
Las
consecuencias de las prohibiciones del bloqueo en muchos casos han resultado
dramáticas, no sólo por el sufrimiento humano de los pacientes y sus familiares,
sino porque el personal médico se ha visto imposibilitado en ocasiones de salvar
una vida o aliviar una dolencia (Ver Informe de Cuba al Secretario General de
las Naciones Unidas, el documento A/59/302 de la Asamblea General de la
ONU).
Algunos de los casos más recientes que ilustran las consecuencias de esta
genocida e inhumana política en el sector de la salud pública son los
siguientes:
- La
atención al niño con cáncer es una de las áreas más sensiblemente afectadas por
las medidas del bloqueo. La compra de los citostáticos, medicamentos vitales en
la supervivencia de estos niños, se ha visto seriamente dañada debido a que las
transnacionales estadounidenses han comprado los laboratorios farmacéuticos que
tenían contratos con Cuba para su venta.
Ejemplo de lo anterior son las dificultades para adquirir el isótopo
I-125 para el tratamiento de niños con cáncer ocular..
-
Otra de las dificultades que afecta a los enfermos de cáncer está relacionada
con la carencia de endoprótesis ósea de tumores para sustituir amputaciones.
Cuando se han podido completar tratamientos quimioterapéuticos de primera línea
en tumores óseos, por ejemplo, y se observa que dada la buena respuesta del
paciente se puede realizar una cirugía conservadora, es decir, quitarle el hueso
enfermo y dejarle su miembro, los médicos cubanos no han podido hacerlo, ante la
imposibilidad de adquirir las llamadas endoprótesis extensoras. Este implemento
aumenta de tamaño en la medida en que el niño va creciendo, lo que hace que con
este método el paciente conserve su pierna con una prótesis interna, y se evita
así el desequilibrio emocional y psicológico que reporta una amputación, sobre
todo en la adolescencia.
- En
el área diagnóstica de los laboratorios clínicos, la microbiología y otros
similares, los efectos del bloqueo se mantienen y acrecientan, dada la presencia
mayoritaria de las empresas estadounidenses (70%) en la producción de los
equipos y reactivos para el diagnóstico. Por ejemplo, las empresas
Beckman-Coulter, Dade-Behring, Abott y Bayer, no permiten la venta de sus
tecnologías a Cuba, algunas de ellas únicas de su tipo en el mundo.
- Se
han enfrentado dificultades para la obtención de medios diagnósticos para la
detección de algunas enfermedades emergentes, generalmente mortales. Ejemplo de
ello es que:
Aún
el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” no ha podido adquirir el kit
TermoScript RT-PCR System de la firma norteamericana INVITROGEN, para la
detección del corona virus causante del Síndrome Respiratorio Agudo Severo
(SARS).
Limitaciones impuestas por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC
de Atlanta) de los Estados Unidos, sumadas a la negativa de los laboratorios
productores de los kits diagnósticos para la detección de anticuerpos IgM e IgG
de las firmas norteamericanas FOCUS TECHNOLOGIES y PANBIO, han creado
dificultades para la detección de la Encefalitis por el Virus del Nilo
Occidental y la Influenza Aviar.
- Los
niños cubanos tampoco pueden beneficiarse con los nuevos inhaladores para las
crisis de asma, pues el gobierno norteamericano les niega ese
derecho.
- El
Fondo Mundial de las Naciones Unidas de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y
la Malaria está financiando un programa de cooperación con Cuba a través del
cual está previsto la adquisición de medicamentos antiretrovirales para los
pacientes infectados por el VIH/SIDA en el país.
Para
la compra de estos medicamentos, el Fondo Mundial indicó gestionar las compras a
través de UNICEF y la International Dispensary Association (IDA), a partir de
los precios preferenciales de esas agencias.
Sin
embargo, la compañía norteamericana Abbott se negó a suministrar dos de los
productos necesarios para el tratamiento a los enfermos del HIV-SIDA (Ritonavir
y Lopinavir+Ritonavir), alegando que debido a las sanciones económicas de
Estados Unidos su gobierno no autoriza el suministro de esos productos a Cuba.
Eso provocó que dichos medicamentos, cuyo valor hubiera sido de 49 700 dólares
en el caso de comprárselos a la Abbot, tuvieron que ser adquiridos en otro país,
por un precio de 280 400 dólares, casi 6 veces superior al de Abbot.
Perjuicios ocasionados a la educación del pueblo cubano.
Las
afectaciones al sector educacional han sido cuantiosas en estos cuarenta y cinco
años de bloqueo. La intensificación de esta política ha privado a los pueblos
cubano y norteamericano de sostener un fluido intercambio en estos
ámbitos.
En el
sector educacional, a la par de las restricciones y obstáculos a la adquisición
de medios didácticos, se continúan agudizando las afectaciones ocasionadas por
el bloqueo en la atención de niños con necesidades educativas especiales, que
requieren equipos de mayor complejidad, y que en algunos casos permiten eliminar
el defecto.
Por
solo citar un caso, vale destacar lo que sucede en la Escuela Especial “Abel
Santamaría”, donde 150 niños y niñas ciegos o débiles visuales luchan contra las
limitaciones que les impone la vida. Para aprender a leer y a escribir y recibir
los conocimientos necesarios para ser útiles en la vida, cada niño debe contar
con una máquina Braille, lo cual no ha sido posible pese al esfuerzo del
Gobierno cubano, debido a las restricciones que el bloqueo impone.
Se
mantienen las dificultades para la compra de dichas máquinas. En estos momentos
una máquina Braille de la marca Perkins cuesta en Estados Unidos alrededor de
700 dólares. A consecuencia del bloqueo, Cuba ha tenido que comprarlas en otros
mercados a precios mucho más altos, de hasta de mil dólares. Además, continúan
las dificultades para adquirir el papel Braillón, imprescindible para este tipo
de enseñanza.
Afectaciones al desenvolvimiento externo de la economía
cubana.
El
comercio exterior cubano ha tenido cuantiosas pérdidas debido a las arbitrarias
regulaciones y legislaciones que articulan dicha política. Sólo el año 2003,
Cuba se vio obligada a sobrepagar 308,4 millones de dólares por concepto de
productos contratados a precios más elevados que los que se habrían fijado en
condiciones normales, debido fundamentalmente a las diferencias en las
condiciones de financiamiento y al inevitable encarecimiento del transporte, los
fletes y el seguro de las operaciones que implica el asedio norteamericano al
comercio externo de la Isla.
Asimismo, en el 2003 se produjeron importantes perjuicios a las
exportaciones cubanas por ingresos dejados de percibir a razón de exportaciones
que, de no existir el bloqueo, podrían haberse realizado en el mercado
estadounidense. Esa cifra alcanzó los 457 millones de dólares.
Limitando el acceso del pueblo cubano a la información, el conocimiento y
el comercio de bienes y servicios, el gobierno norteamericano viola acuerdos
alcanzados por la comunidad internacional, particularmente, el espíritu y la
letra de la reciente Declaración de Principios de la Cumbre de la Sociedad de la
Información, cuyo párrafo 46 “insta enérgicamente a los Estados a que al crear
la sociedad de la información, adopten medidas para evitar, y se abstengan de
adoptar medidas unilaterales no conformes con la legislación internacional y con
la Carta de las Naciones Unidas, que impidan la plena consecución del desarrollo
económico y social de la población de los países interesados y sean contrarias
al bienestar de sus ciudadanos”.
Se
mantienen en vigor las severas restricciones a las ventas de alimentos y
medicinas a Cuba .
Las
ventas de alimentos a Cuba han estado sometidas a complejos procedimientos y
normas que han dificultado enormemente su realización. Las empresas
estadounidenses deben realizar engorrosos trámites burocráticos para obtener la
licencia que las autorice a vender sus productos a Cuba. Asimismo, se impuso a
Cuba: efectuar las compras en efectivo; no poder acceder a créditos financieros,
ni siquiera privados; el realizar las operaciones a través de bancos ubicados en
terceros países; y la obligación de utilizar otras monedas, con las
consiguientes pérdidas en las operaciones bancarias. Tampoco pueden los barcos
cubanos participar en la transportación.
Esta
situación se ha tornado aún más compleja, a partir del anuncio del Departamento
del Tesoro de los EE.UU., a través de una Nota de Prensa en febrero último, de
que los pagos cubanos deberán recibirse antes que las mercancías se carguen en
buques atracados en puertos estadounidenses para su envío a Cuba. Ello se aparta
de la práctica vigente de los pagos contra la presentación de documentos y el
traspaso de propiedad al comprador cubano, luego de la recepción del pago en
efectivo por parte del exportador estadounidense. Cabe señalar que hasta la
fecha no se ha reportado ninguna dilación en la ejecución de esta
práctica.
