PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR CUBA, A LAS 18:00 H DE GINEBRA, SOBRE LA ¨CUESTIÓN DE LOS DETENIDOS EN EL ÁREA DE LA BASE NAVAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN GUANTÁNAMO¨

La Comisión de Derechos Humanos,

Considerando la obligación de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de promover mediante la cooperación internacional, el respeto y la observancia universales de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

Consciente de que todas las personas tienen el derecho a que se les respeten los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y teniendo presente que varios de estos derechos no prescriben, ni puede ser restringido su disfrute bajo circunstancia alguna,

Recordando el deber de todos los Estados de respetar y cumplir las obligaciones asumidas mediante instrumentos internacionales, incluyendo los relativos a derechos humanos, de los que sean partes,

Recordando también el Comentario General 31 del Comité de Derechos Humanos, adoptado en su 2187 reunión el 29 de marzo de 2004,

Recordando la solicitud formulada al Gobierno de los Estados Unidos el 25 de junio de 2004 por cuatro Relatores Temáticos de la Comisión, con el objetivo de poder visitar a las personas detenidas (on grounds of) por alegaciones de terrorismo, incluidas aquellas que se encuentran en la base de Guantánamo,

Teniendo presente la Declaración realizada el 4 de febrero de 2005 por los expertos que tienen a su cargo el mandato de seis procedimientos especiales de la Comisión, reafirmando su seria preocupación acerca de la situación de los detenidos en las Base de Guantánamo, a pesar de algunos desarrollos positivos que tuvieron lugar en el tema en los últimos meses,

Teniendo presente además que un importante número de gobiernos y parlamentos de todo el mundo han expresado su preocupación al respecto, entre ellos el Parlamento Europeo, que en su Resolución sobre Guantánamo adoptada el 28 de octubre de 2004, pidió al Gobierno de los Estados Unidos que permita una investigación imparcial e independiente de las denuncias de torturas y malos tratos infligidos a todas las personas que se encuentran privadas de libertad bajo la custodia de los Estados Unidos,

1.- Pide al Gobierno de los Estados Unidos que autorice una investigación imparcial e independiente por parte de los mecanismos pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos, acerca de la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad en su Base Naval en Guantánamo.

2.- Pide además al Gobierno de los Estados Unidos que, a tales efectos, autorice a la Presidenta Relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, al Relator Especial sobre la Tortura, al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y al Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, a visitar los Centros de Detención que han sido establecidos en dicha Base.

3.- Solicita a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que prepare y presente al 62 período de sesiones de la Comisión, un informe sobre la situación de las personas detenidas en la Base de Estados Unidos en Guantánamo, basado en los resultados de las pesquisas que realizarán en ella los representantes de los procedimientos especiales antes mencionados.

4.- Decide continuar la consideración de este asunto en el venidero período de sesiones de la Comisión.

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NACIONES
UNIDAS
Consejo Económico y Social

Distr.
LIMITADA
E/CN.4/2005/L.6
4 de abril de 2005
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
61º período de sesiones
Tema 5 del programa

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y
SU APLICACIÓN A LOS PUEBLOS SOMETIDOS A DOMINACIÓN
COLONIAL O EXTRANJERA O A OCUPACIÓN EXTRANJERA

Argelia, Bangladesh*, Burundi*, Camerún*, Congo, Côte d'Ivoire*, Cuba, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Federación Rusa, Guinea, Jamahiriya Árabe Libia*, Qatar, Madagascar*, Mauritania, República Democrática del Congo*, República Popular Democrática de Corea*, República Unida de Tanzanía*, República Árabe Siria, Sudán, Swazilandia, Togo, Túnez*, Uganda*, Viet Nam*, Zambia*, Zimbabwe: proyecto de resolución

2005/... Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos
                humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos
                a la libre determinación

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando todas sus resoluciones pertinentes en las que, entre otras cosas, condena a todos los Estados que permiten o toleran el reclutamiento, la financiación, el entrenamiento, la concentración, el tránsito y la utilización de mercenarios con el objeto de derrocar a los gobiernos de Estados Miembros de las Naciones Unidas, especialmente de países en desarrollo, o de luchar contra movimientos de liberación nacional, y recordando también las resoluciones e instrumentos internacionales pertinentes aprobados por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Organización de la Unidad Africana, entre otros la Convención de la Organización de la Unidad Africana sobre la eliminación del mercenarismo en África, así como por la Unión Africana,

Reafirmando los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas relativos a la estricta observancia de los principios de la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los Estados, la libre determinación de los pueblos, la no utilización de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la no injerencia en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados,

Reafirmando también que, en virtud del principio de la libre determinación, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente su condición política y de procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural,

