Nota de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores

Con el objetivo de mantener a nuestro pueblo al tanto de los hechos relacionados con el proceso judicial contra Luis Posada Carriles y otros terroristas de origen cubano detenidos en Panamá mientras planificaban un atentado contra nuestro Comandante en Jefe, en noviembre del año 2000, el Ministerio de Relaciones Exteriores desea informar sobre lo ocurrido a partir del pasado 20 de abril, cuando el tribunal que los juzgó, luego de hallarlos culpables, emitió sentencia condenando a Luis Posada Carriles y a Gaspar Jiménez Escobedo a 8 años, y a Pedro Remón y Guillermo Novo Sampol a 7 años de privación de libertad.

Este período se ha caracterizado por los permanentes intentos del abogado Rogelio Cruz, defensor de los terroristas, de obstaculizar el proceso judicial y, sobre todo, la apelación presentada por los abogados querellantes que representan a las organizaciones laborales, estudiantiles e indígenas, cientos de cuyos integrantes hubieran perecido de haberse llevado a cabo el acto terrorista que se planificaba.

Los abogados querellantes consideran, con razón, que si bien el tribunal declaró culpables a los citados terroristas, las penas a las que fueron condenados no se corresponden con la gravedad de los delitos cometidos. El juez actuante desestimó el delito de Asociación Ilícita para Delinquir y, sobre todo, el de Posesión de Explosivos, que no fue considerado como un delito independiente a tenor con la Ley Especial 53, que la República de Panamá dictó en 1995 como respuesta a su ratificación del Convenio Internacional sobre Terrorismo con Bombas.

El correcto empleo de estas figuras delictivas y de la legislación apropiada, hubieran elevado las condenas de los terroristas, previsiblemente, hasta 12 años de privación de libertad.

En este sentido, los abogados querellantes han apelado la sentencia ante el Tribunal Superior de la República de Panamá, el que se espera que dicte una sentencia favorable a la apelación e incremente las penas a que se condene a los terroristas.

Por su parte, el abogado Rogelio Cruz presentó un recurso de habeas corpus al citado Tribunal Superior pidiendo la liberación de los detenidos, escudándose en el hecho de que se encuentran en prisión desde el 17 de noviembre del año 2000, en que fueran detenidos luego de la oportuna denuncia pronunciada por nuestro Comandante en Jefe. Este recurso fue denegado la semana pasada dada su improcedencia.

De otra parte, también el señor Cruz ha presentado un recurso ante el Juez José Hoo Justiniani, quien presidiera el juicio contra los terroristas este año, solicitando una modificación de la medida cautelar que se impone a sus defendidos, o sea, pidiendo que se les libere de la prisión y se les permita esperar el resultado final del proceso de apelación en detención domiciliaria.

Se espera que el Juez Hoo Justiniani se pronuncie sobre dicho recurso en breve.

Para nuestro pueblo y para la opinión pública internacional, debe ser evidente que si se permite la salida de la prisión a los terroristas detenidos en Panamá, ello creará condiciones para una fuga, procedimiento en que tienen vasta experiencia Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo quienes, en su momento, escaparon, respectivamente, de prisiones en Venezuela y México.

Ante esta situación, en días pasados, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nota diplomática a la Cancillería de la República de Panamá, alertando contra un plan de fuga que pudiera estarse preparando, en contubernio con elementos de la mafia terrorista de origen cubano radicada en Estados Unidos.

Para este plan de fuga, sobre el cual nuestro gobierno ha alertado en repetidas ocasiones al gobierno panameño, el terrorista Luis Posada Carriles comenzó nuevamente a simular enfermedades y dolencias que le permitieran ser trasladado a instalaciones hospitalarias panameñas fuera de la prisión en la que se encuentra recluido, para crear las condiciones que permitan ejecutar dicho plan.

Los terroristas han disfrutado, desde el inicio de su detención, de privilegios y condiciones especiales que les han permitido recibir numerosas visitas y recursos financieros, los que emplean para tratar de sobornar al personal de la cárcel que aspiran a utilizar como apoyo para una eventual fuga. Sobre este delicado asunto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha alertado reiteradamente a las autoridades panameñas.

Entre los visitantes que han recibido, se encuentran Nelsy Ignacio Castro Matos y Santiago Álvarez Fernández Magriña, notorios terroristas de origen cubano radicados en los Estados Unidos y con estrechos vínculos con las organizaciones terroristas de Miami, cuya detención provisional nuestro gobierno ha solicitado a las autoridades panameñas por actos terroristas cometidos contra nuestro país.

El primero de ellos ha realizado, incluso, una gira por países centroamericanos, donde ha hecho gestiones para que se permita a Luis Posada Carriles ingresar en alguno de los países en cuestión luego de su fuga de la prisión panameña.

Por su parte, las autoridades panameñas han dado garantías a la Embajada de Cuba en Panamá de que redoblarán la vigilancia en torno a estos peligrosos terroristas para impedir que puedan llevar a vías de hecho sus planes de fuga.

Estos son los últimos acontecimientos relacionados con un proceso que, desde el inicio, ha estado colmado de circunstancias muy poco usuales, incluido el hecho de que el Juez panameño que presidiera la audiencia preliminar contra los terroristas, en septiembre del pasado año, se declarara impedido para continuar inmediatamente después de concluida esta.

El proceso se ha caracterizado también por las continuas maniobras y amenazas de los abogados de la Defensa quienes, demostrando una absoluta falta de ética, y empleando malos manejos, más de una vez han intentado violentar la legislación panameña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa, y así lo ha indicado a la Cancillería panameña, su confianza en que el gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso no adoptará medida alguna que entrañe la liberación de los terroristas antes de que concluya su mandato el próximo 1º de septiembre.

Teniendo en cuenta la extrema sensibilidad que este proceso tiene para nuestro pueblo y, en especial, para los familiares de las víctimas de estos connotados terroristas, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantendrá debidamente informada a nuestra población.

La Habana, 15 de julio de 2004