La
disposición enunciada constituiría una escalada dirigida a entorpecer las ventas
de alimentos, sujetas de por sí a numerosas restricciones. Este procedimiento,
aparentemente, podría exponer las mercancías destinadas a la población cubana a
ser embargadas en territorio norteamericano, para ejecutar fallos judiciales,
legalmente infundados, que han sido emitidos por tribunales de los EE.UU. contra
la República de Cuba. Dicha medida ignora, además, la voluntad del Congreso
cuando autorizó las ventas a Cuba.
A
pesar de la reconocida calidad de los productos y la eficiencia de los
proveedores norteamericanos, la medida antes mencionada haría totalmente
insegura las compras a los EE.UU., al poner en peligro la alimentación directa
de la población cubana, incluida la infantil, y la adquisición de materias
primas que se utilizan para la elaboración de otros alimentos.
La
empresa cubana encargada de la compra de alimentos, ALIMPORT, ha confirmado que
honrará sus compromisos contractuales vigentes y que está dispuesta a continuar
desarrollando sus compras al empresariado norteamericano, siempre que las
condiciones sean aceptables dentro de la lógica de las prácticas comerciales
internacionales. De igual forma, ha ratificado su confianza en los agricultores,
hombres de negocios, transportistas, portuarios, legisladores y otras
personalidades que, a lo largo de estos tres años, han demostrado la voluntad de
desarrollar unas relaciones comerciales mutuamente beneficiosas.
A
toda esta situación se suma el hecho de que nuestro país no puede efectuar
ningún tipo de venta a empresarios estadounidenses interesados en la compra de
productos cubanos y por lo tanto, se excluye la posibilidad de crear fuentes de
ingresos que permitirían ampliar las operaciones.
La
compra de alimentos ha sido resultado de ingentes esfuerzos de las empresas de
ambos países para lograr la negociación, contratación y ejecución de las
operaciones y no de la voluntad del gobierno norteamericano. El propio
presidente de los Estados Unidos se ha encargado de aclarar que
independientemente de dichas ventas, el bloqueo sigue en pie y que, por el
contrario, se están reforzando las medidas de coerción económica y las sanciones
vigentes.
Violaciones de los derechos humanos por el bloqueo y las medidas de
recrudecimiento en vigor desde el 2004.
La
más significativa y grave consecuencia de la política de bloqueo contra Cuba y
de las recientes medidas de recrudecimiento, está en el peligro que estas
plantean al disfrute del pueblo cubano de su derecho a la libre
determinación.
Para
adelantar sus objetivos de dominación a la Isla, la administración Bush no
repara incluso en violar de manera flagrante el derecho constitucional de los
ciudadanos estadounidenses de viajar libremente a un país con el cual Estados
Unidos no está en guerra – al menos no la ha declarado públicamente –,
consagrado también en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, que constituye una obligación jurídica para los Estados Unidos, en
calidad de Estado parte de ese instrumento internacional. Peor aún, se pisotea
groseramente el derecho de los cubanos que residen en la potencia del Norte, a
visitar a sus familiares en su país de origen.
Profundizando al respecto, la Asamblea General de la ONU, mediante su
Resolución 59/203, titulada “Respeto del derecho a la libertad universal de
viajar e importancia vital de la reunificación de las familias”, aprobada en
diciembre de 2004, exhortó “a todos los Estados a que garanticen la libertad
universalmente reconocida de viajar a todos los ciudadanos de otros países que
residan legalmente en su territorio”.
Esa
misma resolución pidió a todos los Estados que permitan “el movimiento sin
restricciones de las remesas financieras que los ciudadanos de otros países que
residen en su territorio envíen a sus familiares en el país de origen”.
La
Asamblea General también resolvió mediante ese mismo texto, exhortar a todos los
Estados a que se abstengan de promulgar disposiciones, o deroguen las que estén
vigentes, concebidas como “medidas coercitivas que establezcan un trato
discriminatorio contra migrantes legales, se trate de individuos o grupos, al
redundar en detrimento de la reunificación de las familias y del derecho a
enviar remesas financieras a sus familiares en el país de origen”.
Las
recientes restricciones a los viajes educacionales y de intercambio académico de
ciudadanos e instituciones norteamericanas con homólogas cubanas, violan un
número significativo de derechos de los pueblos cubano y estadounidense,
reconocidos todos en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Entre
los derechos que han sido transgredidos podría citarse la libertad de opinión y
expresión (Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), en virtud de la cual todo individuo
tiene el derecho, sin limitaciones de fronteras, a buscar, investigar y recibir
informaciones y opiniones y “los beneficios que derivan del fomento y desarrollo
de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas
y culturales” (Párrafo 4 del Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales).
La
administración Bush con sus medidas del 6 de mayo actuó claramente en contra del
Artículo V de la Declaración de los principios de la cooperación cultural
internacional, adoptada por la UNESCO el 4 de noviembre de 1996, que reconoce
que “la cooperación cultural es un derecho y un deber de todos los pueblos y
todas las naciones, los cuales deben compartir su saber y sus conocimientos”.
Las
nuevas medidas de bloqueo y de verdadera guerra económica total, no sólo agravan
los obstáculos que la política anticubana de sucesivos gobiernos estadounidenses
ha planteado a la plena realización por el pueblo cubano de su derecho al
desarrollo, consagrado en la Declaración de igual nombre adoptada por la
Asamblea General mediante su resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986 y
reafirmado por consenso en la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de 1993, sino que constituyen una criminal violación
de la disposición establecida en el párrafo 2, del Artículo 1, común a ambos
Pactos Internacionales de Derechos humanos, que establece que “en ningún caso
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
Aunque por el momento, entre las medidas anticubanas aplicadas por
Washington desde el 30 de junio, no están incluidas nuevas reducciones a las ya
limitadas cantidades de dinero que un cubano residente en Estados Unidos puede
enviar a sus familiares en Cuba – discriminación que sólo afecta a los cubanos,
entre todas las nacionalidades de migrantes legales que existen en ese país –,
sí ha quedado claro que se reducirán significativamente las categorías de
familiares que podrán recibir remesas.
El
artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 23 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocieron que “la familia
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y el Estado”. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social celebrada en Copenhague, Dinamarca, en 1995, reafirmó en el párrafo 80 de
su Programa de Acción ese precepto y más aún, reconoció que “en diferentes
sistemas culturales, políticos y sociales, la familia reviste diversas formas”.
Los
personeros de la administración Bush, en el agravamiento de su agresión a la
nación cubana, pretenden negar a las familias cubanas su identidad, rechazando
la inclusión en las mismas de categorías de parentezco que han sido
tradicionalmente parte intrínseca e inalienable de esa unidad básica del pueblo
cubano.
En
franca violación de varios artículos de la Declaración Universal de Derechos
Humanos –en particular el 19, 20 y 21, que consagran las libertades de opinión y
asociación y el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país–,
se prohibió a los cubanos residentes en Estados Unidos el envío de remesas y
paquetes a sus familiares en Cuba, si estos son “funcionarios del gobierno o
miembros del Partido Comunista”. En el colmo de la irracionalidad, se podrían
presentar casos de ancianas de avanzada edad que viven en la Isla, y que
tendrían que renunciar a sus derechos políticos para poder aspirar a continuar
recibiendo remesas de un hijo que resida en Estados Unidos.
La
escalada en la guerra económica contra Cuba servirá a los objetivos de aquellos
que quieren fabricar una crisis – real o artificial – que pueda servir de
pretexto a la agresión militar de Estados Unidos a la Isla.
Estados Unidos, al profundizar su amenaza de agresión militar al pueblo
cubano –opción que no han rechazado y a la que por el contrario han aludido en
varias ocasiones como una posible eventualidad en sus declaraciones públicas,
algunos personeros de la administración Bush y los representantes de la mafia
terrorista cubanoamericana en el Congreso estadounidense–, viola el Derecho
sagrado de los Pueblos, tanto el de Estados Unidos como el de Cuba, a la
Paz.
Mediante su Resolución 39/11 de 12 de noviembre de 1984, titulada
“Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz”, la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró “solemnemente que proteger el derecho de los pueblos
a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo
Estado”.
La
administración estadounidense del presidente Bush, la misma que fabrica
cínicamente e impone mediante el chantaje y las presiones un espurio texto con
el falso propósito de “promover el respeto a los derechos humanos del pueblo
cubano” en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, se ha desenmascarado
nítidamente y de modo irrefutable, con el anuncio de sus medidas anticubanas el
pasado 6 de mayo, como el único, histórico y premeditado responsable de
violaciones a los derechos humanos de los cubanos y cubanas.
La
entrada en vigor de las nuevas medidas anticubanas, el 30 de junio de 2004,
marcó una nueva etapa cualitativa en la política de hostilidad, bloqueo,
agresiones y violaciones masivas, flagrantes, sistemáticas y premeditadas de los
derechos humanos del pueblo cubano por las autoridades de Estados Unidos,
agravando significativamente la entidad de actos que califican como Delitos de
Genocidio, en virtud del inciso b), del Artículo II, de la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En ese inciso del Artículo II
de la Convención, se definen como delitos de Genocidio los actos de “lesión
grave a la integridad física o mental” perpetrados con la intención de destruir,
total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso.
