Denuncia de la Mesa Redonda ante la opinión pública, mediante la exposición de pruebas contundentes

Alberto Núñez y Pedro de la Hoz
alberto.enb@granma.cip.cu
pedro.hg@granma.cip.cu

La conexión entre la fundación Rescate Jurídico, inscrita en el Registro de Corporaciones del Estado de la Florida, una conocida cabecilla contrarrevolucionaria y el Jefe y otros funcionarios de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, evidenció los viscerales vínculos entre elementos terroristas cobijados en Miami, mercenarios proanexionistas residentes en la Isla y autoridades del Gobierno de EE.UU.

Tan entrañables relaciones, encaminadas a cumplir con la obsesión imperial de destruir a la nación cubana, fueron denunciadas ante la opinión pública, mediante la exposición de pruebas contundentes, por los panelistas que intervinieron este lunes en la Mesa Redonda de la radio y la televisión, conducida por su moderador, el periodista Randy Alonso Falcón.

El hilo conductor de la infamante trama salió a la luz durante una comparecencia, ante la prensa extranjera, de Marta Beatriz Roque Cabello, conocida por su actividad subversiva al servicio de las autoridades de EE.UU., en la que agradeció el sustento recibido por parte de diversas organizaciones norteamericanas.

Entre estas últimas llamó la atención una entidad hasta entonces escasamente publicitada en tales menesteres: la fundación Rescate Jurídico. Una indagación periodística dada a conocer por Lázaro Barredo Medina, director de Granma, reveló que Rescate Jurídico Inc. figuraba en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado de la Florida como "organización sin fines de lucro". Al frente de esta, Santiago Álvarez Fernández Magriñat.

Facsímil del registro de la Fundación, ante la Dirección de Corporaciones del Departamento de Estado de la Florida.

Dato elocuente, su fecha de inscripción: 24 de junio del 2005. Un mes después de la detención de Luis Posada Carriles en territorio norteamericano, y a un mes y medio de que Fidel denunciara que Álvarez Fernández Magriñat introdujera subrepticiamente al autor del Crimen de Barbados en EE.UU., a bordo del buque Santrina adscrita a otra de sus fundaciones, la titulada Caribe.

Otra precisión: el documento de inscripción de Rescate Jurídico Inc. certifica que una parte sustancial de sus fondos provienen de aportes gubernamentales.

Barredo recordó cómo ha sido práctica habitual de la actividad contrarrevolucionaria alentada por sucesivas administraciones norteamericanas la utilización de agencias, fundaciones, corporaciones y empresas como fachadas para la canalización de recursos destinados a la subversión.

Ejemplos de este proceder se tienen en el papel desempeñado por la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y la NED (Fundación Nacional para la Democracia), que entre 1993 y 1999 llevaron a cabo, respectivamente, más de 300 y 60 operaciones de financiamiento a grupos y proyectos anticubanos.

PRUEBAS LEGALES DE UNA SÓRDIDA RELACIÓN

En una entrevista concedida especialmente a la Mesa Redonda, el coronel Adalberto Rabeiro, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales y Operaciones del Ministerio del Interior, dio a conocer detalles sobre las pesquisas que llevaron a establecer de manera inequívoca el vínculo entre Rescate Jurídico y la ciudadana Marta Beatriz Roque Cabello y la mediación de los diplomáticos norteamericanos acreditados en La Habana, encabezados por el jefe de la Sección de Intereses (SINA), Michael Parmly, quien de hecho se ha convertido en una vulgar "mula" (término que califica a los que llevan y traen dinero entre EE.UU. y Cuba).

Luego de saberse por diversas vías, incluidas las declaraciones públicas de la Roque Cabello, cómo la fundación de Álvarez Fernández Magriñat se había relacionado con la fiel servidora de la SINA, y ante la gravedad del asunto, el MININT decidió activar un proceso investigativo destinado a verificar rigurosamente el carácter y la naturaleza de esa conexión.

El plan de medidas obedeció a la necesidad de documentar legalmente los pormenores de una actividad peligrosa en grado sumo, que atenta contra la seguridad nacional, el orden interno y la estabilidad de la sociedad cubana, al estar involucrado en ella un individuo como Álvarez Fernández Magriñat, connotado terrorista apresado y juzgado por las propias autoridades norteamericanas.

En el expediente de este terrorista, circulado con alerta roja por la INTERPOL, figuran hechos criminales como su vinculación al grupo que organizó el atentado contra la vida de Fidel que debió efectuarse en el paraninfo de la Universidad de Panamá en el 2000 y la preparación, financiamiento e introducción de un team de terroristas en el norte de la provincia de Villa Clara que tenía como misión sabotear instalaciones turísticas cubanas en acciones que implicaban cuantiosas pérdidas de vidas humanas.