Reafirmando además la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,

Alarmada y preocupada por el peligro que las actividades de mercenarios representan para la paz y la seguridad de los países en desarrollo, en particular en África y en los Estados pequeños,

Profundamente preocupada por la pérdida de vidas, los graves daños materiales y los efectos negativos en las políticas y la economía de los países afectados que provocan las actividades criminales internacionales de los mercenarios,

Sumamente alarmada y preocupada por las recientes actividades de mercenarios en África y la amenaza que entrañan para la integridad y el respeto del orden constitucional de esos países,

Convencida de que los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos, cualquiera que sea la forma en que sean utilizados o que adopten para tener una apariencia de legitimidad, son una amenaza para la paz, la seguridad y la libre determinación de los pueblos y un obstáculo para que los pueblos gocen de los derechos humanos,

  1. Toma nota del informe de la Sra. Shaista Shameem, Relatora Especial sobre el empleo de mercenarios como medio de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación (E/CN.4/2005/14) y encomia su valioso trabajo en el desempeño de su mandato;

  2. Reafirma que la utilización, el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de mercenarios son motivo de profunda preocupación para todos los Estados y violan los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

  3. Reconoce que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras Potencias, entre otras cosas, fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial;

  4. Insta una vez más a todos los Estados a que adopten las medidas necesarias y ejerzan el máximo de vigilancia contra la amenaza que entrañan las actividades de mercenarios y a que adopten las medidas legislativas necesarias para impedir que su territorio y los otros territorios bajo su control, así como sus nacionales, sean utilizados en el reclutamiento, la concentración, la financiación, el entrenamiento y el tránsito de mercenarios con el fin de planificar actividades encaminadas a obstaculizar el derecho a la libre determinación, derrocar el gobierno de un Estado o desmembrar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que actúan en consonancia con el derecho a la libre determinación de los pueblos;

  5. Pide a todos los Estados que ejerzan el máximo de vigilancia contra todo tipo de reclutamiento, entrenamiento, contratación o financiación de mercenarios por empresas privadas que ofertan servicios internacionales de asesoría y seguridad militares, y que prohíban expresamente que tales empresas intervengan en conflictos o acciones armados para desestabilizar a los regímenes constitucionales;

  6. Exhorta a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que estudien la posibilidad de tomar las medidas necesarias para firmar o ratificar la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios;

  7. Celebra la cooperación de los países que ha visitado la Relatora Especial y el hecho de que algunos Estados hayan aprobado una legislación nacional que limita el reclutamiento, la concentración, la financiación, el entrenamiento y el tránsito de mercenarios;

  8. Invita a los Estados a investigar la posible participación de mercenarios en los actos criminales de índole terrorista cuando y dondequiera se produzcan;

  9. Condena las recientes actividades de mercenarios en África y la amenaza que entrañan para la integridad y el respeto del orden constitucional de esos países y para el ejercicio del derecho a la libre determinación de sus pueblos y alaba a los gobiernos africanos que han contribuido a frustrar esa acción ilegal;

  10. Pide a la comunidad internacional que, de conformidad con sus obligaciones dimanantes del derecho internacional, coopere y facilite ayuda para el enjuiciamiento de los acusados de realizar actividades mercenarias, en procesos transparentes, francos e imparciales;

  11. Decide poner fin al mandato de la Relatora Especial sobre el empleo de mercenarios como medio de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación y establecer un grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, integrado por cinco expertos independientes, uno de cada grupo regional, durante un período de tres años;

  12. Pide al grupo de trabajo que se reúna durante cinco días laborables antes del próximo período de sesiones de la Comisión en cumplimiento del siguiente mandato:

  a) Elaborar y presentar propuestas concretas sobre nuevas normas posibles, directrices generales o principios básicos que promuevan el aumento de la protección de los derechos humanos, en particular el derecho de los pueblos a la libre determinación, cuando hacen frente a las amenazas actuales y nuevas que suponen los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos;
  b) Recabar opiniones y contribuciones de los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre las cuestiones relativas a su mandato;
  c) Vigilar a los mercenarios y a las actividades relacionadas con ellos en todas sus formas y manifestaciones en distintas partes del mundo;
  d) Estudiar y determinar las cuestiones, manifestaciones y tendencias que están surgiendo con respecto a los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos y sus repercusiones sobre los derechos humanos, en particular sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación;
  e) Vigilar y estudiar las repercusiones de las actividades de las empresas privadas que ofertan en el mercado internacional servicios de asistencia, asesoría y seguridad militares sobre el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho de los pueblos a la libre determinación, y preparar un proyecto de principios básicos internacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en sus actividades;

  13. Pide también al grupo de trabajo que continúe la labor ya realizada por los relatores especiales anteriores sobre el fortalecimiento del marco jurídico internacional para la prevención y la sanción del reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, teniendo en cuenta la propuesta de una nueva definición jurídica del mercenario elaborada por el Sr. Enrique Bernales Ballesteros, que figura en el párrafo 47 de su informe a la Comisión en su 60º período de sesiones (E/CN.4/2004/15);