Como
digna expresión de la vocación humanista del pueblo cubano, mientras el gobierno
de Washington insiste en dañar el bienestar y la salud del pueblo cubano, el 21
de junio de 2004, el presidente cubano Fidel Castro ofreció públicamente al
gobierno norteamericano la posibilidad de atender gratuitamente en la Isla, en
cinco años, a 3000 ciudadanos estadounidenses pobres, la misma cantidad de
personas que murieron en los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, en
septiembre de 2001.
Cuba
confía en que una abrumadora mayoría de gobiernos de todo el mundo, como lo
hacen los pueblos y las personas dignas y honestas de las más diversas
latitudes, siga reconociendo la importancia vital de oponerse a la continuidad
de una ilegal política de hostilidad y agresiones unilaterales, que socava los
cimientos mismos del multilateralismo.
El
pueblo cubano también espera que la mayoría de los gobiernos del mundo actúen de
modo coherente y se opongan a la espuria maniobra que fabrica el gobierno de los
Estados Unidos, año tras año, en la Comisión de Derechos Humanos. No tiene
sentido oponerse al bloqueo en el marco de la Asamblea General, y luego apoyar
en Ginebra el engendro que sirve de pretexto a los Estados Unidos para mantener
y recrudecer su política de bloqueo y agresiones contra Cuba.
ANEXO: Daños y perjuicios ocasionados a la economía
cubana por el bloqueo de los EE.UU.
(Acumulado hasta el 2003).
-Millones de dólares-
Ingresos Dejados De Percibir Por Exportaciones Y Servicios
36,225.4
perdidas Por Reubicacion Geografica Del Comercio
18,049.7
afectaciones A La Produccion Y Los Servicios 2,847.5
bloqueo
tecnológico 8,265.4
afectaciones A Los Servicios De La Poblacion
1,546.3
afectaciones Monetario-financieras 8,348.5
incitacion A La
emigracion Y Fuga De Talentos 4,042.4
total De Las Afectaciones Por El
bloqueo De EE.UU. 79,325.2
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Capítulo 2: La Manipulación Política De Las
relaciones Migratorias Bilaterales Llevada A Cabo Por Sucesivas Administraciones
estadounidenses. El Presidente Bush La Emprende Contra Las Familias Cubanas E
impide La Continuación De Los Escasos Intercambios Académicos, Culturales Y
educativos Que Tenían Lugar Entre Los Pueblos Estadounidense Y Cubano.
La
Migración Cubana hacia Estados Unidos antes de 1959.
El
triunfo de la Revolución Cubana marcó la ruptura en la normalidad de los nexos
migratorios entre Cuba y los Estados Unidos, como consecuencia de la temprana
decisión de las autoridades estadounidenses de manipular el tema migratorio como
factor de desestabilización y agresión contra el proceso de transformaciones
emprendido por el pueblo cubano.
Los
flujos migratorios desde Cuba hacia los Estados Unidos, no aparecen con el
triunfo de la Revolución cubana en 1959, datan de la época en que la Isla era
aún una colonia de España, en pleno Siglo XIX.
En
1870, los cubanos que habían emigrado a Estados Unidos alcanzaron la cifra de
casi 12 000, de los cuales cerca de 4 mil 500 residían en New York, unos 3 mil
en New Orleans y 2 mil en Cayo Hueso. Las causas de estos movimientos
migratorios fueron tanto económicas como políticas. El flujo se incrementó a
partir de 1860, cuando el factor político se convierte en la causa preponderante
en las salidas de cubanos al exterior, como resultado de la agudización de las
contradicciones con la metrópoli española.
El
año 1869 marcó el inicio de uno de los períodos más trascendentales del
movimiento poblacional desde Cuba hacia Estados Unidos, con centro en Cayo
Hueso. Se produce el traslado de cientos de trabajadores y empresarios
vinculados a la manufactura del tabaco. Las razones fueron diversas: el acceso a
modernas técnicas de elaboración del tabaco; el fomento de la inversión en el
principal mercado, Estados Unidos; y la inseguridad respecto al futuro de la
Isla, que venía sufriendo años de crisis económica, política y social que se
agravaron con el inicio de la Guerra de los Diez Años contra el dominio español.
La
manufactura del tabaco a partir de la fuerza de trabajo cubana, se convirtió en
la más importante fuente de ingresos de los habitantes del Cayo entre 1869 y
1900. Tampa fue también utilizada como punto de destino por los emigrados
cubanos, que pasaron de 720 en 1880, a 5 mil 532 en 1890.
El
segundo lustro de los años noventa del siglo XIX, marcó el descenso de la
población emigrada cubana, cuando una parte importante de ésta regresó a la Isla
a combatir por la independencia. Con el fin de la Guerra, se acentuó la
integración de los inmigrantes cubanos a la sociedad norteamericana, cuya cifra
no había aumentado significativamente: unas 12 mil personas.
El
arribo del siglo XX profundizó en Cuba la tendencia migratoria, la que se
convirtió en predominante a partir de inicios de la década del 30, con destino
primordial en Estados Unidos. Durante los años 20 y 30, la emigración desde Cuba
hacia territorio estadounidense la integraban básicamente trabajadores en busca
de opciones laborales, que se establecieron en New York y New Jersey. Eran
migrantes laborales que clasifican como trabajadores y se igualan al resto de
los inmigrantes del área en esa época.
De
esta forma emigran más de 40 mil en la década de los años veinte, alentados por
las facilidades inmigratorias norteamericanas para la época; más de 43 mil lo
hicieron en los próximos diez años. Entre 1930 y 1958, el flujo migratorio hacia
Estados Unidos, Venezuela y México alcanzó la cifra de 135 mil
personas.
Se
producen alzas y bajas en las salidas de migrantes, en correspondencia tanto con
la situación interna de los años 40 y 50 en Cuba, como con las políticas
migratorias estadounidenses y el sentimiento anti-inmigrante que escalaba por
etapas en ese país.
La
migración cubana de estos años estaba integrada además de los sectores
trabajadores, por un pequeño sector de la población que contaba con algún
recurso para salir del país y vivir en el exterior. Estados Unidos constituía el
destino predilecto de la burguesía cubana y los sectores medios de la sociedad,
para enviar a sus hijos a estudiar, pasar vacaciones y poner parte de su capital
para establecer pequeños y medianos negocios.
De
esta forma, se construyó un amplio espectro de interrelaciones entre la sociedad
norteamericana y la cubana. Las experiencias migratorias y las redes de
parentesco existentes, se mezclan con otros procesos en el orden subjetivo, y
con un intenso intercambio de pasajeros y diferentes estímulos planteados a la
migración de cubanos. Era el flujo de migrantes de un país atrasado a uno de los
más desarrollados en el mundo, que controlaba la vida económica, política y
social de la Isla.
La
población cubana registrada oficialmente en Estados Unidos para 1958, rondaba la
cifra de unas 125 mil personas, incluyendo a los descendientes de cubanos
nacidos en aquel país. De la cifra total, más de 50 mil permanecieron en
territorio norteamericano con posterioridad al triunfo de 1959.
Antes del
1° de enero de 1959, la emigración permanente y temporal de ciudadanos cubanos
hacia Estados Unidos, ya era relativamente alta en comparación con el resto de
los países de Centroamérica y el Caribe. Entre 1950 y 1958, unos 65 mil 200
cubanos fueron admitidos en Estados Unidos como inmigrantes permanentes (más que
todos los países de Centroamérica juntos y el 53% del total del Caribe).
El
número de visitantes temporales era también considerablemente alto en esos años.
Durante 1958, viajaron con visa temporal a Estados Unidos más de 72 mil 600
cubanos.
Estudios al respecto plantean que el flujo de emigrantes cubanos hacia
Estados Unidos se habría continuado incrementando aún sin el triunfo
revolucionario, a partir del estancamiento en el desarrollo de la industria
azucarera y de otras actividades económicas que generaban numerosas fuentes de
empleo.
La
manipulación de los vínculos migratorios como arma de agresión contra la
Revolución Cubana.
La
manipulación de su relación migratoria con Cuba, ha constituido un importante
instrumento en la política de hostilidad de sucesivas administraciones
estadounidenses contra el pueblo cubano. La misma ha tenido como objetivos:
desacreditar su sistema político, económico y social; drenar su capital humano;
imponer condiciones de inestabilidad emocional y psíquica a las familias
cubanas; brindar refugio y extender la impunidad en su territorio a elementos
terroristas, anexionistas y mercenarios al servicio de su política anticubana;
fabricar las condiciones que sirvan de estímulo a éxodos masivos que puedan ser
utilizados para nutrir campañas de propaganda anticubana, y que en última
instancia, podrían servir de pretexto para una agresión militar a
Cuba.