Las investigaciones comprobaron la absoluta veracidad de los vínculos entre Álvarez Fernández Magriñat y Marta Beatriz Roque, consistentes en abastecimiento financiero frecuente y regular, y la participación de personal diplomático de la SINA, incluyendo a su Jefe, como emisarios en esas transacciones.

Desde el punto de vista pericial se compilaron evidencias tales como los mensajes por vía del correo electrónico entre la cabecilla contrarrevolucionaria y el terrorista, obtenidas mediante el peritaje criminalístico forense informático, testimonios gráficos de la frecuente presencia de aquella en el cibercafé del hotel Comodoro, desde donde establecía contactos con su financista, y el registro de huellas dactiloscópicas, todo lo cual resultan pruebas irrefutables de la identidad de la Roque Cabello como comisora de tales acciones, del contenido de dichas comunicaciones y el comprometimiento de la SINA.

Como parte del proceso de investigación, filmación de Martha Beatríz Roque Cabello en el cibercafé del hotel Comodoro.

De igual modo quedó demostrada la pertinencia legal de la indagación, aún abierta, amparada no solo por la legislación cubana vigente sino también por los convenios internacionales de lucha contra el terrorismo de los cuales nuestro Estado es signatario.

CIA, POSADA, ÁLVAREZ: MARIDAJE PERVERSO

El pueblo cubano vibró de indignación hace algún tiempo cuando escuchó de viva voz a Álvarez Fernández Magriñat orientar a uno de sus agentes infiltrados en abril del 2001 que dinamitara el cabaret Tropicana: "Dos laticas (de explosivos) y aquello se acaba", dijo entonces con insensibilidad criminal el terrorista. Esa grabación se reprodujo nuevamente ayer en la Mesa Redonda, para ilustrar la comparecencia del doctor Manuel Hevia, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, quien trazó un perfil del "benefactor" de Posada Carriles.

Inspirado en los ejemplos de su abuelo —el tristemente célebre sicario que ultimó a traición en 1929 a Julio Antonio Mella en México— y su padre —esbirro de la tiranía batistiana y fundador del grupo terrorista Comandos L, creado por la CIA—, Álvarez Fernández Magriñat fue reclutado por la CIA en los tempranos sesenta, e intervino en diversas acciones subversivas contra la Isla, y blasonó de contarse entre los autores de uno de las más repugnantes: el ametrallamiento el 12 de octubre de 1971 del caserío costero de Boca de Samá, al norte del territorio oriental, en el que dos adolescentes fueron heridas y una de ellas sufrió la mutilación de una pierna. De esta época data su relación con Posada carriles, acrecentada por el tiempo y la sevicia.

Hacia mediados de los noventa reaparece en la escena floridana. Si bien, aunque anduvo inmerso en los preparativos, no pudo participar en el atentado de Panamá, emergió como uno de los padrinos del equipo terrorista luego de que fueran arrestados. Numerosos testimonios audiovisuales lo sitúan como visitante asiduo de sus compinches en prisión y apenas se ocultó a la hora de presionar y chantajear a determinadas autoridades istmeñas a fin de facilitar la fuga y de conseguir finalmente el indulto presidencial por parte de la entonces mandataria Mireya Moscoso, operación en la que se invirtieron nada menos que cuatro millones de dólares.

Como se sabe, Álvarez Fernández Magriñat llevó a Posada a EE.UU., y dedicó sus mayores empeños para que este quedara libre de las ya de por sí menguadas demandas administrativas y judiciales.

El FBI operó contra este individuo en el 2006 y la Fiscalía lo instruyó de seis cargos por tenencia ilegal de un cuantioso alijo de armas, explosivos y pertrechos de guerra. Cínicamente dijo a una televisora de Miami en el momento de su detención: "Confío en la justicia de este país". Tenía razón: entre las recurrentes idas, vueltas y revueltas de un sistema judicial que en la Florida obedece a los intereses de los más altos estratos de poder de la nación y la mafia anticubana, el terrorista se escurrió de la sanción que le hubiera correspondido si el rigor de la Ley Patriota cayese sobre él, con solo 16 meses de retención. Y en otro orden, al juzgársele por obstruir la justicia en el caso de los procedimientos sobre Posada Carriles, libró con 10 meses, dos años de libertad supervisada y la irrisoria multa de 2 000 dólares.

Mientras esto ocurría, el reo Álvarez Fernández Magriñat inventaba (o le inventaban) Rescate Jurídico y su perversa conexión con Roque Cabello y la SINA.

TROPELÍAS COMPROBADAS

Reinaldo Taladrid apuntó que un buen número de armas ocupadas, entre ellas ametralladoras AK, a Santiago Álvarez Fernández Magriñat, para asesinar al Jefe de Estado cubano fueron compradas en una Feria de Miami, nada más y nada menos que en el stand de la Policía.