  14. Pide además al grupo de trabajo que presente un informe anual a la Comisión y a la Asamblea General sobre los progresos realizados en el cumplimiento de su mandato;

  15. Expresa su agradecimiento a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por convocar la tercera reunión de expertos en las formas tradicionales y modernas de las actividades de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, y toma nota del informe de la reunión (E/CN.4/2005/23);

  16. Solicita a la Oficina del Alto Comisionado que, con carácter prioritario, dé a conocer los efectos negativos de las actividades de mercenarios en el derecho de los pueblos a la libre determinación y que, cuando se le solicite y sea necesario, preste servicios de asesoramiento a los Estados en que se realicen;

  17. Solicita al grupo de trabajo que, al desempeñar su mandato, tenga en cuenta que las actividades de mercenarios continúan existiendo en muchas partes del mundo y que asumen nuevas formas, manifestaciones y modalidades y, a este respecto, solicita a sus miembros que presten especial atención a los efectos que tienen en el disfrute de los derechos humanos por todas las personas y todos los pueblos y, en particular, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, las actividades de las empresas privadas que ofertan en el mercado internacional servicios de asistencia, asesoría y seguridad militares;

  18. Insta a todos los Estados a que cooperen plenamente con el grupo de trabajo en el cumplimiento de su mandato;

  19. Solicita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que preste al grupo de trabajo toda la asistencia y el apoyo necesarios para el cumplimiento de su mandato, en particular fomentando la cooperación entre el grupo de trabajo y los otros componentes del sistema de las Naciones Unidas que combaten las actividades relacionadas con los mercenarios;

  20. Solicita al grupo de trabajo que celebre consultas con los Estados y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para dar cumplimiento a la presente resolución y que en su informe a la Comisión en su 62º período de sesiones le presente sus conclusiones sobre la utilización de mercenarios para menoscabar el disfrute de los derechos humanos e impedir el ejercicio de los pueblos del derecho a la libre determinación y que formule recomendaciones concretas al respecto;

  21. Decide examinar en su 62º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa, la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación;

  22. Recomienda al Consejo Económico y Social que adopte el siguiente proyecto de decisión:

"El Consejo Económico y Social, tomando nota de la resolución 2005/... de la Comisión de Derechos Humanos, de ... de abril de 2005, hace suya la decisión de la Comisión de establecer un grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, que estará integrado por cinco expertos independientes, uno de cada grupo regional, y que ha de reunirse entre períodos de sesiones durante un período de tres años, con el siguiente mandato:

  a) Elaborar y presentar propuestas concretas sobre nuevas normas posibles, directrices generales o principios básicos que promuevan el aumento de la protección de los derechos humanos, en particular el derecho de los pueblos a la libre determinación, cuando hacen frente a las amenazas actuales y nuevas que suponen los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos;

  b) Recabar opiniones y contribuciones de los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre las cuestiones relativas a su mandato;

  c) Vigilar a los mercenarios y a las actividades relacionadas con ellos en todas sus formas y manifestaciones en distintas partes del mundo;

  d) Estudiar y determinar las cuestiones, manifestaciones y tendencias que están surgiendo con respecto a los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos y sus repercusiones sobre los derechos humanos, en particular sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación;

  e) Vigilar y estudiar las repercusiones de las actividades de las empresas privadas que ofertan en el mercado internacional servicios de asistencia, asesoría y seguridad militares, sobre el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho de los pueblos a la libre determinación, y preparar un proyecto de principios básicos internacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en sus actividades;

El Consejo también hace suya la solicitud de que el grupo de trabajo presente informes anualmente a la Comisión y a la Asamblea General."


* De conformidad con el párrafo 3 del artículo 69 del Reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social.

GE.05-11943 (S) 060405 060405

VOTACIÓN POR PAÍSES

A FAVOR (21): Armenia, Australia, Canada, Costa Rica, Finland, France, Germany, Guatemala, Honduras, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Mexico, the Netherlands, Romania, Saudi Arabia, South Korea, the Ukraine, the United Kingdom, United States,

EN CONTRA (17): China, Congo, Cuba, Egypt, Ethiopia, Eritrea, Guinea, India, Indonesia, Kenya, Malaysia, Nigeria, Qatar, Russia, South Africa, Sudan, Zimbabwe.

ABSTENCIONES (15): Argentina, Brazil, Burkina Faso, Bhutan, Ecuador, Gabon, Mauritania, Nepal, Pakistan, Peru, the Dominican Republic, Sri Lanka, Swaziland, Togo, Paraguay.
 

(Minrex)