Antes
del triunfo de la Revolución, todo cubano al llegar a territorio norteamericano
era tratado como un ciudadano de cualquier otro país, sin recibir absolutamente
privilegio alguno. Cuando alguno Regresarba ilegalmente a su territorio, violando
las leyes de los Estados Unidos, le esperaba irremediablemente la expulsión o la
prisión.
A
partir de 1959, las autoridades estadounidenses cambiaron drásticamente el
tratamiento a los cubanos que Regresarban a los Estados Unidos por cualquier vía.
Sólo necesitaban declarar su posición contraria a la Revolución para ser
aceptados allí.
En la
propia madrugada del 1 enero de 1959, se inició la estampida y el arribo al
territorio de Estados Unidos – donde fueron acogidos y se les garantizó
impunidad –, de personeros de la dictadura de Fulgencio Batista, que habían
actuado con el apoyo y al servicio de Washington. Connotados asesinos, esbirros,
torturadores, malversadores y ladrones, toda la escoria humana que había lucrado
con la sangre y el sufrimiento de la nación cubana, se establecieron
principalmente en el Sur de la Florida, donde pronto serían reclutados por los
servicios especiales norteamericanos para lanzar la invasión mercenaria de Playa
Girón y ejecutar cientos de acciones terroristas en la Isla.
Ni un
solo torturador, ni un solo responsable de las miles de ejecuciones
extrajudiciales llevadas a cabo por la dictadura batistiana, pudo ser
extraditado a Cuba para su enjuiciamiento.
Fueron incentivados los éxodos masivos de profesionales cubanos para
privar a la Isla de personal calificado en el sector de la salud, la educación y
en las diversas esferas económicas. Se pretendió la paralización del país al
despojarlo de su capital humano. Más de la mitad de los 6 mil médicos con que
Cuba contaba al triunfo de la Revolución, cientos de técnicos y personal
calificado, emigraron a Estados Unidos como consecuencia de cínicas promesas y
campañas de desinformación.
Todos
los cubanos que Regresarban al territorio de los Estados Unidos recibían la
condición de “refugiados”, creándose por la administración de Eisenhower el
llamado Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos en Miami, en diciembre de
1960. El término “refugiado” fue utilizado indiscriminadamente y sin fundamento
legal alguno, para desacreditar en el plano exterior la imagen de Cuba, sin
tomarse en consideración los criterios establecidos en la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967.
A finales de
1962, el Gobierno de Estados Unidos decidió suspender abruptamente los vuelos y
las salidas legales desde Cuba hacia su territorio, lo que unido a la guerra
económica desatada contra nuestro país desde el triunfo revolucionario, sirvió
de fuerte estímulo a la emigración ilegal.
Ese
mismo año, el presidente Kennedy firmó la Ley Pública 87-510, conocida como
“Acta de Asistencia a la Migración y los Refugiados del Hemisferio Occidental”,
con la cual se intentó hacer ver que todos los cubanos que emigraban lo hacían
por estar perseguidos debido a sus “opiniones políticas contrarias al régimen”.
Se convirtió la emigración de los cubanos hacia Estados Unidos en un problema de
“seguridad nacional”. La citada Ley estableció condiciones financieras
especiales para apoyar a los emigrantes cubanos. El gobierno estadounidense
destinó sólo al Programa de Refugiados Cubanos más de 1000 millones de
dólares.
A
partir de febrero de 1963, las autoridades estadounidenses incrementaron su
ofensiva para estimular las salidas ilegales desde Cuba, al restringir aún más
las posibilidades de emigración legal. A los que llegaban a Estados Unidos
directamente desde Cuba, incluyendo a los secuestradores de embarcaciones y
aeronaves y a otros delincuentes, se les consideraba “refugiados” y se les
garantizaba la entrada de inmediato. A los ciudadanos cubanos que intentaban
entrar al territorio norteamericano desde terceros países, se les consideraba
extranjeros y quedaban sujetos a las regulaciones de inmigración de Estados
Unidos.
El
diseño y manipulación de los vínculos migratorios por motivaciones y métodos tan
mezquinos, determinó la aparición de una presión migratoria crítica, que se
liberaba periódicamente a través de salidas ilegales del país en condiciones de
alto riesgo y vulnerabilidad para los migrantes, y producía cada vez nuevos
ciclos migratorios.
A
muchos cubanos a los que el gobierno de los Estados Unidos negaba rotundamente
la visa para visitar temporalmente a sus familiares en ese país o para emigrar
de modo permanente, los recibía luego con los brazos abiertos, en medio de una
gran publicidad y politiquería, cuando Regresarban a su territorio por medios
ilegales.
El
objetivo es imponer al mundo la falsa percepción que los cubanos “huyen” de su
país por razones políticas, y de un sistema socio-económico que ha
fracasado.
La
distorsión y desproporción en el tratamiento propagandístico a la migración
cubana hacia los Estados Unidos.
Cuba
no está en la lista de los principales 20 países emisores de emigrantes, pero
tiene una comunidad importante de migrantes viviendo en los Estados Unidos.
Hoy
viven fuera de Cuba, aproximadamente un millón y medio de nacionales cubanos,
emigrados o hijos de emigrados cubanos, de los cuales aproximadamente 1 millón
300 mil viven en los Estados Unidos. De esos, cerca de un millón nacieron en
Cuba y aproximadamente 300 mil nacieron en Estados Unidos, hijos de padres
cubanos.
A
pesar de que son cientos de miles los latinoamericanos detenidos anualmente en
Estados Unidos en el intento de ingresar ilegalmente en ese territorio, es la
emigración cubana, muy pequeña en comparación con otras, la única que ocupa casi
constantemente las primeras planas de los medios de prensa
occidentales.
De la población de 35,2 millones de latinos o hispanos
registrada en los Estados Unidos en el Censo del año 2000, las personas de
origen mexicano totalizaban 20,9 millones, los de origen puertorriqueño 3,4
millones, los de procedencia centroamericana casi 2 millones, los sudamericanos
1,4 millones y 800 000 los dominicanos.
Del
resto de la migración latinoamericana apenas se habla y mucho menos de la
pobreza, la miseria, el hambre, la desesperación, la corrupción y la
desesperanza que la alimentan y las condiciones de explotación y abuso a que se
le somete. Sólo los emigrantes cubanos reciben la “atención política” del
Gobierno de Estados Unidos y son presentados por sus instrumentos mediáticos
como “exiliados” y “refugiados” que buscan un futuro de “libertades”.
Ello
ocurre, cuando de los más 35 millones de personas de origen latinoamericano o
hispano que residen permanentemente en EE.UU., sólo poco menos de 1,3 millones
son de origen cubano. Es decir el 3,5 % del total de esta población.
Se
omite hipócritamente que los cubanos emigran, como la abrumadora mayoría de los
migrantes de los países subdesarrollados, por motivos de reunificación familiar
y razones económicas, cuestión agravada por el prolongado y recrudecido bloqueo
de Estados Unidos contra Cuba.
La
Operación Peter Pan.
La
obsesión por desestabilizar el país y destruir la Revolución tuvo en los años
60’ uno de sus capítulos más aborrecibles en la llamada “Operación Peter Pan”. A
través de la misma, 14 mil niños cubanos fueron separados de sus hogares –
utilizando el engaño como herramienta –, y trasladados a los Estados Unidos.
Los
servicios especiales estadounidenses fabricaron y difundieron profusamente el
rumor de que el Gobierno Revolucionario retiraría la patria potestad a los
padres con relación a la educación y cuidado de sus hijos. Fue montada y
ejecutada con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos una criminal operación
de traslado de niños cubanos hacia su territorio, los que eran forzados a viajar
sin la compañía de sus padres.
La
Operación Peter Pan constituyó la mayor maniobra de manipulación con fines
políticos de niños que se recuerde en el hemisferio occidental y fue también uno
de los más tristes episodios en la historia de la emigración cubana hacia
Estados Unidos. Muchos de aquellos niños fueron enviados a casas de adopción,
orfelinatos, e incluso, a establecimientos penitenciarios para delincuentes
juveniles de 35 estados de la Unión.
Los
organizadores del maquiavélico plan lograron mantener en secreto por mucho
tiempo sus métodos, medios y propósitos, ocultando a la opinión pública toda
información en relación con una actividad aparentemente “humanitaria”, en
realidad una de las más siniestras operaciones encubiertas y de guerra
psicológica ejecutadas por los servicios secretos estadounidenses.
Utilizando para la promoción y propaganda de la operación los servicios
de transmisiones ilegales de Radio Swan, emisora del gobierno de Estados Unidos,
comenzaron a difundir de manera fraudulenta desde el día 26 octubre de 1960,
fragmentos de una falsa y nunca concebida “ley de Patria Potestad”,
supuestamente emitida por el gobierno de La Habana.
