Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón suman casi nueve años de cárcel:   la verdadera naturaleza de este proceso no es legal sino político.

En agosto del 2005, un panel de tres jueces del Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta –reputados profesionales de las leyes, sin vínculo con la Isla- declaró nulo el amañado proceso celebrado en Miami entre diciembre de 2000 y junio de 2001.

En una seria argumentación de 93 páginas, los magistrados dejaron sin efecto las sentencias nacidas de aquel proceso torcido: aludieron a las varias solicitudes de los defensores para un cambio de sede que fueron desatendidas por la jueza; señalaron las evidencias presentadas acerca del clima agresivo de Miami, bien nocivo para un buen juicio y mencionaron el asedio a los jurados, que incluso protestaron porque la televisión local los estaba filmando en el momento de las deliberaciones. También repararon en la desatinada actuación de los fiscales.

La importantísima decisión de los tres magistrados en agosto, completamente unánime, tuvo un antecedente significativo el 27 de mayo del propio año. El Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró ilegal y violatoria del derecho internacional la detención de los Cinco.

El panel de expertos de Naciones Unidas basó su decisión fundamentalmente en tres consideraciones: después del arresto, René, Ramón, Fernando, Gerardo y Antonio fueron mantenidos en confinamiento solitario por 17 meses, durante los cuales se afectó la comunicación con sus abogados; los defensores tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia y el clima de predisposición y prejuicio contra los acusados en Miami persistió y contribuyó a presentar a los acusados como culpables desde el principio.

Los especialistas de Naciones Unidas –hombres y mujeres con autoridad sobrada en lides de justicia – concluyeron que esos tres elementos "en conjunto, son de tal gravedad que confieren a la privación de libertad de estas cinco personas un carácter arbitrario". En consecuencia, solicitaron al Gobierno de Estados Unidos que adoptara las medidas necesarias para remediarlo.  PERO LOS CINCO CONTINUAN PRESOS

La Casa Blanca hizo caso omiso, a pesar de que los órganos de la ONU están capacitados para exigir el cumplimiento de la ley internacional, independientemente de las peculiaridades de los sistemas legales de cada país. Así lo estipula el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, paradójicamente, el único de los trece instrumentos jurídicos del subsistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el Gobierno estadounidense ha ratificado en los últimos años.

¿Entonces, por qué siguen presos?

El asunto trasciende a la justicia y se instala en la vieja pugna de Washington por vencer a la pequeña Isla que se atreve a ser soberana en sus narices. Con la injusta sanción a los Cinco, intentan sentar a  Cuba en el banquillo de los acusados. Cualquier dilación es bienvenida para condenar la rebeldía, complacer a sus compinches contrarrevolucionarios de Miami y tratar de justificar, de paso, la inclusión de este digno país en las listas de presuntas naciones terroristas que supuestamente amenazan al mundo.  Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos practica el terrorismo de manera abierta y encubierta, y se burla cínicamente de su propio sistema de justicia.  Recordemos las torturas en Iraq, en la Base Naval en Guantánamo, en cárceles secretas de terceros países, entre ellos algunos de Europa.  Washington ha convertido la crueldad y el egoísmo entre los seres humanos en una filosofía “made in USA”.

¿Y cuál fue el “grave” delito de los Cinco? Observar y alertar a las autoridades de su país sobre las actividades terroristas que en el Sur de la Florida desarrollan grupos de origen cubano contra Cuba, y también contra objetivos en EE.UU. y otros países, hechos que a lo largo de más de 48 años han causado cuantiosas pérdidas de vidas humanas y recursos materiales.

En cuanto a la verdad de los hechos ocurre que los principales medios de prensa e información que como todos conocemos están en manos de intereses occidentales, oligárquicos y de las minorías económicamente ricas en el mundo, con honrosas excepciones, que no reflejan la verdad  y como norma han decidido declararle a esta injusticia la guerra del silencio.  En casos jurídica y moralmente indefendible para el imperio como es este de los Cinco Héroes, su mejor arma es la mentira.  Pero la verdad y la justicia se abren paso poco a poco.  El pueblo de Cuba y el creciente número de voces que en el mundo se alzan a favor de los Cinco al final triunfarán.

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, víctimas de una colosal injusticia por haber enfrentado al terrorismo anticubano en su propia madriguera, y comenzando diez años en prisiones de máxima seguridad, continúan aislados entre sí, sometidos a un trato cruel que incluye diversas restricciones para recibir visitas familiares.

Todo el proceso seguido contra ellos sólo se explica por la ausencia de ética del Gobierno de los Estados Unidos.  Nunca hubo justificación para su arresto ni para el fraudulento espectáculo judicial, ni para las condenas y sentencias que les fueron impuestas.

Su encarcelamiento es un secuestro.  El gobierno de los Estados Unidos, que nunca debió arrestarlos, tiene la obligación moral, política y jurídica de ponerlos en libertad inmediatamente, sin condiciones.

Mientras persigue con saña semejante a Cinco Héroes de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos se empeña en impedir que se haga justicia con Luis Posada Carriles, terrorista convicto y confeso cuya extradición solicitada por la República Bolivariana de Venezuela aún no ha sido respondida y por el contrario es obstaculizada con engañosas, turbias e ilegales maniobras.

Posada Carriles es tratado como si fuere apenas un caso migratorio que, además de contrastar con la violencia ejercida contra millones de trabajadores indocumentados, busca desviar la atención de la opinión pública con el propósito de evadir el deber ineludible de devolverlo a Venezuela.  Allí se juzgaba por el atroz acto terrorista de la destrucción en pleno vuelo de un avión civil y la muerte de las 73 personas que iban a bordo el 6 de octubre de 1976, hasta que escapó con la complicidad de Washington para seguir trabajando directamente con la Casa Blanca en operaciones criminales contra nuestros pueblos.

Gracias al apoyo del Gobierno estadounidense pudo continuar su trayectoria terrorista, planeó varios atentados contra la vida del Presidente Fidel Castro y dirigió numerosos ataques con artefactos explosivos que causaron graves perjuicios humanos y daños materiales, incluyendo la muerte en La Habana de un joven turista italiano.  Tal ha sido la impunidad, que el autor de esas monstruosas acciones se ha jactado en declaraciones y entrevistas que ha publicado el New York Times, otros medios impresos y televisivos de los Estados Unidos, y hasta en un libro autobiográfico.

Al proteger a Posada Carriles, el Gobierno de los Estados Unidos viola la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada por iniciativa suya el 28 de septiembre de 2001, y todas las convenciones y acuerdos internacionales contra el terrorismo, en particular la Convención Internacional de Montreal de 1973, y la Convención para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. 

Embacuba Egipto 15-09-2007