El panelista añadió que nuestro Gobierno, con toda la razón del mundo, inició una investigación al amparo de tres disposiciones legales: la Ley de Procedimiento Penal de Cuba, el Decreto 199 sobre la Seguridad Informática y las Convenciones existentes contra el terrorismo, de las cuales somos signatarios.

Explicó algunos artículos de esos documentos que expresan claramente cómo comete delito quien propicia la entrega o venta de armas a sabiendas de que serán utilizadas para actos criminales, dañar a personas, intimidar a poblaciones...

En correspondencia, señaló, que cada Estado tiene el derecho de adoptar las medidas necesarias para asegurar que esos hechos terroristas no puedan justificarse ni llevarse a efecto bajo ninguna circunstancia.

Muy contrario a nuestro proceder, las autoridades estadounidenses actúan sin contemplar las normas legales cuando dicen llevar adelante su lucha contra el terrorismo.

DINERO Y MÁS DINERO

Taladrid expuso los intercambios de correos electrónicos entre Marta Beatriz Roque Cabello y Mayra Cardín, radicada en la Florida y miembro de la titulada Junta Patriótica Cubana, muy cercana al connotado asesino Luis Posada Carriles.

En todos estos mensajes el común denominador es la petición de dinero por parte de la empleada del imperio en Cuba, y la promesa de sus superiores de enviarle una especie de salario fijo de 1 500 dólares, además de suficiente ayuda material para lograr sus fines de subversión en nuestro territorio.

Respuestas de agradecimiento y la solicitud de más dinero realizó Marta Beatriz a su sobrino político Juan Carlos Fuentes Amaya (esposo de María de los Ángeles Falcón Cabello, sobrina carnal), y también a Carmen Machado, coordinadora financiera de una institución médica ubicada en Miami, la cual evidentemente más que de asuntos de salud se ocupa de garantizar el monto para operaciones terroristas.

Comprobado está que esa persona más allá de su siniestro cargo es estrecha colaboradora y amante de Santiago Álvarez Fernández Magriñat.

Durante la Mesa Redonda se conoció que en uno de los correos cuyo remitente fue Juan Carlos Fuentes, este, cumpliendo órdenes evidentemente, le pide a Marta Beatriz la confirmación para impulsar la nominación a Premio Nobel de la Paz a las llamadas damas de blanco.

A partir de un mensaje fechado el 10 de febrero del 2007 comienza a utilizarse un lenguaje basado en códigos cuando se refieren a Santiago, a quien llaman entonces "el amigo"; de igual modo también se enmascaran las palabras a la hora de mencionar las sumas de dinero.

Por este tiempo se incorpora a la conspiración electrónica otro personaje femenino, María Teresa Cue, secretaria personal de Álvarez Fernández Magriñat.

Para revelar la impunidad con que se tratan las sucesivas agresiones desde Estados Unidos hacia nuestro país, los panelistas se preguntaron: ¿Cómo puede una persona, que está cumpliendo prisión por tenencia de armas y pruebas contundentes de participación en actos criminales (aunque no lo reconozcan así las autoridades norteamericanas), maniobrar libremente y disponer el envío de finanzas a sus asalariados en Cuba?

Al analizar la madeja de correos electrónicos, Lázaro Barredo subrayó que resulta indiscutible la participación de diplomáticos de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, SINA, los vínculos de Marta Beatriz con los terroristas y el dinero como móvil permanente de cada acción a acometer.

En uno de los mensajes sale a relucir, aunque sea en clave, la ayuda inestimable de Michael Parmly, jefe de la SINA, quien justamente se encuentra ahora en Estados Unidos con la finalidad de recoger una partida de dinero para sus empleados aquí.

La rica contribución de este hombre a la contrarrevolución incluye, abrirles las puertas de la Oficina a los apátridas para que redacten sus sentidos textos.

Barredo agregó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no ha querido chequear la correspondencia ni los nexos personales de Álvarez Fernández Magriñat desde la prisión, a pesar de que resulta evidente que su privación de libertad se relaciona con la violencia.

Luego de mostrarse un video tomado el sábado 12 de enero, en el cual aparece Marta Beatriz Roque Cabello en el cibercafé del hotel Comodoro, para transmitir sus correos electrónicos, el panelista argumentó que nadie podría discutir que se trata de esa persona, pues el minucioso proceso de investigación incluyó la toma de huellas dactilares en el vaso y la máquina computadora utilizados por la contrarrevolucionaria.

Al cierre de la Mesa Redonda se anunció que este martes continuarán las revelaciones sobre la escandalosa conexión terroristas-mercenarios-gobierno de Estados Unidos.

Granma 20-05-2008