Durante varios días se mantuvo a través de la citada emisora y otros
medios radiales e impresos al servicio de Estados Unidos, la propaganda dolosa
acerca de una eventual expropiación de niños. Se repetían mensajes
cuidadosamente fabricados para impactar en las familias cubanas, concitando en
algunas el miedo infundado a perderlos.
Monseñor Bryan O. Walsh, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón,
perteneciente entonces a la diócesis de Miami, muy vinculado a sectores
recalcitrantes y agresivos de la emigración cubana en esa localidad, fue el
organizador público de la Operación Peter Pan.
El
padre Walsh a través de la Catholic Welfare Bureu, creó un staff de
colaboradores y empleados, que se encargaban de visar, recepcionar en el
aeropuerto y distribuir en diferentes establecimientos creados al efecto en la
Florida y otras localidades del país, a las pequeñas víctimas de la cruel
maniobra migratoria. En un hecho sin precedentes, el Departamento de Estado
norteamericano transfirió a una autoridad religiosa la potestad de emitir visas
waiver (visas volantes), a todos los niños cubanos entre los seis y 16
años.
Los
primeros cinco niños que viajaron a través de la Operación Peter Pan, llegaron a
Miami a las 4: 30 de la tarde, del 26 de diciembre de 1960, en el vuelo 422 de
la Pan American.
Fue
dura la experiencia que les tocó enfrentar a esos niños, en muchos casos
pequeños todavía, que tuvieron que abandonar su país y sus familias para vivir
en condiciones muchas veces adversas. Se reportaron cientos de casos de abusos
contra ellos de los tutores y maestros que les fueron asignados. Los testimonios
de muchos de ellos, personas adultas hoy, son harto elocuentes del sentimiento
de soledad y de abandono que sintieron. Muchos llegaron a pensar que sus padres
no los querían.
La
situación para todos se hizo más difícil después de la Crisis de Octubre en
1962, cuando los funcionarios del gobierno norteamericano decidieron cerrar la
emigración para incrementar la presión sobre la Isla. Más de la mitad de esos
niños sacados del país a través de la Operación Peter Pan, tuvieron que sufrir
duros años de separación. Y en algunos casos, sencillamente, fue imposible el
reencuentro.
El
robo de médicos y profesionales en la década del 60.
Durante los años que sucedieron al triunfo revolucionario, las
autoridades norteamericanas procuraron sacar del país, como fuese menester, a
los médicos, enfermeras, profesores, maestros y otros profesionales
universitarios o técnicos de nivel medio, con el objetivo de paralizar la
actividad económica y los servicios sociales básicos del país. Prometieron pagar
a esas personas al Regresarr a Estados Unidos, los salarios correspondientes a sus
respectivas calificaciones, incomparablemente mayores allí que los equivalentes
en una neocolonia recién independizada y a la vez subdesarrollada, pobre y
rigurosamente bloqueada.
De
los 6,000 médicos existentes en Cuba en 1959, 3,000 emigraron a los Estados
Unidos.
La
Ley de Ajuste Cubano
Una
de las más claras expresiones de la política migratoria criminal, inmoral y
discriminatoria de los Estados Unidos contra el pueblo cubano es la llamada Ley
de Ajuste Cubano, engendro legislativo adoptado en 1966, con el deliberado
propósito de incentivar las salidas ilegales de ciudadanos cubanos hacia ese
país. Única de su tipo en el mundo, ofrece a los cubanos que arriben a los
Estados Unidos de modo irregular e ilegal, privilegios que no reciben ciudadanos
de otra nacionalidad ni país.
El
tratamiento “preferencial” otorgado a los ciudadanos cubanos, y que los ha
distinguido hasta hoy del resto de los extranjeros que Regresarn a Estados Unidos,
adquirió su basamento legal el 2 de noviembre de 1966, fecha en que el
presidente Johnson firmó la “Ley de Ajuste Cubano” que establece que: “cualquier
extranjero nativo (de Cuba) o ciudadano cubano, que haya sido inspeccionado y
admitido o puesto bajo palabra en Estados Unidos después del primero de enero de
1959, y que haya estado presente físicamente al menos durante dos años, puede
ser ajustado por el Fiscal General, a su discreción y conforme a las
regulaciones que pueda prescribir, a la de extranjero admitido legalmente para
residir permanentemente.”
Es
decir, la Ley de Ajuste Cubano establece que cualquier cubano que llegue a
territorio norteamericano, sin reparar en formas y métodos empleados para ello,
y que viva allí durante dos años (después se rebajó a un año, que es lo vigente
hoy), puede recibir del Fiscal General (en la práctica las autoridades de
inmigración del INS), la condición de Residente Permanente en Estados Unidos.
En
virtud de ese malintencionado engendro jurídico y a diferencia de los
inmigrantes de otras nacionalidades, cualquier cubano que arribe a suelo
estadounidense por cualquier medio, en particular por vías ilegales, obtiene
inmediatamente beneficios tales como el reconocimiento de su presencia legal en
el territorio, facilidades para ser empleado y el acceso a distintas
prestaciones sociales. A lo anterior se une la posibilidad de obtener la
residencia legal de modo casi automático al año de su arribo al país.
Esta
facultad que se ha dado al Fiscal General – que las autoridades de inmigración
aplican –, ha sido empleada desde entonces para admitir en Estados Unidos a todo
cubano que llegara a ese país, independientemente de sus antecedentes penales, y
extendiendo impunidad a los responsables de graves delitos, muchos de ellos
cometidos con el objetivo de alcanzar el territorio estadounidense.
A
tenor de esta Ley, los Estados Unidos manipulan sistemáticamente el otorgamiento
de la condición de refugiado, al concederla de modo automático a cada cubano que
Regresar a su territorio. Se califica como refugiado prima facie a personas cuya
motivación para emigrar es totalmente económica.
La
Ley de Ajuste Cubano, permite a los cubanos al llegar a los Estados Unidos
recibir de forma inmediata y automática permiso de trabajo, prescindir de la
presentación de una declaración jurada de manutención (AFFIDAVIT OF SUPPORT)
para recibir su residencia legal, obtener un número de seguridad social,
beneficios públicos de alimentación y alojamiento, ajustar su situación
migratoria sin necesidad de ir a su país de origen a recibirla – como ocurre con
solicitantes de otras nacionalidades –, sin necesitar abogados, ni incurrir en
gastos para obtener el beneficio de la residencia permanente.
El
gobierno de Estados Unidos no se limitó a extender los privilegios antes
identificados a los cubanos tras el arribo a su territorio, promovió las salidas
ilegales del país a través de una profusa propaganda de los “beneficios” que
encontrarían los habitantes de la Isla al emigrar irregularmente a los Estados
Unidos. Los propios servicios oficiales de radio y televisión, cuya programación
anticubana es financiada y controlada por las autoridades estadounidenses, han
servido de aliento a la emigración ilegal desde la Isla. Han presentado a
brutales y asesinos secuestradores de embarcaciones y aeronaves como héroes y
ocultan los peligros reales que acechan a aquellos que viajan a Estados Unidos
en frágiles embarcaciones.
La
aplicación oportunista y criminal de la llamada Ley de Ajuste Cubano, la falta
de medidas eficaces para poner coto a la emigración ilegal y eliminar el
contrabando de personas, el estímulo y la impunidad que recibían en Estados
Unidos los perpetradores de secuestros armados de embarcaciones y aeronaves, la
casi nula ejecución del Acuerdo Migratorio bilateral de 1984 y el impacto brutal
del recrudecimiento del genocida bloqueo contra Cuba, en un contexto de abrupta
interrupción de las relaciones económicas con el desaparecido campo socialista,
fueron los factores esenciales que generaron la denominada “crisis de los
balseros” en agosto de 1994, como resultado de la cual emigraron ilegalmente
hacia los Estados Unidos más de 30 mil personas.
Ese propio año, fueron asumidos nuevos acuerdos migratorios entre
Cuba y los Estados Unidos. Sin embargo, la continuidad en la aplicación de la
Ley de Ajuste Cubano y la política de “pies secos o pies mojados” – que se
traduce en que aquellos que logran alcanzar el territorio estadounidense no son
devueltos a la Isla –, en las condiciones de limitaciones económicas que impone
el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, constituye un permanente estímulo a las
salidas ilegales del país, para las personas interesadas en emigrar a la
potencia del Norte y que no pueden hacerlo por vías legales.
La
precariedad y fragilidad de los medios utilizados en las travesías marítimas y
los riesgos asociados a operaciones de tráfico de migrantes que se llevan a cabo
en embarcaciones procedentes de la Florida, han costado cientos de vidas humanas
y ponen en peligro otras muchas en el futuro.
Estados Unidos no podrá establecer el control y la disciplina en sus
propias costas mientras exista la “Ley de Ajuste Cubano” y mucho menos, mientras
continúe financiando y perfeccionando las transmisiones radiales y televisivas
contra la Isla, que llevan a cabo un incesante aliento a las salidas ilegales,
como parte de la guerra política y psicológica contra nuestro país.
Como
consecuencia de la criminal política de manipulación a los vínculos migratorios
y del aliento a las salidas ilegales del país, se produjo el lamentable caso de
la desaparición en el mar de la madre, y el posterior secuestro en Miami del
niño cubano Elián González.
Sobre
las autoridades de Estados Unidos recae enteramente la responsabilidad de que a
lo largo de más de tres décadas hayan perecido, o corran todavía el peligro de
perder sus vidas numerosos seres humanos, incluso niños, que son incitados a
cometer tales aventuras como consecuencia de una política asesina, carente de
toda ética y sentido humano.
Cuba
seguirá denunciando públicamente a esta “Ley de la Muerte” y continuará
alertando sobre los graves riesgos y peligros que plantea como estímulo a la
emigración ilegal de cubanos en condiciones de grave vulnerabilidad.
Las “Crisis Migratorias” y los Acuerdos Bilaterales
La
incongruente y arbitraria política migratoria aplicada por sucesivas
administraciones norteamericanas contra nuestro país, ha provocado desde 1965
tres grandes crisis migratorias – Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y la
denominada “crisis de los balseros” de 1994.
A
raíz de la crisis migratoria generada en 1980, se produjeron varias reuniones
entre representantes de Cuba y los Estados Unidos, que permitieron alcanzar un
Acuerdo de Normalización de las Relaciones Migratorias entre ambos países, que
incluyó un Comunicado Conjunto y un Acta de Ejecución, firmado el 12 de
diciembre de 1984. En virtud de dicho Acuerdo, Cuba aceptó la devolución de 2
mil 746 personas declaradas “excluibles” por las autoridades de Estados Unidos,
que se comprometió a su vez permitir la entrada anual de hasta 20 mil ciudadanos
cubanos que quisieran emigrar legalmente a ese país.
De
las 160 mil visas que debieron ser concedidas en los 8 años en que el Acuerdo
mantuvo vigencia, sólo fueron concedidas 11 mil 222, es decir el 7 por ciento
del total esperado.
Estados Unidos incumplió además con lo acordado, en lo que se refiere a
impedir las salidas riesgosas desde Cuba que ponen en peligro las vidas humanas.
En su lugar, continuó propiciando el estímulo a la emigración ilegal, al no
descontinuar la práctica de otorgar la admisión provisional automática a todos
los emigrantes cubanos que Regresarran a su territorio por vías
irregulares
Tras
la llamada “crisis de los balseros” en 1994, fueron alcanzados nuevos acuerdos
migratorios bilaterales ese propio año, por los que Estados Unidos se
comprometió a “descontinuar la práctica de otorgar la admisión provisional a
todos los migrantes cubanos que lleguen al territorio de Estados Unidos por vías
irregulares”.
La
marcha del cumplimiento de los Acuerdos Migratorios ha sido revisada en 13
rondas de conversaciones migratorias efectuadas desde el 1ro de septiembre del
94 hasta el 2003, momento en el que el gobierno de Estados Unidos decidió
unilateralmente la suspensión de dichas conversaciones. En estas reuniones, Cuba
ha llamado la atención sobre las irregularidades en el cumplimiento de los
Acuerdos que persisten por parte de Estados Unidos y que contradicen y violan su
letra y espíritu.
El
gobierno norteamericano ha venido aplicando la llamada política de “pies secos,
pies mojados”. En virtud de esta práctica ilegal, contraria a la letra de los
mencionados acuerdos, los migrantes cubanos que logran alcanzar el territorio de
Estados Unidos son admitidos en ese país, independientemente de los medios
utilizados y los hechos consumados para lograr tal propósito. Por otra parte,
tampoco todos los migrantes que son interceptados en alta mar son devueltos a su
país de origen.
Desde
que se firmara la Declaración Conjunta del 2 de mayo de 1995, las autoridades
norteamericanas han repatriado a Cuba un total de personas que superan los 5 mil
emigrantes ilegales, incluyendo aquellos que son interceptados en alta mar por
el Servicio de Guardacostas y a los ciudadanos que penetran ilegalmente en la
Base Naval estadounidense en Guantánamo y son devueltos por la puerta terrestre
de ese enclave. Una vez devueltas por las autoridades de Estados Unidos y
sometidas a un chequeo médico, son entregados a sus familiares, con la excepción
de aquellos que sean prófugos de la justicia o reclamados por los tribunales,
por tener causa judicial pendiente por la comisión de algún otro delito. Cuba ha
cumplido estrictamente con este compromiso y ha creado todas las facilidades
para que esos ciudadanos sean reinsertados a la sociedad.
Cuba
ha planteado de forma recurrente, tanto en los contactos oficiales en La Habana
como en los celebrados en Washington, y en el curso de las rondas de
conversaciones migratorias, su total rechazo a la política selectiva en el
momento de repatriar a los emigrantes ilegales. Si realmente las autoridades de
inmigración de Estados Unidos tuvieran la intención de devolver a estas personas
– admitidas bajo el pretexto de que deben recibir atención médica –, pudieran
acogerlos bajo un parole provisional, facilitando la ulterior devolución de esas
personas a Cuba. Sin embargo, hasta la fecha, no se conoce ni un caso de este
tipo que haya sido devuelto, tampoco se ha recibido respuesta a las
interrogantes y preocupaciones en torno a la ejecución de tal irregularidad.
La
práctica de no retornar a Cuba a todos los emigrantes que son rescatados en alta
mar por los Guardacostas estadounidenses y de trasladarlos a su Base Naval en el
territorio que ocupa ilegalmente en Guantánamo, constituye un estímulo a nuevas
salidas ilegales. En algunos casos, son repatriados por vía terrestre después de
realizar una verificación más detallada, pero en varios otros, nunca han sido
devueltos y esperan a ser aceptados en Estados Unidos como refugiados, o
enviados a un tercer país. Las alegaciones de estas personas en el sentido que
estarían siendo perseguidos por las autoridades cubanas, por razones políticas,
religiosas o de otra índole, son completamente falsas y ajenas a la realidad y
constituyen manidos pretextos para intentar legitimar un procedimiento a todas
luces ilegal y arbitrario.
Un
fenómeno que ha proliferado a la sombra del estímulo a la emigración ilegal es
el tráfico o contrabando de emigrantes ilegales, utilizado de modo creciente
como vía oportunista y método criminal de aprovechamiento a las oportunidades
que plantea la llamada política de “pies secos y pies mojados”.
La
débil respuesta y proceder de las autoridades norteamericanas frente a las
operaciones de tráfico de cubanos que se organizan y originan en su territorio,
facilita la actividad criminal de sujetos que lucran llevando a cabo esos
peligrosos delitos, en franca violación de la Ley internacional, de la propia
legislación estadounidense y de los Acuerdos Migratorios suscritos con Cuba.
Estos últimos, en el párrafo relativo al tráfico de inmigrantes, además de
reafirmar su apoyo a la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el
tema, establecieron el compromiso de los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos
a cooperar para tomar acciones oportunas y efectivas, que impidan el transporte
ilícito de personas con destino a los Estados Unidos.
La
permanente voluntad y empeño de Cuba en promover una migración legal y ordenada.
Su compromiso en el combate contra el tráfico ilegal de personas.
Cuba
ha dado innumerables e irrebatibles pruebas de su permanente y serio compromiso
con el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, con el combate a la
migración ilegal, así como en la lucha contra el tráfico de migrantes.
Cuba
puso fin a los desvíos de aviones de Estados Unidos a su territorio sancionando
severamente a sus autores. Por otra, endureció las condenas por tráfico de
migrantes y sanciona, hasta con penas de privación perpetua de libertad, a los
traficantes de personas. Desde el año 2000, el Gobierno Cubano reiteró en varias
oportunidades su propuesta de acuerdo bilateral para el combate a la migración
ilegal y el tráfico de personas, sin que los Estados Unidos haya aceptado ni
siquiera discutirla. También ha neutralizado decenas de planes e intentos de
secuestros de embarcaciones y aeronaves mediante el recurso a la violencia y
frustró numerosas operaciones de tráfico de personas, en su mayoría coordinadas
por traficantes que operaban desde los Estados Unidos.
Los
Acuerdos Migratorios del 9 de septiembre de 1994, que fueron complementados
posteriormente con las medidas adoptadas como parte de su instrumentación,
recogidas en la Declaración Conjunta de 2 de mayo de 1995, han sido cumplidos y
honrados con todo rigor por las autoridades cubanas.
Cuba ha tomado
medidas ejemplarizantes y eficaces contra los traficantes, sin recibir
colaboración alguna del gobierno de Estados Unidos. Nuestro país ha arrestado a
alrededor de 70 de estos delincuentes; resulta contradictorio que las
autoridades norteamericanas no hayan podido hacerlo, a pesar de toda la
información pública que existe sobre el modus operandi y los movimientos de
estas personas. Cuba ha ofrecido al gobierno norteamericano la posibilidad de
entregarles a estos traficantes arrestados en la Isla para que sean juzgados en
Estados Unidos y puedan ser investigadas y sancionadas todas las personas que
han estado implicadas en dichas operaciones. Sin embargo, dicha oferta ha sido
rechazada.
Cuba
ha adoptado varias medidas y reforzado su marco legal sancionador al tráfico de
emigrantes ilegales. Destaca el artículo 348 del Código Penal, que establece la
sanción de cadena perpetua para los responsables de tráfico de personas, cuando
se emplea la violencia y se produce la pérdida de vidas humanas o se pone ésta
en peligro. Fue promulgado un Decreto Ley para permitir la confiscación de
embarcaciones pertenecientes a personas involucradas en tráfico de migrantes,
para facilitar el ejercicio del estricto control sobre barcos particulares y
estatales y de los materiales utilizados para la comisión de tales delitos. Se
han fortalecido las medidas de vigilancia por parte de las autoridades
competentes.
Las
familias cubanas, víctimas y rehenes de los designios imperiales de la
administración Bush. Las medidas anunciadas el 6 de mayo de 2004 y su impacto en
las relaciones afectivas y de ayuda mutua de las familias cubanas.
Como
parte de la nueva espiral de agresiones contra Cuba, el 5 de enero del 2004,
tres días antes de la fecha prevista para las conversaciones migratorias
bilaterales periódicas, el gobierno de los Estados Unidos anunció su cancelación
de modo unilateral y con carácter indefinido, acudiendo a pretextos
intrascendentes. Los acuerdos migratorios bilaterales han permitido en los
últimos 10 años, a unos 200 mil cubanos emigrar a los Estados Unidos de manera
legal, segura y ordenada.
El 6
de mayo de 2004, el gobierno estadounidense anunció nuevas medidas para
recrudecer aún más su política agresiva y de hostilidad contra Cuba.
En el
Informe presentado al presidente Bush por la llamada Comisión de Ayuda a una
Cuba Libre, co-presidida por el entonces Secretario de Estado, Collin Powell, se
incluyeron medidas dirigidas directamente contra los derechos de los migrantes y
de la familia cubana, que se comenzaron a aplicar en julio de 2004. Entre ellas
destaca la reducción de las visitas a nuestro país de cubanos residentes en
Estados Unidos de un viaje anual permitido actualmente, a uno cada tres años,
restringiéndolas a los familiares más inmediatos –definidos estos exclusivamente
como abuelos, nietos, padres, hermanos, esposas e hijos–, sin concebir
excepciones humanitarias en los casos de enfermedad o muerte. Se estableció
igualmente con carácter retroactivo, que los cubanos recién llegados a los
Estados Unidos o que hayan viajado a Cuba en los últimos años, sólo podrán
hacerlo tres años después de haber emigrado o de su última visita.
El 22
de junio de 2004, el Departamento de Comercio estadounidense anunció
restricciones adicionales al envío de paquetes a Cuba, con la prohibición de
enviar, entre otros, artículos de primera necesidad y de consumo personal como
ropa y productos de higiene personal. Como puede apreciarse, estas medidas
afectan directamente a las familias receptoras.
Las
nuevas medidas impedirán a muchos emigrados cubanos el poder volver a pisar su
tierra de origen, al no contar con el tipo de familiares en Cuba “aceptados” por
el presidente Bush.
Es
muy difícil estimar el monto de las remesas de los emigrados cubanos en Estados
Unidos, pero no cabe duda que representan varios cientos de millones de dólares.
Un número considerable de familias cubanas se verá privado súbita y
arbitrariamente en su vida cotidiana de esta ayuda intrafamiliar. Por otra
parte, al reducirse el ingreso de divisas al país, se afectará el monto de
recursos disponibles para programas de bienestar social, en especial para la
atención a los niños, los ancianos, los discapacitados, y los sectores que
requieren mayor protección.
Hasta fines de julio del año 2004, casi un mes
después de entrar en vigor las nuevas medidas anticubanas, la Oficina de Control
de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) no había otorgado ni
una sola autorización para que residentes en Estados Unidos pudieran visitar a
sus familiares en la Isla, a pesar de que ha recibido más de tres mil
solicitudes.
Mientras que el gobierno de Estados Unidos ha hecho cada vez más difícil
la relación entre los migrantes cubanos y su país de origen, desde 1978 y en
especial desde 1994, el Gobierno Cubano –a pesar de un contexto de agravamiento
de la hostilidad norteamericana y del incremento de acciones terroristas y
agresivas contra el pueblo cubano–, ha venido avanzando en un proceso continuo,
irreversible y permanente, la aplicación de medidas para flexibilizar y
normalizar sus relaciones con los emigrados cubanos que no participan en las
acciones agresivas contra la Isla promovidas por las autoridades de Washington.
En
1994 vinieron de visita a Cuba 37 mil cubanos residentes en el exterior; en el
2003, casi 168 mil visitaron la Isla, de los cuales 115 mil procedían de Estados
Unidos.
En el
año 2000, 38 mil cubanos realizaron visitas a familiares en los Estados Unidos.
El pasado año esa cifra no llegó a los 7 000, al ser restringido arbitrariamente
por las autoridades norteamericanas el otorgamiento de las visas
requeridas.
Fue
eliminado en agosto de 1994, el requisito de un permiso de entrada para los
residentes temporales en el exterior, que suman ya más de 50 mil. Son cubanos
que viven en el exterior de manera temporal y mantienen su residencia permanente
en el país. El año pasado 34 000 de ellos vinieron de visita al país.
Desde
1995 se venía aplicando la Vigencia de Viaje, que usaron el pasado año más de 20
mil emigrados cubanos para viajar al país, y que durante casi 10 años constituyó
un mecanismo que permitía entrar a la Isla sin realizar el trámite de permiso de
entrada al poseedor de la Vigencia. A partir del 1º de junio del 2003, los
cubanos residentes en el exterior no necesitan permiso de entrada al país.
En
virtud de la decisión adoptada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en
1995, cuando se debatió y aprobó la Ley de Inversión Extranjera, solo en los dos
últimos años se han tramitado en Cuba 72 propuestas de negocios o inversiones de
cubanos residentes en 12 países. De las 7 compañías que operan vuelos charter a
Cuba desde territorio norteamericano, 6 son propiedad de cubanos. Más de 100
agencias de viaje, también propiedad de cubanos, participan en la organización
de viajes a nuestro país desde Estados Unidos, país donde vive más del 70% de
los emigrados cubanos.
En
III Conferencia “La Nación y La Emigración”, se anunciaron nuevas decisiones que
facilitarán la atención y las relaciones con los cubanos residentes en el
exterior. Estas son:
La
creación de una nueva oficina adscrita inicialmente al Ministerio de Relaciones
Exteriores, para atender a los cubanos residentes en el exterior, con funciones
y atribuciones más amplias que las que hoy realiza la Dirección de Asuntos
Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del MINREX.
La
decisión de otorgar becas universitarias para hijos de emigrados cubanos. En
1994 se acordó que jóvenes cubanos residentes en el exterior pudieran realizar
en Cuba estudios de postgrado. En 1995 se acordó que pudieran cursar estudios
universitarios en Cuba pagando los mismos. En el 2004 el Gobierno Cubano decidió
otorgar becas universitarias para hijos de emigrados cubanos, que podrán
estudiar en nuestras universidades gratuitamente, como lo hacen los jóvenes
cubanos que residen en el país.
La
creación de un programa de cursos de verano de idioma español, historia y
cultura cubana, especialmente diseñados para descendientes de cubanos residentes
en el exterior. Estarán destinados ante todo a jóvenes que han nacido en otras
tierras, hijos de padres cubanos y para los cuales, la búsqueda de la raíz
familiar, el idioma, la cultura, la historia de su Patria constituyen una
prioridad.
La
adopción de nuevas medidas que harán más expeditos y seguros los procedimientos
aduanales. Ello incluirá el sistema de valoración por peso del equipaje, que
deberá resolver uno de los temas que provoca hoy mayor cantidad de quejas y
molestias
En el
tema de las relaciones entre la Nación Cubana y la Migración, es necesario
subrayar algunos aspectos:
No
existen problemas de fondo hoy entre la Nación y sus emigrados. El proceso de
normalización no terminó con las medidas anunciadas, es continuo, irreversible y
permanente. En lo esencial, las decisiones tomadas en la última década han
creado las condiciones para la normalización paulatina de las relaciones entre
la Nación y la Emigración. Mienten los que presentan la permanente agresión del
gobierno de Estados Unidos, en alianza con una elite corrupta, ambiciosa y
antipatriótica de cubanos residentes en aquel país, como “un problema entre
cubanos”.
El
problema real, tanto de los cubanos que viven en la Patria como el de todos los
que, independientemente del país donde viven, sienten amor por Cuba y la desean
libre y soberana, es la pretensión de la administración Bush, heredera de una
apetencia imperial por Cuba que data de dos siglos, de negarle al pueblo cubano
su derecho a la libre determinación; de negarle el derecho, reconocido en la
Carta de Naciones Unidas, a ser un país independiente y a escoger, sin
injerencias externas, su modelo de desarrollo económico, político y social,
elaborar sus leyes y establecer sus instituciones. Ese y no otro, es hoy el
problema.
El
bloqueo económico y la política de agresión contra Cuba constituyen hoy el mayor
obstáculo a la normalización plena de las relaciones entre la emigración cubana
y su Patria. Y no solo de las relaciones con los cubanos que residen en Estados
Unidos, es también el bloqueo hoy el mayor obstáculo a las relaciones con los
cubanos que viven en cualquier lugar del mundo, que afecta, en primer lugar, a
sus familias en Cuba, pero que también restringe y coarta derechos de los
cubanos que viven en Estados Unidos y en otros países. Hay que tener una cabal
comprensión de esa realidad, cuando se afirma que la prioridad hoy para todo el
que se sienta cubano, ha de ser el enfrentamiento a lo que constituye el mayor
obstáculo a los esfuerzos que se realizan, para que la relación y los
intercambios de esa comunidad con el país sean más amplios, diversos y
normales.
Cuba
comprende y respeta que en la Comunidad Cubana en el exterior coexisten diversas
ideas políticas sobre el presente y sobre el futuro de nuestro país, diferentes
concepciones ideológicas y diferentes creencias religiosas.
Un día dejarán
de existir el bloqueo y la hostilidad, lo cual no es una quimera, sino algo
perfectamente factible. Cuando ya no exista el bloqueo ni la hostilidad, ni los
planes de la llamada “transición” para Cuba diseñados en Washington, ni los
designios para anexar a Cuba a los Estados Unidos, entonces, ese día, los
cubanos podrán viajar entre ambos países legalmente sin ningún tipo de
restricción, excepto el escaso número de personas que por bochornosas y lesivas
conductas contra la Patria no sean dignas de tal prerrogativa. En ese momento,
los que deseen jubilarse en Cuba y tengan medios para ello, lo harán.
Entendemos que el derecho a llamarse cubano depende, más allá del lugar
donde se viva, de la posición que se adopte ante la alternativa de hacerse
cómplice de la Enmienda Platt, de la Ley Helms-Burton y del Informe de la
Comisión de “Asistencia a una Cuba Libre” del presidente Bush, o tomar partido
con la alternativa planteada por nuestro Héroe Nacional, José Martí: “con todos
y para el bien de todos.”
La
Administración Bush:
-
obstaculiza el establecimiento de un flujo migratorio seguro, ordenado y legal;
- viola los derechos de sus ciudadanos al incrementar los obstáculos a la
libertad de viajes de sus ciudadanos;
- e impide la realización de la
cooperación internacional y el intercambio educativo, cultural y académico entre
los pueblos de Cuba y Estados Unidos.
El 5
de enero de 2004, la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana y
el Departamento de Estado norteamericano, comunicaron al MINREX y a la Sección
de Intereses de Cuba en Washington, respectivamente, que no consideraban posible
una nueva ronda de conversaciones migratorias, “hasta que las autoridades
cubanas no mostrasen un verdadero interés en abordar seriamente aspectos “muy
importantes” para el logro de un flujo migratorio ordenado, legal y seguro entre
ambos países”.
En el
lenguaje imperial de los funcionarios norteamericanos “abordar seriamente” el
tema, significa que Cuba haga todas las concesiones unilaterales imaginables y
acceda a todas las demandas y caprichos de las autoridades norteamericanas.
Con
esta decisión, el Gobierno norteamericano intenta desviar la atención de sus
violaciones a los Acuerdos Migratorios, tales como: la reducción de visas para
ciudadanos cubanos que desean visitar a familiares en los Estados Unidos; la no
devolución a Cuba de parte de los emigrantes ilegales interceptados en alta mar;
el estímulo a la emigración ilegal y a la perpetración de actos violentos para
emigrar que se realiza desde estaciones de radio radicadas en los Estados
Unidos; y la falta de una acción decisiva contra los traficantes de emigrantes
ilegales, entre otros.
Los
pretextos para cancelar la ronda de conversaciones migratorias son irreales y
absurdos, y demuestran que el verdadero sentido de esta acción tiene más que ver
con la politiquería miamense, que con los verdaderos intereses nacionales, de
seguridad y migratorios norteamericanos.
Estados Unidos intenta manipular la realidad y encubrir que la asesina
Ley de Ajuste Cubano y la irracional política de “pies secos-pies mojados” son
los verdaderos obstáculos a la normalización del flujo migratorio entre ambos
países, los verdaderos estímulos a la emigración ilegal y la más grande
violación de los Acuerdos Migratorios.
El
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció la ampliación del ámbito
de aplicación de sanciones a ciudadanos norteamericanos que viajen a Cuba sin
permiso, o incumplan otras regulaciones. El objetivo esencial de las mismas es
intimidar a los potenciales viajeros norteamericanos que de manera creciente
burlan las regulaciones y amenazas del Tesoro. Cabe destacar que anteriormente a
ese anuncio, no existía información pública sobre el monto concreto de las
multas que se aplicaban por cada violación.
A continuación se resumen
las principales adiciones y enmiendas realizadas a las regulaciones contra
Cuba:
1-
Transacciones vinculadas al turismo / monto de las multas:
Primer viaje: $7 500
Cada viaje adicional: $ 10 000
2-
Transacciones vinculadas a los viajes de negocios:
Primer viaje: $15 000
Cada viaje adicional $ 25 000
3-
Viajes vinculados a visitas sin licencia a familiares cercanos.
Primer viaje: carta de advertencia
Por cada viaje adicional:
.
Anterior a la comunicación del Tesoro: $1 000
. Después de la comunicación: $
4 000
4-
Viajes sin licencia específica
Viajes cuyo propósito clasifica dentro de las categorías de actividades
que podrían garantizar una licencia:
Por
cada viaje anterior a recibir la comunicación del Tesoro $ 3 000
Por cada
viaje posterior a recibir la comunicación del Tesoro $ 10 000
5-
Exportaciones (o intento de exportaciones) sin autorización, donde exista un
interés de Cuba o de un nacional cubano. La penalidad ascenderá al valor de los
fondos no autorizados a exportar. Podrán considerarse otras penalidades si se
incurre en otra violación después de ser multado.
6-
Uso no autorizado de tarjetas de crédito en Cuba:
Primer viaje $ 1000
Cada viaje adicional $ 2000
7-
Importaciones de productos de origen cubano vinculados a violaciones de
viajes.
Cuando el valor agregado es de $500 o menos: $250
Cuando el valor
agregado excede los $500: $250 más el valor que exceda los $500.
B.
Cláusula de servicios de Viajes, Carga y Remesas de personas no autorizadas como
“Proveedor de Servicios”.
1-
Servicios de remesas
Antes
de la comunicación del Tesoro: $2 000
Después de la comunicación del Tesoro:
$ 15 000
2-
Servicios de viajes:
Antes
de la comunicación del Tesoro: $2000 más $500 por cada persona
asistida.
Después de la comunicación del Tesoro: $15 000 más $500 por cada
persona asistida.
3-
Servicios de carga.
Antes
de la comunicación del Tesoro: $5,000 más $500 por cada persona
asistida.
Después de la comunicación del Tesoro: $25 000 más $500 por cada
persona asistida.
Con
las nuevas restricciones al envío de paquetes y remesas y a los viajes de
ciudadanos norteamericanos y de cubanos residentes en Estados Unidos, que no se
aplican a ningún otro grupo de emigrados en ese país, el gobierno norteamericano
socava, una vez más, derechos humanos básicos consagrados tanto en la propia
Declaración Universal de Derechos Humanos, como en ambos Pactos Internacionales.
En lo
que hace al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en especifico,
estas medidas son una flagrante violación del Artículo 12, que establece las
bases de la libertad de viajar a la que son acreedoras las personas que tienen
legalizada su situación en cualquier Estado. Cabe recordar, que este principio
fue reafirmado por la Asamblea General de la ONU, al adoptar su Resolución
57/227, titulada “Respeto del derecho a la libertad universal de viajar e
importancia vital de la reunificación de las familias”.
El
gobierno de Estados Unidos viola también los compromisos asumidos públicamente
por su presidente, en la Cumbre del G-8, efectuada en Sea Island, estado
norteamericano de Georgia, tras el debate del tema de la pobreza. En dicha
reunión, los Jefes de Estado de los países más industrializados y ricos del
mundo, incluyendo Estados Unidos, coincid | 
